NACIONAL
Human Rights Watch pide al Gobierno de México garantizar el aborto en todo el país
La organización Human Rights Watch (HRW) exhortó al Gobierno de México a eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal, y a erradicar las barreras legales y sociales que obstruyen el acceso a la interrupción segura del embarazo en todo el país.
Con el foco en el Estado de México, el más poblado del país y donde el aborto sigue prohibido en el Código Penal estatal, salvo excepciones, HRW documentó que las autoridades y proveedores de salud no garantizan el acceso, “incluso en los casos comprendidos bajo las causales establecidas en la legislación local”.
Así, la organización recordó que el Congreso de la Unión tenía como plazo límite el término del 2023 para “eliminar la prohibición del aborto del Código Penal Federal, de acuerdo con el Amparo 267/2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de septiembre” pasado.
Hasta ahora, 15 estados han despenalizado el aborto como decisión voluntaria antes de la semana 12 (y en Sinaloa, 13), en sintonía con la reciente sentencia de la Corte que determinó que prohibir la interrupción del embarazo viola los derechos a la dignidad humana, autonomía reproductiva, salud e igualdad, entre otros.
No obstante, “el aborto se encuentra criminalizado en todos los códigos penales (1 federal y 32 estatales), pero en cada estado existen ciertas causales en donde no se penaliza”, recapitula el informe de 49 páginas, ‘Navegando obstáculos: Acceso al Aborto en el Estado de México’.
Entre estas excepciones, la única reconocida en todos los códigos penales es el aborto por violación, pero las dificultades para acceder a este servicio en el Estado de México persisten, según registró HRW.
Los obstáculos “incluyen proveedores de atención de la salud que niegan o postergan servicios, no transmiten información necesaria, cuestionan la veracidad de las declaraciones de las sobrevivientes de violencia sexual, maltratan a las mujeres, e imponen requisitos arbitrarios que contradicen las leyes y reglamentaciones vigentes”.
“Delito borra delito”
El informe rescata el caso de Ana, quien quedó embarazada tras una violación e intentó abortar en un hospital público del Estado de México, donde, según contó a HRW, “la primera vez que intentó obtener un aborto, un médico le informó que no prestaban este servicio”.
Posteriormente, Ana accedió a un aborto con medicamentos en la vecina Ciudad de México, al igual que más de 72 mil personas que desde 2007 se han visto forzadas a desplazarse a la capital para interrumpir el embarazo, tal como documentó HRW.
“Cuando Ana acudió a la Fiscalía para denunciar el hecho de violencia sexual, le dijeron que no podía denunciarlo ‘porque se había hecho un aborto y eso es un delito, y un delito borra otro delito’”, expuso la ONG, que encontró “otros casos de mujeres que refirieron una retórica similar en la Fiscalía”.
Asimismo, la organización advirtió que “el temor a la criminalización también disuade al personal de salud de prestar servicios de aborto y a las personas de buscar dichos servicios”.
La criminalización se refleja en las 740 investigaciones penales iniciadas por el delito de aborto en la Fiscalía del Estado de México, entre enero de 2018 y marzo de 2023, pese a que los jueces no pueden condenar abortos en la etapa temprana del embarazo, según dictaminó la SCJN en 2021.
Pendientes urgentes
HRW también documentó casos de menores de edad y personas con discapacidad que fueron condicionadas a entregar una autorización parental o interdicción para acceder al servicio, aunque la ley tampoco lo estipula.
Además, la ONG destacó que hasta junio de 2024, las instituciones de salud federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no ofrecían abortos en el Estado de México, pese a estar obligadas por la sentencia de la Corte de 2023.
“La falta de profesionales disponibles para la atención del aborto debido a la escasez de personal y la objeción de conciencia también provoca demoras en la atención del aborto en situaciones en las que el tiempo es un factor crucial, contraviniendo así las normas internacionales de derechos humanos”, advirtió la organización.
Con información de EFE
NACIONAL
Sheinbaum insiste en contradicciones de EE.UU. en detención de ‘el Mayo’
La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que persisten contradicciones sobre la captura del narcotraficante Ismael ‘el Mayo’ Zambada en julio de 2024 y sostuvo que la principal preocupación de su Gobierno es determinar si hubo una violación a la soberanía nacional durante la operación que terminó con la captura del líder del Cartel de Sinaloa en EE.UU.
Las declaraciones responden a los recientes comentarios del exembajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien reiteró que la detención de Zambada no fue una operación del Gobierno de Washington y que ni el avión ni el piloto pertenecían a autoridades estadounidenses.
“Lo que no explica es cómo es que el propio FBI presenta el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI. Esa es la contradicción”, afirmó Sheinbaum.
La mandataria recordó que Salazar mantiene la misma versión que ofreció tras la captura del capo, pero cuestionó nueva información conocida recientemente.
Sheinbaum aseguró que el tema trasciende la captura del fundador del Cártel de Sinaloa y se centra en el respeto a la soberanía mexicana.
“Pero el asunto aquí es si hubo una violación a la soberanía. Porque repito, el fin no justifica los medios. Por supuesto que este capo de la droga, este líder del Cartel de Sinaloa, pues qué bueno que está detenido. Aquí tenía orden de aprehensión. Pero el asunto es si hubo una violación a la soberanía en esa detención”, sostuvo.
La presidenta afirmó además que su Gobierno considera que existió “omisión, mentira por parte del exembajador” y explicó que solicitó a la Fiscalía General de la República incorporar esos elementos a la investigación abierta sobre el caso.
