NACIONAL
Privatizan el servicio de agua potable en Querétaro
En medio de protestas ciudadanas, el Congreso local, con mayoría de diputados panistas, aprobó privatizar el servicio de agua potable a través de operadores que se encargarán de otorgar y cobrar a los ciudadanos la distribución, drenaje y obra hidráulica en los 18 municipios de la entidad.
Especialistas y ambientalistas criticaron la nueva ley con el argumento de que administrar dicho recurso es una obligación que corresponde al Estado; advirtieron que no se trata de una ley de aguas que garantice el acceso como derecho humano ni su manejo integral, sino económico para beneficiar a la iniciativa privada.
La Ley que Regula la Prestación de los Aervicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, de 215 artículos, fue avalada con 16 votos: 13 del Partido Acción Nacional (PAN); tres del local Querétaro Independiente (PQI); seis en contra, cinco de Morena y uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como dos abstenciones del tricolor y una ausencia del Verde Ecologista de México.
En el capítulo 2 se estipula que el sector privado o particulares podrán participar en la prestación de los servicios públicos de forma total o parcial a través de una concesión, contrato de obra pública, contrato para la prestación de servicios para proyecto, construcción o rehabilitación del sistema del agua, contrato de asociación público-privada o “cualquier otro que se derive de la normativa aplicable”.
Serán los municipios o la Comisión Estatal de Aguas los que otorguen las concesiones a través de una licitación pública, invitación o adjudicación directa, y entre los derechos que tendrán los concesionarios está la de realizar el cobro a los usuarios del “suministro de los servicios públicos principales y accesorios” desde agua potable hasta reutilización del líquido.
También tendrán la facultad de autorizar proyectos hidráulicos, expedir certificados de conexión y otorgar factibilidades y precios por uso de infraestructura a los desarrolladores para el establecimiento de centros de población.
En marzo pasado, dos diputados priístas y la bancada del blanquiazul, junto con los tres legisladores del PQI, presentaron las iniciativas de Ley de Aguas, para derogar diversas disposiciones del Código Urbano del estado, en las que coincidían en ceder al sector privado la prestación del servicio, al concesionar durante 20 años y renovar por un periodo igual esa obligación gubernamental.
Activistas, ambientalistas y académicos advirtieron que dicha normatividad carecía de una armonización legislativa con pactos internacionales y estándares nacionales, así como de un diagnóstico sustentado en el equilibrio de los acuíferos y la restauración de cuencas hidrológicas.
Los inconformes exigieron a los diputados un parlamento abierto que permitiera la participación ciudadana en esa decisión.
Ante el rechazo a la iniciativa, que incluyó la campaña #Aguasconlaleydeaguas en redes sociales, y diversos pronunciamientos en medios de comunicación, los integrantes de la comisión legislativa de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones realizaron un foro el 13 de mayo.
Después del encuentro acordaron cambiar el nombre a la iniciativa por el de “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro”.
Decenas de ciudadanos se manifestaron fuera del Congreso, al tiempo que diputados de Morena reprocharon que sus homólogos aprobaran al vapor la creación de la nueva ley. Criticaron que no escucharan las peticiones de especialistas para profundizar en el tema y que pretendan beneficiar al sector empresarial en detrimento de los ciudadanos, pues en la práctica ha quedado demostrado que los servicios del agua no son de calidad.
Armando Sinecio Leyva, del partido guinda, aseguró que con la nueva ley “se estaría empeñando este sector estratégico a terceros y que, como en repetidas ocasiones se ha visto y demostrado donde ya se han realizado estas concesiones, sólo atienden al beneficio propio antes que al de toda la población”.
En ese tenor, Paul Ospital Carrera, del PRI, lamentó la falta de transparencia de sus compañeros legisladores, pues el documento fue turnado al filo de la medianoche, lo que hacía imposible analizar el contenido, práctica recurrente en el Congreso estatal. “Ese es el tamaño del madruguete que hemos vivido en estos ocho meses de la 60 Legislatura”, lamentó.
