ESTATAL
Demos voz a quienes se mantienen calladas: Benjamín Carrera
Bajo cualquier circunstancia, el embarazo a edades tempranas es uno de los mayores desafíos para cualquier país no sólo a nivel social, sino que impacta incluso en los aspectos político y económico. A nivel individual, el embarazo en niñas y adolescentes vulnera sus derechos sexuales, reproductivos e impacta en otros como el derecho a la educación y la salud a corto plazo, sin que éstas sean las únicas consecuencias: las posibilidades de aquellas niñas y adolescentes que se convierten en madres, se ven limitadas por estas circunstancias, afectando las posibilidades de desarrollo de sus comunidades.
El embarazo en menores de 20 años generalmente es propiciado por la falta de educación e información, el limitado acceso a métodos anticonceptivos, pero sobre todo y en un grado alarmante, debido a la violencia sexual y de género que sufren miles de niñas y adolescentes en México. Muestra de lo anterior, es la diferencia de edad entre quienes se convierten en madres a temprana edad y los hombres responsables del embarazo, lo que nos lleva a afirmar que un gran número de embarazos en mujeres menores de 15 años de edad, no resultan de actos deliberados ni de decisiones entre personas con igual libertad y posibilidad de consentir o disentir actos sexuales, sino que son resultado de actos de vulnerabilidad, desprotección, abandono, abuso, manipulación, relaciones dispares, entre otros.
Precisamente, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI, Chihuahua ocupó en 2021 el lugar número 11 nacional en embarazos de niñas menores de 15 años, lo que representó un aumento de 2.34% respecto a 2020. Lamentablemente, las cifras no disminuyen, sino que año con año aumentan vulnerando los derechos de este grupo poblacional, y los tres municipios en los cuales niñas de 10 a 14 años registraron más nacimientos fueron: Juárez con 71 casos, Chihuahua con 32 casos y Guachochi con 26 casos. Además, en 153 casos, las niñas menores de 15 años reportaron que los hombres responsables de su embarazo, eran mayores de 15 años al momento del nacimiento de sus bebés, mientras que en 103 casos las niñas no pudieron especificar la edad del responsable de su embarazo y sólo 6 niñas reportaron que el padre era menor de 15 años al igual que ellas.
Por otra parte, la Secretaría de Salud de Chihuahua, ha registrado 679 casos de niñas de entre 10 y 14 años atendidas en las unidades de la Secretaría de Salud a causa de abuso o delitos de tipo sexual, lo que nos lleva a estimar que, existe aún un 93% de casos en los que estos delitos no son denunciados, siendo aún mayormente escondidos cuando se trata de violación, hostigamiento o intimidación sexual por el estigma que rodea aún estos ilícitos.
Por lo antes compartido, se vuelve necesario más que dar una especie de informe, llevar a cabo acciones que garanticen para las niñas y adolescentes mayores oportunidades no sólo de inclusión social, sino oportunidades económicas que aumenten sus posibilidades de alcanzar un futuro próspero para ellas y sus comunidades. Por eso, como siempre he afirmado: apostar por la protección de las juventudes es un factor determinante para el crecimiento económico y el beneficio de todas y todas, y sobre todo, proteger sus derechos aumentando las vías a través de las cuales las autoridades pueden garantizar el acceso a la justicia para este grupo poblacional.
Ello nos ha llevado a plantear ante el Pleno del Congreso, una propuesta para que, cualquier madre menor de edad que acuda a registrar a su recién nacido, o bien que sea atendida en las instituciones de salud pública, tenga en estos espacios una vía de acceso a la justicia en caso de haber sido víctima de violación o algún ilícito que ponga en peligro su integridad. Como bien dijo Paul Auster, Caballero de la Orden de las Artes y las Letras: “Si la justicia existe, tiene que ser para todos: nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”.
ESTATAL
Maru Campos celebra se priorice seguridad de las mujeres en Plan Estratégico de Procuración de Justicia
Acompañada del fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, acudió a la presentación del proyecto, misma que se desarrolló en el Centro Cultural del México Contemporáneo, en la capital del país
La gobernadora Maru Campos celebró que el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, presentado en la Ciudad de México por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, tenga como prioridad disminuir en los estados los flagelos que afectan a las mujeres.
La mandataria estuvo presente en la presentación del proyecto, que se desarrolló en el Centro Cultural del México Contemporáneo, en la capital del país, en la que estuvo acompañada por el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.
Enfatizó que este Plan contiene un tema muy especial, que es lograr que disminuyan en las entidades los flagelos contra las mujeres.
“Es un ejemplo de colaboración, de sistematizarnos entre nosotros. Celebro lo que la fiscal acertadamente habló sobre la seguridad de las mujeres: cero tolerancia en abuso, en acoso y por supuesto en feminicidios”, añadió.
El evento contó con la presencia de gobernadores, fiscales estatales y autoridades de los tres poderes.
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 establece las líneas de acción que guiarán el trabajo de la FGR durante los próximos años. Prioriza el fortalecimiento institucional, eficiencia en la persecución de los delitos, atención integral y empatía hacia las víctimas.
