Autoridades indican que no por la llamada Operación Zafiro, que denunció el actual mandatario Javier Corral y que consistió en la supuesta utilización de recursos públicos en las campañas del PRI en 2015.

Tres semanas después de ubicarlo en Nuevo México en marzo, las autoridades mexicanas solicitaron a Estados Unidos la extradición de César Duarte para ser juzgado por un quebranto de 96 millones de pesos a la Hacienda estatal y no por la llamada Operación Zafiro, que denunció el actual mandatario Javier Corral y que consistió en la supuesta utilización de recursos públicos en las campañas del PRI en 2015, por lo que no enfrentará por ahora esa imputación.

De acuerdo con la solicitud de extradición del gobierno mexicano, en poder de MILENIO, el ex priista es acusado de peculado y delincuencia organizada, por el desvío de 96 millones 685 mil 253 pesos, para favorecer a sus empresas en la adquisición de vaquillas, equipo de inseminación artificial, transporte y avena para su ganado y la compra frijol y maíz para sus productores.

El documento, con el número de folio 20MR644 con fecha del 24 de abril de este año y firmado por el juez John F. Robbenhaar, fue emitido 22 días después de conocer por un informante el supuesto paradero de Duarte en un rancho en Nuevo México y de confirmar ahí la presencia de uno de sus acompañantes.

Las autoridades nacionales registraron al menos 11 movimientos por un total de 96 millones, 685 mil 253 pesos a dos compañías: Unión Ganadera, División General Regional del Norte del Estado de Chihuahua (Unión Ganadera) y Financiera de la División del Norte, Sofom, ENR (Financiera), de las cuales Duarte era accionista mayoritario y, en algunos momentos, presidente del consejo de administración de ambas compañías.

El documento señala que, de acuerdo con varios testigos, los pagos fueron hechos con contratos fraudulentos ejecutados bajo las instrucciones de Duarte directamente y a través de otras personas, En la solicitud de extradición se detalla que las autoridades mexicanas “descubrieron irregularidades significativas en los programas estatales de subsidios y préstamos” para apoyar a ganaderos de Chihuahua y que un Análisis Financiero de Expertos “rastreó el dinero en cuentas bancarias, propiedades y compañías relacionadas con Duarte o sus asociados”.

Después de enumerar los movimientos, el fiscal refiere que según testigos, “después de las elecciones para gobernador —que ganó el panista Javier Corral—, Duarte le dijo al Secretario del Tesoro que estaba preocupado por el uso irregular de fondos públicos durante su administración e indicó su intención de hacer que las transacciones relevantes parecieran legales “para que no fueran descubiertas por la administración entrante”, por lo que instruyó a “tomar todas las medidas necesarias para ocultar las irregularidades en el ejercicio de fondos públicos”.

Se justificó la jurisdicción del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Nuevo México con el testimonio de una fuente confidencial que les dijo que el 31 de marzo de 2020, Duarte se encontraba en un rancho localizado en el Condado de Torrance en Estancia Nuevo México, lo que el 2 de abril de 2020 fue comprobado por un oficial de deportación del Departamento de Patria, Seguridad, Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en una operación de cumplimiento y expulsión. Sin embargo, la solicitud de extradición finaliza: “Duarte probablemente huiría si supiera de la existencia de una orden de arresto”, lo que finalmente ocurrió. Entre quienes operaron para Duarte se incluye a Carlos Gerardo Hermosillo, hijo de un amigo de la infancia y de quien asumió su cuidado cuando murió su amigo entre los 16 y 18 años.

Duarte colocó a Hermosillo en múltiples posiciones en su gobierno incluido el Consejo de Promoción de Actividades Productivas y como director general de Administración dentro de la Secretaría del Tesoro, el joven también sirvió como oficial y socio de Financiera y representante legal de Unión Ganadera. En la relatoría de hechos se identifica a Hermosillo como “perpetrador del peculado de Duarte”, junto con otros altos oficiales del gobierno estatal, incluido su tesorero, el director general de Programas Públicos de Inversión, el secretario de Desarrollo Rural, el director de Desarrollo y Agricultura y el secretario de Planeación Rural, quienes aprobaron el pago de fondos sin seguir los procedimientos requeridos por la ley mexicana, sin la documentación completa, sin la justificación y sin los requisitos para dar seguimiento y asegurarse de que los fondos fueron usados para los propósitos estipulados.

Se sostiene que en algunos casos fueron cobrados indebidamente del fondo de emergencia del estado para que el dinero pudiera cobrarse rápidamente y sin la documentación que lo justificara. En la petición de extradición se sostiene que de acuerdo con autoridades mexicanas, el dinero fue transferido de la Tesorería a Unión Ganadera y Financiera bajo contratos y para compras inmobiliarias no asignadas.

Se cita un análisis de expertos en finanzas que trazaron las cuentas de bancos, propiedades y compañías vinculadas con Duarte y sus socios y agrega que de acuerdo con testigos, el ex gobernador, Hermosillo y Guadalupe Medina Aragón, eran los únicos que controlaban los recursos de las compañías y sabían de su distribución. La solicitud de extradición detalla en siete hojas los supuestos 11 pagos irregulares realizados por distintos entes del gobierno de Chihuahua por orden de Duarte que fueron a parar no solo a sus empresas, incluso se utilizó para pagar una tarjeta American Express de su esposa por 43 mil pesos y 19 mil pesos al capataz del rancho El Milagro, propiedad del ex gobernador, citando un reporte de expertos.

Con información de MILENIO