Autoridades de los tres niveles de Gobierno se reunieron en sesión de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, donde se revisaron los principales temas de procuración de justicia, en materia de combate a la impunidad en Chihuahua.

El encuentro fue encabezado por el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, como parte del seguimiento a la estrategia para reducir los índices delictivos en la entidad.

Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que durante sus primeros 15 días al frente de la institución se obtuvieron 360 órdenes de aprehensión.

En el mismo periodo, se reportó la detención de 641 personas y la judicialización de 832 carpetas de investigación, cifras derivadas del trabajo conjunto con autoridades federales para avanzar en los procesos judiciales.

A la reunión también acudieron el general Gaudencio Ramos, jefe de Coordinación Policial Chihuahua de la Guardia Nacional; el general Alejandro Gómez, comandante de la 42/a Zona Militar y Luis Ángel Aguirre, secretario de Seguridad Pública Estatal.

Además de Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Mayra Chávez, delegada de Programas para el Bienestar. De manera virtual participaron el general Felipe González, comandante de la 5/a Zona Militar y Andrea Guzmán, en representación de la Delegación de la Fiscalía General de la República en Chihuahua.

Panistas de la capital se reunieron para trabajar juntos y en pro de la unidad junto con el Coordinador de Patria, familia y libertad, Marco Bonilla y hacer un llamado a cada militante del partido con la finalidad de fortalecer un gran equipo y estructura interna que logre el triunfo.

Convocados por Marco Bonilla los liderazgos escucharon e hicieron eco para preservar la unidad partidista y los valores que distinguen a Acción Nacional y demostrar una vez más la fuerza de los Bárbaros del Norte.

Cada uno de los liderazgos presentes, expresó su sentir, pero también dejó claro que están apostados y trabajando desde sus trincheras para continuar defendiendo los gobiernos humanistas.

Dispararon armas de fuego en contra de un masculino en la colonia Real de Minas

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de 25 años de prisión, dictada en contra de Daniel Alberto O. O., Eduardo Isidoro M. M., Manuel Alejandro F. C., y Ángel Dwayne G. Q., por el delito de homicidio calificado.

En el Juicio Oral 204/2025, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, demostró la responsabilidad penal de los acusados, logrando que el Tribunal de Enjuiciamiento, dictara fallo condenatorio.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 23 de diciembre de 2024, los ahora sentenciaos, acudieron a un domicilio de la calle Mina de Loreto, en la colonia Real de Minas, en donde dispararon con armas de fuego calibre .9mm, en contra de la víctima de iniciales C.R.M.B., privándolo de la vida.

Huyeron a bordo de dos vehículos y fueron detenidos en los términos de la flagrancia por oficiales de la Policía Municipal, en posesión de las armas de fuego utilizadas para cometer el crimen.

Fueron vinculados a proceso, y enfrentaron su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El Órgano jurisdiccional dictó el fallo condenatorio en contra de Daniel Alberto O. O., Eduardo Isidoro M. M., Manuel Alejandro F. C., y Ángel Dwayne G. Q., quienes este jueves 22 de octubre, conocieron la sentencia que purgarán en prisión, así como el pago que tendrán que hacer de la reparación del daño por la cantidad de 549 mil 364.20 pesos.

El trabajo de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de sus agentes, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otras más sean sometidas a ella, respetando en todo momento el debido proceso.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).