También, argumentó que la controversia no solo involucra un eventual incumplimiento de normas internacionales, sino las consecuencias que tuvo la captura en Sinaloa.
“Porque no solamente es la violación a la soberanía, sino lo que ocurrió posteriormente en Sinaloa al provocar un conflicto interno en un grupo delictivo por ellos”, dijo.
Por su parte, el canciller Roberto Velasco comparó el caso con el del médico mexicano Humberto Álvarez Machaín, trasladado a Estados Unidos tras ser secuestrado en México en la década de 1990.
“Porque de por medio estaba la soberanía de México, independientemente de los delitos de los que se acusaba al doctor Álvarez Machaín”, afirmó, al defender que la discusión actual debe distinguir entre el combate al crimen organizado y la defensa de la soberanía nacional.
La polémica se reavivó esta semana después de que se conociera que el FBI donó a un museo estadounidense la avioneta en la que aterrizó Zambada en Estados Unidos.
Mientras Salazar sostiene que Washington no participó en la operación, la Fiscalía mexicana mantiene abierta una investigación y ha acusado al exdiplomático de haberse conducido con falsedad al negar una posible implicación de autoridades estadounidenses.
Con información de EFE
NACIONAL
Abaten a presunto cabecilla de ‘Los Chapitos’ y detienen a cuatro presuntos integrantes
Militares mexicanos abatieron a un cabecilla de la organización delictiva ‘Los Chapitos’ en la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, además de arrestar a otras cuatro personas.
En un mensaje en redes sociales este miércoles, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó también del decomiso en el operativo de droga, armas largas y granadas.
El funcionario apuntó que agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) junto a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado desarticularon una célula delictiva de ‘Los Chapitos‘, facción del Cartel de Sinaloa.
Durante la operación, explicó García Harfuch, “el personal militar fue agredido y, al repeler el ataque en defensa de su integridad, perdió la vida Cristhian Guadalupe ‘N’, alias ‘Texas‘, identificado como jefe en Culiacán, relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos”.
Además, dijo, fueron arrestadas otras cuatro personas y en la operación se decomisaron armas largas, granadas, cartuchos, droga, equipo táctico, equipo de radiocomunicación y vehículos.
El pasado lunes, el Gabinete de Seguridad federal informó que al menos diez presuntos delincuentes y un marino murieron tras registrarse dos enfrentamientos armados consecutivos el domingo en los municipios de Mazatlán y El Rosario, en Sinaloa.
Los enfrentamientos se dieron en un contexto de recrudecimiento de los operativos realizados por la Armada y las fuerzas de seguridad nacional en esta región del país para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Sinaloa vive una crisis de violencia desde septiembre de 2024 a causa de la guerra interna del Cartel de Sinaloa, y su gobernador, Rubén Rocha Moya, quien fue acusado por EE.UU. hace unos meses de colaborar con el grupo criminal Los Chapitos, liderado por los hijos del líder detenido Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.
Con información de EFE
NACIONAL
Proveedores denuncian deuda de mil 553 millones de dólares por parte de la estatal Pemex
La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene una deuda de 27 mil 240 millones de pesos con proveedores de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac),organización que denunció “graves irregularidades en el proceso de pagos” por parte de la petrolera.
En una carta dirigida a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, y a los titulares de las secretarías de Hacienda, Energía y Economía, Édgar Amador Zamora, Luz Elena González y Marcelo Ebrard, respectivamente, además del nuevo director de Pemex, Juan Carlos Carpio, la Amespac precisó que se trata de adeudos de 2024, ya que los pagos de los años 2025 y de 2026 han sido “parcialmente cubiertos”.
“Hasta la fecha, siguen sin resolverse adeudos considerables, correspondientes a 2024, tanto de facturas vencidas como estimaciones de trabajos terminados que no han permitido documentarse y facturarse a través del sistema conocido como Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE) de PEMEX”, dijo la asociación integrada por 49 de los principales prestadores de servicios de exploración y extracción de hidrocarburos en México.
La Amespac señaló que “considerando que los adeudos relativos a 2025 y 2026, fueron parcialmente cubiertos” a través del mecanismo ‘Onyx’, instrumentado con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) y la Tesorería de Pemex, “la falta de atención a los adeudos correspondientes a 2024 ha generado gran incertidumbre, afectando muy severamente” la cadena de valor de la industria petrolera nacional y ha comprometido los procesos actuales de producción de hidrocarburos.
Resulta “particularmente preocupante” que, a julio de 2026, los adeudos correspondientes aún al ejercicio 2024 “permanezcan pendientes de regularización”.
La Asociación expuso que, respecto de la mayoría de sus asociados, “el monto asciende a más de 27 mil 240 millones de pesos, equivalente a unos mil 553 millones de dólares”.
La Amespac explicó que la situación obliga a diversas empresas que cotizan en mercados internacionales de valores “a reflejar dichos adeudos en su información financiera, de conformidad con las reglas de la New York Stock Exchange, los U.S. Generally Accepted Accounting Principles, U.S. GAAP, y la normativa emitida por la U.S. Securities and Exchange Commission, SEC”.
Ante tal escenario, la Amespac solicitó la emisión inmediata de los pagos pendientes correspondientes a servicios efectivamente prestados, concluidos y debidamente documentados durante el ejercicio 2024.
Además, la Asociación pidió la conformación de un grupo de trabajo conjunto entre Pemex, las autoridades competentes y representantes de Amespac para revisar, conciliar y regularizar el rezago pendiente.
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