La inseguridad generada tras el operativo militar en el que murió ‘el Mencho‘, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 22 de febrero, obligó a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas a paralizar sus actividades de campo en Jalisco.

Así lo indicó a EFE, Guadalupe Aguilar, fundadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco y madre de José Luis Arana, desaparecido desde 2011, al explicar que la situación de inseguridad ha provocado que no se retomen las brigadas de búsqueda al menos hasta abril.

“En la búsqueda en vida, lo que hacíamos hasta antes del 22 de febrero era ir a los centros de rehabilitación, a las penales, a diferentes hospitales, nosocomios psiquiátricos. Después del 22 nos prohibieron las búsquedas en campo porque no hay gente de la Guardia Nacional que nos pueda acompañar”, aseguró.

Para los colectivos de Jalisco, salir a los predios donde se sospecha la existencia de restos humanos es una tarea urgente ante la crisis de desapariciones en la entidad, donde se han registrado cientos de casos de reclutamiento forzado por parte de los grupos criminales.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas del Gobierno federal contabiliza 131 mil 840 casos desde 1960. La mayoría de estos se encuentran en Jalisco, con 16 mil79 casos, según el registro estatal.

Guadalajara, la capital de Jalisco y que será una de las tres sedes mexicanas del Mundial de Futbol de 2026, ha reforzado el despliegue de efectivos federales tras la caída en un pequeño pueblo al sur de la ciudad del líder del CJNG, considerado el más peligroso del país, ya que fue uno de los epicentros de la ola de violencia en los días posteriores a la operación federal.

 El riesgo del fuego cruzado

En este sentido, Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, reveló que existe preocupación entre quienes componen las agrupaciones de búsqueda y les preocupa la logística de seguridad durante las salidas a campo.

“Estamos esperando que termine la planeación, la Comisión de Búsqueda, en un predio de 10 hectáreas donde hace un mes encontramos restos y nos preocupa que no nos vaya a acompañar la Guardia Nacional o la Secretaría de la Defensa”, señaló.

Este colectivo, asimismo, decidió suspender por dos semanas la pega de cédulas de búsqueda en espacios públicos por temor a enfrentarse con tiroteos o quema de vehículos como sucedió el día del operativo contra ‘el Mencho’, en el que murieron 25 miembros de la Guardia Nacional y más de 30 integrantes del crimen organizado.

“Por otra parte, exponer a las familias a fuego cruzado si hubiera un atentado en contra de las fuerzas federales. Entonces, sin dudas es un tema muy complicado y vamos a apostar a la seguridad del Estado para poder realizar nuestras acciones”, señaló.

Arturo Ochoa, cuyos hijos Carlos Arturo y Gustavo Ochoa Cabrales, desaparecieron en enero de 2023, contó que en los tres colectivos a los que pertenece tienen la inquietud de que la violencia vaya a dejar más muertes o desapariciones de personas que buscan a sus seres queridos.

“Los colectivos exigimos que nos acompañe Guardia Nacional dado que es muy riesgoso a búsqueda de campo sin protección por la delincuencia organizada, pues siempre hemos estado bajo amenaza”, dijo.

Mientras tanto, los colectivos reforzaron sus protocolos de seguridad a la vez que se mantienen activos con la difusión de información en redes sociales y con campamentos fuera del Servicio Médico Forense para dar seguimiento a la identificación de los cuerpos que llegan a esa instancia.

Con información de EFE

Este jueves 12 de marzo se reportó la renuncia de Óscar Rentería Schazarino como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa.

Rentería Schazarino fue nombrado en el cargo el 21 de diciembre de 2024.

La gestión del funcionario estuvo caracterizada por múltiples operativos contra el crimen organizado en el estado de Sinaloa.

En las operaciones, las autoridades desmantelaron laboratorios clandestinos y decomisaron drogas, armas, vehículos e inmuebles.

