Policías de la Ciudad de México (CDMX) y personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), realizaron un operativo en la alcaldía Iztapalapa en donde fueron aseguradas doce mil cajetillas de cigarros ilegales con un valor de un millón 700 mil 935 pesos.

Por medio de un comunicado este viernes 5 de diciembre de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC CDMX) detalló que esta acción se llevó a cabo en seis locales comerciales de la Central de Abasto (CEDA).

Se informó que derivado de los trabajos coordinados y de inteligencia, policías de la CDMX apoyaron al personal del IMPI en el operativo donde se identificaron seis inmuebles, localizándose cigarros de diferentes marcas que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas sanitarias y aduaneras.

Como resultado del dispositivo para erradicar la venta de productos importados ilegalmente o con características que violan las normas y leyes, se decomisaron un total de 12 mil 11 cajetillas, que representan un total de 401 mil 380 cigarrillos ilegales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detalló que el valor de la mercancía es de un millón 700 mil 935 pesos.

Se indicó que la mercancía decomisada fue asegurada y trasladada bajo custodia de los policías de la SSC, a un inmueble ubicado en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, para su debido resguardo mientras se continúa con las indagatorias correspondientes.

Con información de López-Dóriga Digital

El Senado de la República aprobó en “fast-track” la minuta que crea la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales.

En lo general, la iniciativa se aprobó con 85 votos a favor y 36 en contra. En lo particular se avaló con 82 votos a favor y 34 en contra.

La discusión en el Pleno de la Cámara Alta inició poco después de su aprobación en la Cámara de Diputados. El bloque Morena-PT-PVEM clasificó la minuta como de “urgente resolución” y rechazó la moción suspensiva del PAN que pretendía detener la discusión.

Mientras la oposición acusó una “traición” a los campesinos, Morena sostuvo que la reforma busca garantizar el derecho al agua.

¿Qué es la Ley de Aguas?

La Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992 en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, deriva del artículo 27 constitucional y regula el uso y administración del agua en el país.

La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea un nuevo marco basado en el artículo 4, que reconoce el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano, buscando actualizar la legislación para garantizar su distribución, protección y gestión sostenible acorde con las necesidades actuales.

La reforma también crea el Registro Público de Agua Nacional, un Fondo de Reserva de Aguas para comunidades sin acceso y contempla la cancelación de concesiones acaparadas o sin uso. Además, endurece sanciones por robo de agua y regula obras privadas de captación pluvial que han alterado ciclos hidrológicos.

¿Por qué los campesinos están en contra de esta reforma?

Productores agrícolas, principalmente del norte del país, advirtieron que la eliminación de la transmisión privada de concesiones genera incertidumbre, pues el acceso al agua forma parte del valor de sus tierras.

Aunque Conagua aseguró que herencias y compraventa de predios seguirán permitidas, los agricultores afirman que no existe claridad sobre los nuevos trámites ni sobre cómo se protegerán sus derechos históricos.

Sobre las críticas, Efraín Morales afirmó que la reforma plantea “un profundo cambio en la visión del manejo del agua” y permitirá combatir el mercado negro del recurso. Señaló que algunos grupos “ven afectados intereses favorecidos durante muchos años” y acusó la existencia de una “campaña de desinformación” en su contra.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que quienes rechazan la reforma “tienen muchísimas concesiones de agua”, muchas de ellas sin uso o incluso irregulares, por lo que consideró necesario “poner orden”.

Con información de López-Dóriga Digital.

Durante la sesión de este 3 de diciembre, el diputado federal Tony Meléndez manifestó en tribuna su voto en contra del Dictamen de la nueva Ley General de Aguas, al señalar que la propuesta no cumple con el mandato constitucional de garantizar el derecho humano al agua, y por el contrario, destruye derechos adquiridos y vulnera la seguridad jurídica del sector productivo.

Meléndez explicó que la reforma desplaza el sentido original del artículo 4°, que reconoce el agua como un derecho humano fundamental, para sustituirlo por una visión de control absoluto desde el artículo 27, tratándola únicamente como un bien nacional sujeto a rectoría estatal. “Ese cambio significa que las personas dejan de estar al centro, y su lugar lo ocupa la discrecionalidad del gobierno”, afirmó.

El diputado advirtió que el Dictamen limita la transmisión de concesiones en ventas, arrendamientos y herencias, obligando a solicitar autorización administrativa para cada movimiento, lo cual —dijo— implica una afectación patrimonial grave y una confiscación de facto de derechos que legítimamente pertenecen a productores y familias.

Señaló además que la reforma incrementa sanciones administrativas y penales sin criterios técnicos y sin proporcionalidad, criminalizando actividades comunes del sector agrícola y ganadero, y concentrando facultades en una nueva “Autoridad del Agua” que elimina funciones de los organismos de cuenca, debilitando la gobernanza local.

Al referirse a la realidad del país, y particularmente de Chihuahua, Meléndez recordó que el INEGI reportó en 2023 que la actividad agropecuaria consumió más del 32% del agua utilizada en la economía, con un costo superior a 102 mil millones de pesos por agotamiento y degradación hídrica. Indicó que, en regiones productivas como Delicias, Meoqui, Camargo, Ojinaga y Jiménez, los agricultores viven ciclos extremos de sequía donde cada litro de agua define la continuidad de la cosecha.

Afirmó que, con la reforma, actividades esenciales como mover agua en pipas o abastecer zonas urbanas en periodos de desabasto podrían ser castigadas con multas de hasta 4 millones de pesos, afectando a productores y también a miles de familias en zonas metropolitanas que dependen del suministro por pipas.

Meléndez subrayó que, mientras la reforma fue construida “desde un escritorio”, el PRI sí escuchó a la gente. Recordó que a través de foros nacionales se consultó a más de 8 mil personas, y que en Chihuahua se recabaron testimonios directos de agricultores, ganaderos y especialistas que documentaron riesgos y propusieron soluciones que hoy no fueron consideradas en el Dictamen.

Durante su participación, el legislador chihuahuense reiteró las propuestas del PRI para una ley verdaderamente justa y técnica: proteger la transmisión hereditaria, venta y arrendamiento de concesiones sin discrecionalidad; garantizar el mínimo vital de 60 litros diarios para uso personal y doméstico; evitar penalizaciones desproporcionadas; fortalecer las capacidades técnicas de CONAGUA y organismos locales; y promover apoyos reales para la tecnificación del riego y la recarga de acuíferos.

Tony Meléndez concluyó que el grupo parlamentario del PRI vota en contra de estas disposiciones regresivas, al sostener que la reforma sustituye el derecho por la discrecionalidad, la técnica por la amenaza sancionadora y la justicia por decisiones tomadas a puerta cerrada.

“El derecho humano al agua exige una ley que garantice acceso, certidumbre y seguridad jurídica. Esta reforma no lo cumple. El PRI defenderá una ley que proteja el mínimo vital, que resguarde el patrimonio de quienes producen alimentos y que construya gobernanza técnica, no autoritarismo administrativo”, puntualizó.