Además contempla mecanismos de coordinación con las fiscalías estatales, así como el desarrollo de áreas especializadas para atender delitos específicos, con el propósito de mejorar los resultados en materia de justicia en todo el país.
ESTATAL
Se incorporan 10 municipios a la Declaratoria Estatal de Crianza Afectiva
-En total, suman 34 las localidades que esta semana se adhirieron a la iniciativa impulsada por el DIF Estatal y Unicef México
Presidentas y directoras de los DIF Municipales de 10 localidades de la entidad, se adhirieron este jueves a la Declaratoria Estatal por una Política de Crianza Afectiva y Fortalecimiento Familiar, durante una ceremonia encabezada por María Eugenia Galván Antillón, presidenta del DIF Estatal.
Con esta incorporación, suman 34 los municipios que asumieron esta semana el compromiso para implementar acciones dentro de su quehacer, a fin de promover la crianza afectiva en los hogares y evitar prácticas de disciplina violenta.
En su mensaje, Galván Antillón reconoció el esfuerzo de todas las personas de distintos municipios que han participado durante estos últimos días, pues dijo, son quienes conocen de primera mano las necesidades de las familias de cada región.
“Los encuentros que realizamos durante esta semana marcan el inicio de un esfuerzo conjunto entre Estado y municipios, para que todos nos sumemos a promover entornos seguros, sanos y llenos de amor para niñas, niños y adolescentes. Estoy segura de que, al sumar nuestras voluntades y experiencias, logremos grandes resultados para nuestras familias”, indicó.
La declaratoria fue firmada en enero de 2026 entre el DIF Estatal y Unicef México, con el objetivo de replicar acciones preventivas en los 67 municipios del estado, compromiso que se materializa con esta suma de esfuerzos con los DIF Municipales.
El documento promueve entornos seguros, crianza respetuosa y la erradicación del castigo corporal, mediante formación parental, entornos protectores y trabajo comunitario a favor de niñas, niños y adolescentes.
Este encuentro marca la tercera reunión regional promovida por la dependencia, tras las sesiones realizadas durante la presente semana en Delicias y Guerrero; en la primera, se unieron 12 municipios: Camargo, Coronado, Delicias, Julimes, La Cruz, López, Meoqui, Ojinaga, Rosales, San Francisco de Conchos, Satevó y Saucillo.
En la segunda, se sumaron otros 12: Bachíniva, Bocoyna, Cusihuiriachi, Gómez Farías, Guerrero, Madera, Matachí, Namiquipa, Riva Palacio, Temósachic, Urique y Uruachi
En la sesión de este jueves en la capital, se unieron Aldama, Aquiles Serdán, Batopilas, Chihuahua, Coyame del Sotol, Dr. Belisario Domínguez, Gran Morelos, Ignacio Zaragoza, San Francisco de Borja y Santa Isabel.
Al firmar el documento de adhesión, los DIF Municipales se comprometen a: designar un enlace municipal de Crianza Afectiva para la coordinación local; facilitar espacios, agenda y logística para la implementación, y nombrar facilitadores municipales o comunitarios para grupos de familias.
También a realizar convocatorias comunitarias, con prioridad en zonas vulnerables, así como a colaborar en seguimiento, evaluación y mejora continua con DIF Estatal y Unicef México.
Quedan pendientes dos reuniones más, que se celebrarán en próximas semanas con sede en Hidalgo del Parral y Juárez, y que convocará a municipios de cada región para llegar a la incorporación de la totalidad de localidades del estado.
Estuvieron presentes el director general del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte Fruns; la directora de Fortalecimiento Familiar del DIF Estatal, Selene Aguirre Cortéz, y la Oficial de Soporte de Protección a la Infancia de Unicef México, Gabriela Polo Herrera.
ESTATAL
Cierra convocatoria del Premio a la Responsabilidad Medioambiental 2026, con récord histórico de participación
46 proyectos aspiran al galardón, la cifra más alta desde su creación.
· El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado destacó el carácter apartidista del premio.
Con un total de 46 participaciones, cifra récord en la historia del certamen, cerró ayer la convocatoria del Premio a la Responsabilidad Medioambiental 2026, lo que refleja el creciente compromiso de la comunidad académica y científica con la protección del entorno natural.
“Fue una participación histórica, donde la academia ha tomado como suyo este premio que busca reconocer la investigación en pro del medio ambiente”, señaló el diputado Octavio Borunda Quevedo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado.
El legislador subrayó la importancia de mantener este galardón como un espacio libre de intereses políticos, enfocado exclusivamente en el reconocimiento de esfuerzos genuinos en favor del medio ambiente. Asimismo, destacó que la cooperación interinstitucional y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno fueron piezas clave para fortalecer esta iniciativa.
Borunda Quevedo expresó su reconocimiento a las instituciones académicas por su papel fundamental en la investigación ambiental, mencionando expresamente a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el Tecnológico de Monterrey y el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (Cimav).
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