La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reclamó a Estados Unidos no “criminalizar” la migración y actuar en el marco del respeto a los derechos humanos, después de que se confirmara la muerte de otro mexicano atropellado tras un operativo en Florida.

“Si hay alguna persona que haya cometido algún delito, pues debe de perseguirse. Pero la migración no debe criminalizarse per se. Si hay una persona que por razones migratorias, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, debe ser deportada, pues que se haga en el marco del respeto a los derechos humanos”, declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

La muerte de este mexicano, cuya identidad no ha trascendido, se suma a la de Lorenzo Salgado, quien murió la semana pasada tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) en Houston, Texas.

Sobre este último caso, Sheinbaum Pardo dijo que fue informada por el canciller Roberto Velasco y que están tratando de “ver si tenemos el nombre de este mexicano”, quien “en un operativo del ICE él corre y al cruzar una calle es atropellado”.

“Se incorpora también como parte del trabajo que estamos haciendo tanto de la forma diplomática como las denuncias directas”, anunció.

La presidenta insistió en pedir a las autoridades estadounidenses “respeto” a los derechos humanos y “colaboración” con los países de origen, al tiempo que subrayó que su Gobierno no está “de acuerdo” con la política migratoria de la Casa Blanca, como la reciente reactivación de las detenciones en tránsito.

Sheinbaum Pardo afirmó que “directamente” no ha hablado con el presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre este tema de forma reciente, pero recordó que es un asunto que ha abordado con él “varias veces” en anteriores conversaciones telefónicas.

Esta último muerte en un operativo migratorio ocurre en medio del creciente escrutinio sobre las tácticas del ICE, pues en la última semana dos hombres murieron por disparos de agentes cuando conducían: el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres hijos, el 7 de julio en Texas, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26, este lunes en Maine.

México ha presentado demandas ante el Departamento de Justicia de EE.UU. por las muertes de mexicanos en operativos migratorios o bajo custodia del ICE, al tiempo que pidió al alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, que recabe información sobre estos hechos.

Con información de EFE

Tres adolescentes fueron detenidos en Baja California por el asesinato de un conductor de taxi por aplicación, caso que ha desatado polémica por la pena a la que se harían acreedores los responsables.

Sheyla Sugey, de 16 años; su hermano Dylan Osmar de 15 años, y otro menor de 13 años son señalados del homicidio de Flaviano López Martínez, de 50 años de edad.

¿Qué le ocurrió a Flaviano López?

Flaviano López Martínez era militar en retiro, que se había dado de alta como conductor de taxi por aplicación en Didi.

Fue reportado como desaparecido el 9 de julio pasado, tras salir de su domicilio en la colonia conjunto Urbano Esperanza de Mexicali.

El chofer fue hallado muerto. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California determinó que se trató de un homicidio cuyos responsables fueron tres adolescentes.

Investigaciones apuntan a que Sheyla Sugey solicitó un viaje, que atendió Flaviano.

Al traslado se sumaron su hermano Dylan Osmar y otro menor de edad, cuya identidad no ha sido revelada.

Durante el viaje los adolescentes habrían disparado en la cabeza al conductor.

Para ocultar su crimen, los menores llevaron el cuerpo de Flaviano a una zona despoblada cerca del Fraccionamiento Villas del Colorado y le prendieron fuego.

La Fiscalía detuvo a los tres adolescentes cuando intentaban huir.

Menores son hijos de acusada de homicidio

Los menores de edad fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente donde se halló que Sheyla y Dylan son hijos de Selina Álvarez Prado, acusada de asesinato.

La mujer de 32 años de edad fue detenida en abril pasado por el homicidio de su expareja en la colonia Hidalgo de Mexicali.

El asesinato lo llevó a cabo para sustraer al hijo de ambos, de 2 años de edad, por quien se emitió una Alerta Amber y halló posteriormente.

Piden juzgar a adolescentes como adultos

Al ser menores de edad, los adolescentes se harían acreedores a sanciones consideradas leves para el delito por el cual se les acusa.

La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes prevé hasta dos medidas de sanción para menores que al momento del delito tengan entre 14 y menos de 18 años.

Sheyla Sugey, de 16 años, se haría acreedora a una sanción privativa de la libertad de 5 años.

Su hermano Dylan Osmar, de 15 años, se haría acreedor a una sanción privativa de la libertad de 3 años.

El internamiento de ambos deberá ser en unidades exclusivamente destinadas a adolescentes, en tanto que se exhorta a que sea una medida extrema, impuesta como última opción.

En el caso del menor de 13 años, la Ley refiere que “en ningún caso podrán imponerse medidas de sanción privativa de libertad a la persona que al momento de la comisión de la conducta tuviere entre 12 años cumplidos y menos de 14 años”.

No obstante, podría hacerse acreedor a una sanción no privativa de libertad de un año.

Pero dada la gravedad del delito, familiares de Flavio López han solicitado que los adolescentes sean juzgados como adultos.

Con información de Zeta Tijuana y López-Dóriga Digital

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó una iniciativa de Ley General contra el Feminicidio que será enviada al Congreso y que busca unificar en todo el país la definición de este delito, homologar las investigaciones y evitar que las muertes violentas de mujeres sean clasificadas erróneamente como suicidios u homicidios.

La propuesta surge después de que una reforma constitucional aprobada en mayo facultara al Congreso para emitir una legislación nacional sobre feminicidio, un delito que actualmente es regulado de manera distinta en los 32 estados del país.

“Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio. Evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum Pardo sostuvo que, pese a la reducción de los feminicidios en los últimos años, muchas de estas agresiones siguen sin recibir sanción.

“En nuestro país, aun y cuando van disminuyendo los feminicidios, todavía se cometen feminicidios. Y muchos de ellos lamentablemente siguen sin sanción”, señaló.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la nueva ley responde a problemas detectados en las investigaciones y en la clasificación de los casos, ya que los 32 estados regulaban el feminicidio de forma diferente.

Además, advirtió que existían “deficiencias en los procesos de investigación, la incorrecta clasificación de delitos violentos, falta de análisis de contexto de violencias, ausencia de estándares con perspectiva de género que generaban muchas veces pérdida de indicios y subregistros de feminicidios, delitos que se catalogaban como homicidios cuando realmente se consideraban feminicidios”.

La iniciativa establece una definición única para el delito y fija penas homologadas de entre 50 y 70 años de cárcel en todo el país, además de 19 agravantes que permitirán incrementar las sanciones en determinados casos.

Entre ellas se encuentran que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, así como cuando existan ataques con ácido o sustancias inflamables.

La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges, destacó que uno de los principales cambios será la creación de protocolos obligatorios para todas las fiscalías del país, que deberán incorporar la perspectiva de género, análisis de contexto de violencia, preservación adecuada de indicios, entre otras cosas.

La iniciativa también contempla la creación de un Registro Nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, así como medidas de reparación integral del daño y atención especializada para víctimas indirectas.

Por último, Sheinbaum defendió que la legislación busca garantizar “cero impunidad frente al delito de feminicidio” y aseguró que representa un paso para combatir “la peor forma de discriminación de trato indigno hacia una mujer”.

Con información de EFE