La cantante colombiana Shakira ha rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía en España para evitar ser juzgada por cuatro delitos contra la Hacienda pública y ha decidido ir a juicio por supuesto fraude fiscal, dado que confía “plenamente” en su inocencia.

Según informó este miércoles la agencia de comunicación de la artista, su equipo legal mantuvo conversaciones con la Fiscalía de Barcelona (noreste) para alcanzar un acuerdo que rebajara la pena que podría corresponderle, pero decidió rechazar la última oferta del ministerio público.

En un comunicado, Shakira asegura que ha optado por “dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón”.

Pese a que acusación y defensa no alcanzaron un acuerdo de conformidad, lo que no habría evitado que Shakira se sentara en el banquillo, la cantante aún podría pactar con la Fiscalía hasta el mismo día del juicio.

Su voluntad siempre ha sido seguir adelante en el proceso penal, sin conformarse con una rebaja de la condena que podría corresponderle, destaca el comunicado.

Para la cantante, este caso “constituye un total atropello” a sus derechos, puesto que ha demostrado siempre “una conducta impecable, como persona y contribuyente, y una plena disposición a solventar cualquier diferencia desde el primer momento, incluso antes del proceso penal”.

”Aún discrepando” del criterio de su equipo jurídico sobre el supuesto fraude fiscal, la artista devolvió 17,4 millones de dólares a la Hacienda española, la suma presuntamente defraudada más los intereses, y “desde hace muchos años no existe ninguna deuda pendiente”, recuerda.

Shakira lamenta que “jamás” en ningún otro país se ha topado con una “persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada”, “ni un uso tan evidente de la presión mediática y reputacional como mecanismo recaudatorio”.

La Hacienda española reclamó unos 14,7 millones de dólares al ver indicios de que en 2012 la cantante ya residía en España y estaba obligada desde entonces a tributar en este país, pero supuestamente ocultó ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.

La artista ya pagó esos 14,7 millones de dólares y otros tres de intereses, lo que no impide que pueda ir a juicio por supuesto fraude fiscal entre 2012 y 2014.

El caso se remonta a 2017, cuando los denominados “papeles del paraíso”, una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelaron que residía en Barcelona junto a su marido, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y sus dos hijos, pero estaba supuestamente domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas.

El mes pasado la artista anunció su separación del jugador, su pareja en los últimos doce años.

La investigación aseguraba además que la cantante gestionaba en dos países con ventajas fiscales, Malta y Luxemburgo, unos 32 millones de dólares por derechos de autor de sus canciones.

Los abogados de la cantante aclararon que residía en las islas Bahamas desde 2004 pero los años siguientes tuvo que viajar “sin parar”, que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar y que la gestión de esos millones se realizaba desde 2007 a través de una sociedad maltesa que “cumple con todos los requisitos legales”.

MUDANZA Y CONDICIONES

Ante el acoso por parte de la prensa que sufren en la propiedad en la que habitaba la familia completa, Shakira solicitó la posibilidad de radicarse en Miami con los pequeños, de 9 y 7 años; hecho ante el que el marcador central en principio se negó. Pero según el programa La mesa caliente (Telemundo), habría cambiado de posición y estaría dispuesto a firmarle los permisos, con dos condiciones innegociables.

¿Cuáles son? Que le garantice cinco pasajes en primera clase por año para visitar y estar cerca de los niños y un monto fijo de 400.000 dólares para pagar una vieja deuda. Así, al menos por el momento, Shakira y Piqué se alejarían, más allá del plan urdido por los padres de ambos para intentar una reconciliación.

Con información de Infobae