Para el presidente de dicha comisión, el panista Germaín Garfias Alcántara, con la nueva ley se pretende contar con un marco normativo para que los operadores tengan viabilidad y los fortalezcan, además de integrar mecanismos conciliatorios para resolver posibles controversias entre usuarios y empresarios que administren los organismos operadores privados.
A su vez, el ex priísta Manuel Pozo Cabrera, ahora del PQI (quien llegó al puesto en alianza con el blanquiazul), planteó que con la reforma se busca poner orden en la situación actual de la prestación del servicio de agua potable con la existencia de algunos operadores, pues, dijo, los ciudadanos han estado indefensos por abusos de ese tipo de organismos.
En Querétaro han proliferado 22 organismos operadores para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, una figura que a través de distintas argucias legales han permitido gobiernos municipales de Querétaro, Corregidora y El Marqués para que empresarios vinculados a políticos y funcionarios se encarguen de prestar ese servicio, de acuerdo con una investigación colaborativa del Laboratorio de Investigación Periodística, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación y Bajo Tierra Museo del Agua.
Con información de La Jornada
La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que persisten contradicciones sobre la captura del narcotraficante Ismael ‘el Mayo’ Zambada en julio de 2024 y sostuvo que la principal preocupación de su Gobierno es determinar si hubo una violación a la soberanía nacional durante la operación que terminó con la captura del líder del Cartel de Sinaloa en EE.UU.
Las declaraciones responden a los recientes comentarios del exembajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien reiteró que la detención de Zambada no fue una operación del Gobierno de Washington y que ni el avión ni el piloto pertenecían a autoridades estadounidenses.
“Lo que no explica es cómo es que el propio FBI presenta el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI. Esa es la contradicción”, afirmó Sheinbaum.
La mandataria recordó que Salazar mantiene la misma versión que ofreció tras la captura del capo, pero cuestionó nueva información conocida recientemente.
Sheinbaum aseguró que el tema trasciende la captura del fundador del Cártel de Sinaloa y se centra en el respeto a la soberanía mexicana.
“Pero el asunto aquí es si hubo una violación a la soberanía. Porque repito, el fin no justifica los medios. Por supuesto que este capo de la droga, este líder del Cartel de Sinaloa, pues qué bueno que está detenido. Aquí tenía orden de aprehensión. Pero el asunto es si hubo una violación a la soberanía en esa detención”, sostuvo.
La presidenta afirmó además que su Gobierno considera que existió “omisión, mentira por parte del exembajador” y explicó que solicitó a la Fiscalía General de la República incorporar esos elementos a la investigación abierta sobre el caso.
También, argumentó que la controversia no solo involucra un eventual incumplimiento de normas internacionales, sino las consecuencias que tuvo la captura en Sinaloa.
“Porque no solamente es la violación a la soberanía, sino lo que ocurrió posteriormente en Sinaloa al provocar un conflicto interno en un grupo delictivo por ellos”, dijo.
Por su parte, el canciller Roberto Velasco comparó el caso con el del médico mexicano Humberto Álvarez Machaín, trasladado a Estados Unidos tras ser secuestrado en México en la década de 1990.
“Porque de por medio estaba la soberanía de México, independientemente de los delitos de los que se acusaba al doctor Álvarez Machaín”, afirmó, al defender que la discusión actual debe distinguir entre el combate al crimen organizado y la defensa de la soberanía nacional.
La polémica se reavivó esta semana después de que se conociera que el FBI donó a un museo estadounidense la avioneta en la que aterrizó Zambada en Estados Unidos.
Mientras Salazar sostiene que Washington no participó en la operación, la Fiscalía mexicana mantiene abierta una investigación y ha acusado al exdiplomático de haberse conducido con falsedad al negar una posible implicación de autoridades estadounidenses.
Con información de EFE
Militares mexicanos abatieron a un cabecilla de la organización delictiva ‘Los Chapitos’ en la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, además de arrestar a otras cuatro personas.
