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Impulsamos ley que atenderá las nuevas necesidades de la migración: Omar Bazán

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Si bien en la entidad existe un marco legal para atender las coyunturas relacionadas con la migración, es necesario un abordaje más profundo, el cual incluya aspectos de concientización a la interculturalidad de las personas que pasan por nuestro territorio rumbo a Estados Unidos, al ser éstas de naciones distintas.

Esto, atendiendo que la migración es un derecho humano y que, desde el inicio de los tiempos, el ser humano siempre ha estado en constante movimiento de un lugar a otro. Algunas personas se desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus familiares o para estudiar.

O por numerosos factores y esto provoca que el número de personas que vive en un país o Estado distintos de su lugar de origen ha aumentado de manera significante.

En el caso de Chihuahua existe la ley de protección y apoyo a migrantes pero dicha ley no abarca el tema de la movilidad, como si lo estamos planteando en dicha propuesta. Además de que deja en evidente rezago a nuestra entidad federativa ante el avance, en este tópico, de los demás Estados integrantes de México.

Es de mencionar que el Gobierno Federal tiene la facultad de diseñar la política migratoria del Estado mexicano, no obstante, las autoridades estatales tienen la capacidad de expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de establecer, con respeto a los derechos humanos, las bases de coordinación entre estos, en el ámbito de sus propias competencias.

Lo anterior debe apegarse al cumplimiento de los tratados internacionales en la materia de los que México sea parte.

Nosotros proponemos la creación de la Ley de Movilidad Humana de las y los Migrantes e Interculturalidad del Estado de Chihuahua, con aspectos que creemos ayudarán para atender la problemática que implica el tener fronteras llenas, principalmente la de Juárez con un abordaje humanístico, iniciando porque en el territorio de la Entidad no se identificará ni se considerará a ninguna persona como ilegal por su condición migratoria.

Otro punto importante es que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, deberán utilizar todos los mecanismos a su alcance para contrarrestar cualquier tipo de discriminación por razones de origen étnico, creencia religiosa, género, discapacidad, cuestiones de salud, orientación sexual, entre otras, de las y los migrantes que se incorporen al territorio estatal.

Aparte, las autoridades estatales y municipales promoverán la prevención y erradicación del discurso de odio o propagación de rumores que afecten a las personas en situación de movilidad humana, en coordinación con las instituciones públicas, el sector privado y las organizaciones sociales y civiles, así como prevenir que dicho discurso o rumores se divulguen en medios de comunicación.

Un artículo por demás importante es el 10, que implica que las autoridades estatales y municipales promoverán ante las autoridades federales la solicitud de ayuda humanitaria ante organismos internacionales, o bien recibirlas de la propia Federación, para las personas en movilidad humana dentro del territorio de la Entidad cuando existan razones suficientes que sobrepasen las posibilidades financieras o de atención de las autoridades locales para enfrentar los problemas inmediatos para atender y asistir a las personas en esta situación.

En la ley que consta de 29 artículos se abordarán sanciones para los entes obligados que incurran en actos violatorios a los derechos humanos de las personas migrantes.

Según el Informe sobre las migraciones en el mundo 2020 de la Organización Internacional para las Migraciones, hasta junio de 2019 se estimaba que el número de migrantes internacionales era de casi 272 millones en todo el mundo, 51 millones más que en 2010. Casi dos tercios eran migrantes laborales. Los migrantes internacionales constituían el 3,5% de la población mundial en 2019, en comparación con el 2,8% en 2000 y el 2,3% en 1980.

En el entorno nacional, tenemos que la primer Ley de Migración en México fue publicada el 25 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Dicha norma jurídica está dirigida a regular el ingreso y salida de personas extranjeras y mexicanas, así como el tránsito y estancia de personas extranjeras en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Su antecedente normativo más cercano por fines, aunque no necesariamente por contenido, es la Ley General de Población que estuvo vigente desde 1974, misma que resultaba ya insuficiente ante las realidades migratorias, además de estar desfasada en relación con los compromisos internacionales adquiridos por México en materia de derechos humanos.

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Entregan maíz y frijol a 500 familias de diversas comunidades de Sisoguichi

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-Es la octava entrega de grano a habitantes del municipio de Bocoyna, como parte del programa “Juntos por la Sierra Tarahumara”

En el marco de la octava jornada de distribución de alimentos, que encabezan DIF Estatal y Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) en Bocoyna, más de 500 familias de Sisoguichi y comunidades aledañas, fueron beneficiadas con la entrega de paquetes de maíz y frijol.

Estas acciones se efectúan en apoyo a la población de la Sierra Tarahumara, que se ha visto afectada por la falta de lluvias en la región.

Durante el evento, Gabriel Eguiarte Fruns, director del DIF Estatal, destacó el compromiso del Gobierno del Estado en ese sentido, cuyos esfuerzos se han extendido en los 19 municipios con mayor vulnerabilidad.

