El Gobierno Municipal de Camargo llevará a cabo este viernes 6 de febrero los programas de descacharrización y vacunación antirrábica en la colonia Árbol Grande, como parte de las acciones preventivas en materia de salud y cuidado del entorno.

La jornada se desarrollará en la Plaza Principal de la colonia, en un horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, y estará a cargo de la Dirección de Servicios Municipales y Ecología, en coordinación con instancias de salud.

Durante esta actividad se realizará el retiro de cacharros que pueden convertirse en focos de infección, así como la aplicación gratuita de la vacuna antirrábica para perros, reforzando las medidas de prevención y bienestar animal.

Martha Armendáriz García, madre de tres hijos, hizo pública una denuncia en la que señala presuntas irregularidades en el proceso legal que enfrenta, así como lo que describe de violencia vicaria y omisiones por parte de una jueza penal del distrito.

De acuerdo con su testimonio, Armendáriz García relató que durante años vivió distintos tipos de violencia por parte de su entonces pareja y padre de sus hijos, situación que —afirmó— incluyó violencia física, psicológica, sexual y económica. Señaló que estos hechos ocurrieron mientras residía en la ciudad de Guadalajara y que, pese a ello, decidió permanecer en la relación durante varios años por temor, dependencia emocional y con la intención de preservar su familia.

En su declaración, narró que uno de sus hijos comenzó a presentar problemas de salud, desmayos recurrentes y fue diagnosticado con disautonomía emocional, lo que la llevó a tomar la decisión de salir del domicilio con sus hijos y regresar a Camargo, su ciudad de origen. Indicó que tras la separación logró estabilizar la vida familiar y que la salud de sus hijos mejoró.

No obstante, aseguró que la violencia continuó después de la separación, principalmente a través de amenazas y presiones económicas. Señaló que el padre de sus hijos incumplía con el pago completo de la pensión alimenticia y que constantemente la responsabilizaba de impedir la convivencia, además de —según su dicho— amenazarla con “quitarle a sus hijos”.

Armendáriz García relató que, tras aceptar un acuerdo para que sus hijos viajaran a Guadalajara, perdió contacto con ellos y posteriormente acudió al DIF en Autlán, Jalisco, donde —afirmó— se otorgó el resguardo de los menores al padre sin escucharla, pese a que contaba con la guarda y custodia legal. Indicó que se iniciaron acciones legales por la presunta retención ilegal de menores y que se libró una orden de aprehensión.

Según su testimonio, el padre de sus hijos fue detenido por la Fiscalía de Jalisco y trasladado a Camargo; sin embargo, denunció que la jueza penal A. V.V.  se negó a dictar medidas de protección urgentes, entre ellas la restitución de los menores, y posteriormente ordenó su liberación, pese a que —afirmó— no se había cumplido con la entrega de los hijos ni existía arraigo en el estado.

La denunciante señaló que, incluso después de interponer un amparo y obtener una suspensión provisional, la jueza volvió a negar las medidas de protección, argumentando falta de competencia. Afirmó que el imputado no acudió a una audiencia programada y que ella continúa sin contacto con sus hijos, quienes —según dijo— no tienen acceso a comunicación con ella.

“Temo por mi vida y por la vida de mis hijos”, expresó Armendáriz García, quien aseguró encontrarse en una situación de riesgo constante y en crisis emocional. En su declaración, calificó los hechos como violencia vicaria y acusó a la jueza de actuar con misoginia y apatía ante su caso.

Finalmente, reconoció el trabajo de la Fiscalía de Camargo, señalando que ha actuado con diligencia en la integración de la carpeta de investigación, pero sostuvo que las decisiones judiciales la han dejado en estado de indefensión.

Durante un pronunciamiento reciente, el presidente municipal de Camargo, Jorge Aldana, abordó el tema del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos, luego de que surgiera la propuesta de modificar el esquema de cumplimiento, planteando pagos anuales de 400 millones de metros cúbicos en lugar del modelo quinquenal vigente.

El alcalde expuso que este planteamiento representa un escenario complejo para el sector agrícola, especialmente para las regiones productoras del norte del país. Señaló que el tratado actual establece tiempos claros y mecanismos que permiten cumplir sin poner en riesgo el abastecimiento local, por lo que cualquier modificación debe analizarse con responsabilidad y conocimiento técnico.

Aldana consideró que uno de los principales factores de preocupación es la falta de claridad y firmeza en la postura del Gobierno Federal ante este tema, particularmente en un contexto internacional marcado por presiones políticas y comerciales. Indicó que la incertidumbre se incrementa cuando existen mensajes contradictorios en asuntos sensibles como el comercio exterior y la distribución del agua.

Asimismo, destacó que los productores han sostenido la actividad agrícola pese a las dificultades climáticas y a las limitaciones del recurso hídrico, por lo que subrayó la importancia de que las decisiones que se tomen a nivel federal prioricen al campo mexicano. Añadió que desde los municipios se mantiene la disposición de respaldar acciones que realmente beneficien al sector productivo.

En su mensaje, reiteró que Chihuahua no permitirá la extracción de agua de las presas La Boquilla ni Las Vírgenes para cumplir con esquemas que no estén contemplados en el tratado vigente. Señaló que esta postura ha sido sostenida desde 2019 y continuará en los próximos años, en concordancia con lo expresado por la gobernadora Maru Campos.

Finalmente, el presidente municipal subrayó que la defensa del agua es una causa común para autoridades y productores, y que el compromiso con el campo va más allá de cargos públicos, al tratarse de una responsabilidad con la región y con quienes dependen directamente de la actividad agrícola.