En un mensaje en redes sociales este miércoles, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó también del decomiso en el operativo de droga, armas largas y granadas.
El funcionario apuntó que agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) junto a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado desarticularon una célula delictiva de ‘Los Chapitos‘, facción del Cartel de Sinaloa.
Durante la operación, explicó García Harfuch, “el personal militar fue agredido y, al repeler el ataque en defensa de su integridad, perdió la vida Cristhian Guadalupe ‘N’, alias ‘Texas‘, identificado como jefe en Culiacán, relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos”.
Además, dijo, fueron arrestadas otras cuatro personas y en la operación se decomisaron armas largas, granadas, cartuchos, droga, equipo táctico, equipo de radiocomunicación y vehículos.
El pasado lunes, el Gabinete de Seguridad federal informó que al menos diez presuntos delincuentes y un marino murieron tras registrarse dos enfrentamientos armados consecutivos el domingo en los municipios de Mazatlán y El Rosario, en Sinaloa.
Los enfrentamientos se dieron en un contexto de recrudecimiento de los operativos realizados por la Armada y las fuerzas de seguridad nacional en esta región del país para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Sinaloa vive una crisis de violencia desde septiembre de 2024 a causa de la guerra interna del Cartel de Sinaloa, y su gobernador, Rubén Rocha Moya, quien fue acusado por EE.UU. hace unos meses de colaborar con el grupo criminal Los Chapitos, liderado por los hijos del líder detenido Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.
Con información de EFE
La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene una deuda de 27 mil 240 millones de pesos con proveedores de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac),organización que denunció “graves irregularidades en el proceso de pagos” por parte de la petrolera.
En una carta dirigida a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, y a los titulares de las secretarías de Hacienda, Energía y Economía, Édgar Amador Zamora, Luz Elena González y Marcelo Ebrard, respectivamente, además del nuevo director de Pemex, Juan Carlos Carpio, la Amespac precisó que se trata de adeudos de 2024, ya que los pagos de los años 2025 y de 2026 han sido “parcialmente cubiertos”.
“Hasta la fecha, siguen sin resolverse adeudos considerables, correspondientes a 2024, tanto de facturas vencidas como estimaciones de trabajos terminados que no han permitido documentarse y facturarse a través del sistema conocido como Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE) de PEMEX”, dijo la asociación integrada por 49 de los principales prestadores de servicios de exploración y extracción de hidrocarburos en México.
La Amespac señaló que “considerando que los adeudos relativos a 2025 y 2026, fueron parcialmente cubiertos” a través del mecanismo ‘Onyx’, instrumentado con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) y la Tesorería de Pemex, “la falta de atención a los adeudos correspondientes a 2024 ha generado gran incertidumbre, afectando muy severamente” la cadena de valor de la industria petrolera nacional y ha comprometido los procesos actuales de producción de hidrocarburos.
Resulta “particularmente preocupante” que, a julio de 2026, los adeudos correspondientes aún al ejercicio 2024 “permanezcan pendientes de regularización”.
La Asociación expuso que, respecto de la mayoría de sus asociados, “el monto asciende a más de 27 mil 240 millones de pesos, equivalente a unos mil 553 millones de dólares”.
La Amespac explicó que la situación obliga a diversas empresas que cotizan en mercados internacionales de valores “a reflejar dichos adeudos en su información financiera, de conformidad con las reglas de la New York Stock Exchange, los U.S. Generally Accepted Accounting Principles, U.S. GAAP, y la normativa emitida por la U.S. Securities and Exchange Commission, SEC”.
Ante tal escenario, la Amespac solicitó la emisión inmediata de los pagos pendientes correspondientes a servicios efectivamente prestados, concluidos y debidamente documentados durante el ejercicio 2024.
Además, la Asociación pidió la conformación de un grupo de trabajo conjunto entre Pemex, las autoridades competentes y representantes de Amespac para revisar, conciliar y regularizar el rezago pendiente.
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