Con información de López-Dóriga Digital

La familia de Alberto Gutiérrez Reyes, quien murió en California bajo custodia migratoria, exige respuestas al Gobierno de Estados Unidos tras denunciar que el mexicano había solicitado atención médica pero no la recibió a tiempo, una situación que se repite en parte de las once muertes de extranjeros registradas en lo que va de 2026.

“Lo trataron peor que a un animal, no lo ayudaron”, dice a EFE, Patricia Martínez, esposa del mexicano fallecido la madrugada del pasado 27 de febrero. “Él les dijo que necesitaba atención médica pero no se la dieron”, agrega.

Desde que Gutiérrez Reyes, de 48 años, fue recluido en el Centro de Detención en Adelanto (California), la pareja se comunicaba casi todas las noches.

Martínez asegura que vio cómo la salud de su esposo se estaba deteriorando. Casi una semana antes de su muerte le contó que tenía fiebre, dolor en el pecho y tos. Sin embargo, el mexicano le dijo a su esposa que no se preocupara.

“No se veía bien. Yo le insistí que les pidiera ver a un médico, me dijo que desde días antes había llenado unos papeles y les había dicho que estaba enfermo pero no le hicieron caso”, cuenta con la voz quebrada.

Supo que algo estaba mal cuando su esposo no se comunicó al día siguiente como acostumbraba. La familia se enteró de la muerte por el Consulado de México en San Bernardino (California).

“No pudimos despedirnos”, lamenta en medio del llanto.

En un comunicado ICE dijo que el 25 de febrero Gutiérrez Reyes reportó sentirse débil. Un profesional médico del lugar “ordenó su traslado” a un hospital, donde ingresó “por dolor en el pecho y dificultad para respirar”.

El mexicano fue declarado muerto el 27 de febrero. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) no aclaró la hora y el día del traslado al centro médico. Tampoco las causas.

 Once muertos en 2026

La muerte de Gutiérrez Reyes, que llevaba 25 años viviendo en EE.UU. despertó indignación pública.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México exigió una investigación, y la concejala de Los Ángeles, Eunisses Hernández, que representa el distrito donde vive la familia, lamentó el alto número de migrantes fallecidos bajo custodia del ICE, y criticó el Gobierno del presidente Donald Trump al considerar que “no valora” la vida humana.

El mexicano, que era el único sustento de su casa y el de sus padres en Veracruz, ambos ancianos y enfermos, fue el noveno inmigrante muerto de este año.

Después de su fallecimiento las autoridades reportaron la muerte de un iraní detenido en Misisipi el 1 de marzo, y un día después murió en Arizona el haitiano Emmanuel Damas, de 56 años.

El hermano de Damas, Presner Nelson, dijo a la televisora CBS que el migrante había informado con anterioridad al personal del centro que tenía un fuerte dolor de muelas. El dolor empeoró y fue trasladado al hospital el 19 de febrero, donde murió doce días después.

Sobre este caso, ICE indicó que el migrante reportó dificultad para respirar por lo que fue trasladado al hospital, pero no menciona el dolor de muelas.

Trabajadores que mueren como criminales

Tanto la familia de Gutiérrez Reyes como la Damas han expresado su rechazo a las etiquetas de “criminal ilegal” que ICE ha puesto en los comunicados sobre sus muertes.

En el caso del mexicano, un trabajador de la construcción, las autoridades divulgaron que su detención en 2010 fue por un delito menor por el que se le ordenó recibir clases.

Para su hijo, Erick Gutiérrez, un joven estadounidense de 19 años, la descripción de su padre por parte de ICE es una afrenta más contra su progenitor, que fue detenido por ICE el pasado 9 de enero cuando salió a comer algo en su descanso en el trabajo. “Lo que hacen es inhumano”, dijo a EFE.

La familia creó la cuenta ‘Justice for Alberto Gutiérrez’ en GoFundMe, mientras que el joven dejó de asistir a la universidad para ponerse al frente del hogar y reunir dinero para darle una sepultura digna a su padre y ayudar a sus abuelos y a su madre.

Con información de EFE