Tras una serie de desencuentros entre los legisladores de Morena y los partidos de oposición, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados de México decidió aplazar la discusión de la reforma eléctrica que es impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Será entonces este domingo 17 de abril cuando se discuta la iniciativa en el pleno de los diputados; el debate comenzará a las 10 horas.

De acuerdo con lo pactado anteriormente, la discusión de la reforma se iba a realizar este martes 12 de abril; sin embargo, hasta la tarde del lunes 11, la bancada de Morena en la Cámara Baja no contaba con el apoyo suficiente de los legisladores de oposición por lo que se esperaba que la iniciativa no tuviera los votos necesarios para su aprobación, pues al ser un cambio constitucional, se requiere del visto bueno de las dos terceras partes del Congreso.

Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) acordaron pernoctar en el palacio legislativo para evitar que manifestantes y simpatizantes de Morena les impidieran el paso para poder votar la reforma.

Sin embargo, ¿de qué va la reforma energética de López Obrador? ¿Por qué la oposición, los empresarios e incluso Estados Unidos la rechaza? ¿Qué pasará si la iniciativa no es aprobada?

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere devolver el poder a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de las empresas privadas, que tienen una mayor apuesta por las renovables y el gas natural.

Ya existe una ley en este sentido, pero como ha sido recurrida en los tribunales ahora López Obrador intenta consolidar los cambios mediante una reforma constitucional que, según alertan sus críticos, sólo generará más litigios y menos inversiones.

¿Cómo era el sector eléctrico antes del gobierno actual?

Durante décadas, la CFE era la única que podía comercializar electricidad en México.

Y primero se permitió a privados generar energía para su autoabastecimiento, que era incentivado en el caso de las energías renovables. Con la reforma de 2013 se liberalizó la generación y venta de electricidad para los grandes usuarios, aunque la CFE mantuvo el monopolio en distribución y en venta a particulares.

El gobierno construyó gasoductos para importar gas natural de Estados Unidos y hubo un auge en las inversiones porque la CFE abría convocatorias para comprar electricidad a empresas privadas.

La iniciativa de López Obrador 

El actual presidente señalaba la reforma de 2013 dejaba la “puerta abierta a la corrupción” y a la privatización de la CFE. Además, argumentaba que las compañías privadas —fundamentalmente estadunidenses y españolas— se beneficiaron de contratos, según él, fraudulentos.

El mandatario propuso una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada en 2021, que garantizara al Estado la generación de al menos 54 por ciento de la electricidad que necesita el mercado.

La normativa establece que la electricidad debe ser comprada primero a las plantas gubernamentales, las cuales se alimentan mayormente de combustibles fósiles como carbón, petróleo y diésel. Si aún hay demanda, la cubrirán las plantas privadas de energía renovable y gas natural.

La ley permite además revisar o incluso anular contratos suscritos con las empresas privadas y deja inoperativo al órgano regulador que actuaba de árbitro del mercado; sin embargo, compañías acudieron a los tribunales y denunciaron que se violaban acuerdos internacionales firmados por México. Estos litigios bloquearon temporalmente su aplicación, aunque siguen en curso.

De forma paralela, se intentó que la Suprema Corte declarara inconstitucional la ley, pero aunque la mayoría de sus integrantes estaba a favor no alcanzaron la mayoría necesaria para hacerlo.

¿Qué hay ahora en debate?

Dado que la Ley de la Industria Eléctrica está parcialmente inoperativa, el gobierno propuso una reforma constitucional exactamente en esa misma línea que consolidaría la rectoría de la CFE y las compañías estatales sobre el mercado energético.

La idea de López Obrador en materia energética se ha topado con varios obstáculos: la oposición, los empresarios y Estados Unidos.

Los partidos de oposición (es decir, el PRI, PAN, PRD y MC ) se han negado a unirse a la propuesta del gobierno federal, argumentando que es contraria a libre competencia económica, además de que no apuesta a las energías limpias y renovables. De hecho, los tres primeros grupos políticos presentaron una contrapropuesta y de 12 puntos fueron adoptados nueve por Morena, pero aun así, se han pronunciado en contra del proyecto impulsado por el mandatario.

En tanto, la iniciativa privada en México lanzó incluso un sitio web para mostrarse en contra de la reforma de AMLO. “No requerimos de un cambio constitucional, requerimos sentarnos a la mesa, contextualizar de lo que estamos hablando porque las posiciones se han radicalizado de una manera tremenda y los números no tienen sustento”, aseguró Carlos Salazar Lomelín, ex titular del CCE en el video de lanzamiento del sitio a finales de enero pasado.

De acuerdo con los empresarios, el plan de López Obrador “regresaría a México a un modelo energético que es casi idéntico al que existía en la década de 1960”.

Pero también Estados Unidos se unió a las voces de condena y en varias ocasiones ha enviado a integrantes del equipo del presidente Joe Biden a reunirse con el presidente de México, siendo John Kerry, enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, el último en charlar con el mandatario.

Mientras que el pasado 31 de marzo Kerry charlaba con López Obrador, desde el Capitolio Katherine Tai, titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), aseguró que la política energética propuesta por el gobierno de México “daña y preocupa” a los inversionistas estadunidenses e indicó que la administración Biden analiza las opciones legales bajo el contexto del T-MEC para implementar posibles sanciones a México ante la reforma energética que impulsa Morena.

Además, potenciando la generación de energía por parte de la CFE, especialistas creen que México difícilmente podrá cumplir sus compromisos para frenar el cambio climático.

El plan B de López Obrador

El presidente de México no descarta que la reforma energética que sugiere no pase de la Cámara de Diputados pues, dijo, hay muchos intereses de por medio y los legisladores están sometidos a varias presiones.

“Toco madera”, dijo López Obrador, quien compartió su plan B para el tema de litio en caso de que la reforma energética no sea fructífera: reformar la Ley Minera.

“En el caso de que no se alcance la mayoría absoluta, al día siguiente envío la ley para reformar la Ley Minera y proteger el litio”, sentenció el mandatario de México en su conferencia de prensa de este 11 de abril.

Para la reforma de ley, dijo, no se requiere mayoría absoluta como para la reforma y recordó la importancia de proteger el litio de México.

“Es un mineral estratégico para el desarrollo independiente de México, que no debe de ser entregado a particulares, mucho menos a extranjeros, que debe ser propiedad del pueblo y de la nación”, aseveró.

Con información de Sputnik y Ap