“Aquí en Bocoyna, en las ocho entregas que hemos realizado, se han traído más de 100 toneladas de grano, distribuidas entre 7 mil 400 familias”, puntualizó.

El titular de la SPyCI, Enrique Rascón, reconoció la colaboración del alcalde Macario Hermosillo Pompa, quien gestionó los recursos.

Enfatizó que la suma de esfuerzos entre dependencias estatales y municipales, ha sido clave para llevar estos apoyos a quienes más lo necesitan.

“Si algo nos ha instruido nuestra gobernadora Maru Campos, es que seamos un Gobierno cercano, que recorra las comunidades y escuche sus necesidades. Por eso estamos aquí”, afirmó.

Dijo que el programa “Juntos por la Sierra Tarahumara”, continuará con la implementación de estrategias enfocadas en mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas y rurales de Chihuahua.

En el protocolo de entrega participaron además el alcalde de Bocoyna, Macario Hermosillo Pompa; el vicario de la Diócesis de la Tarahumara, Héctor Fernando Martínez Espinoza y el presidente seccional de Sisoguichi, Roger González Villalobos.

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Entrega Mario Vázquez víveres y herramientas a brigadistas que combaten incendios forestales

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–Los insumos fueron donados por la ciudadanía y empresas, recibidos en la Casa de Atención Ciudadana del senador.

El Senador Mario Vázquez Robles visitó la Unidad de Manejo Forestal (UMAFOR), en Guachochi donde realizó la entrega de alimentos, agua y herramientas para ser entregados a los brigadistas que combaten los incendios forestales en la sierra de Chihuahua.

Más de 3500 litros de agua embotellada, alimentos enlatados, despensas, sueros, galletas, cobijas, palas, picos, rastrillos, palas apagafuego, fueron algunos de los insumos entregados de parte del senador, así como resultado de las donaciones de la ciudadanía, ferreterías y la empresa Coca Cola, que respondieron al llamado para ayudar.

Vázquez Robles reconoció el trabajo de estos héroes, trabajo que no se ve porque se hace en el interior del bosque, tanto en combate directo con el fuego, como trabajo permanente de prevención.

También destacó la labor del Gobierno del Estado encabezado por Maru Campos, que a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, así como de Protección Civil, y con la ayuda de brigadistas y pobladores ha estado atendiendo y haciendo frente a los diversos siniestros que se han presentado en diversas partes de la sierra de Chihuahua.

Hizo un llamado a la ciudadanía a continuar apoyando así como su colaboración en la prevención, ya que la mayoría de los incendios forestales se originan a las orillas de carreteras y caminos provocados por colillas de cigarros, cerillos o fogatas que no se extinguieron bien.

Cabe resaltar que en el recibimiento de los insumos estuvieron presentes Ramón Caro, presidente de la UMAFOR; Humberto Molinar, director de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado; Gladis Janeth Chaparro, recaudadora de Guachochi y Eudor Holguín, director de Protección Civil de Guachochi.

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Fortalece Congreso herramientas para una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos

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Con la finalidad garantizar que la Auditoría Superior del Estado (ASE) pueda ejercer sus atribuciones de manera plena y sin restricciones indebidas, el Congreso de Chihuahua llevó a cabo una adecuación al artículo 83 ter de la Constitución Política del Estado.

La diputada Leticia Ortega Máynez, presidente de la Comisión de Fiscalización, refirió que la modificación se hizo en el sentido de eliminar la frase “previa coordinación” e incluir “de manera directa o en coordinación”, dentro del artículo referido, ya que es crucial revisar y ajustar los mecanismos de coordinación.

Lo anterior para que corresponda exclusivamente a la ASE como a distintas autoridades locales la fiscalización, supervisión y fincamiento de responsabilidades y de esta manera poner al órgano fiscalizador estatal a la par con su homólogo federal.

Dicha modificación quedó estipulada de la siguiente manera: artículo 83 ter.- De manera directa o en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, podrá fiscalizar las participaciones federales. En el caso de que el Estado y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado.

Con tal adecuación se habrá de fortalecer y optimizar la coordinación entre ambos órganos fiscalizadores, se requiere de acciones coordinadas y efectivas en todos los niveles de gobierno, y así también generar un mayor nivel de transparencia, en el ejercicio del poder público, en el caso específico de la Auditoría Superior del Estado (ASE), ya que es un pilar, al ser encargado de la fiscalización en el ámbito local.

Cabe mencionar que la Auditoría Superior del Estado es un órgano del Congreso con autonomía técnica, presupuestal, orgánica, funcional, normativa y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.

Al tratarse de una reforma constitucional, habrá de enviarse copia de la iniciativa, del Dictamen y del Diario de los Debates del Congreso del Estado, a los ayuntamientos de los 67 Municipios que integran la Entidad y, en su oportunidad, el Congreso del Estado o su Diputación Permanente, en su caso, el cómputo de los votos de los Ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobada la reforma a la Constitución del Estado.

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