El Senado de la República aprobó en “fast-track” la minuta que crea la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales.

En lo general, la iniciativa se aprobó con 85 votos a favor y 36 en contra. En lo particular se avaló con 82 votos a favor y 34 en contra.

La discusión en el Pleno de la Cámara Alta inició poco después de su aprobación en la Cámara de Diputados. El bloque Morena-PT-PVEM clasificó la minuta como de “urgente resolución” y rechazó la moción suspensiva del PAN que pretendía detener la discusión.

Mientras la oposición acusó una “traición” a los campesinos, Morena sostuvo que la reforma busca garantizar el derecho al agua.

¿Qué es la Ley de Aguas?

La Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992 en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, deriva del artículo 27 constitucional y regula el uso y administración del agua en el país.

La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea un nuevo marco basado en el artículo 4, que reconoce el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano, buscando actualizar la legislación para garantizar su distribución, protección y gestión sostenible acorde con las necesidades actuales.

La reforma también crea el Registro Público de Agua Nacional, un Fondo de Reserva de Aguas para comunidades sin acceso y contempla la cancelación de concesiones acaparadas o sin uso. Además, endurece sanciones por robo de agua y regula obras privadas de captación pluvial que han alterado ciclos hidrológicos.

¿Por qué los campesinos están en contra de esta reforma?

Productores agrícolas, principalmente del norte del país, advirtieron que la eliminación de la transmisión privada de concesiones genera incertidumbre, pues el acceso al agua forma parte del valor de sus tierras.

Aunque Conagua aseguró que herencias y compraventa de predios seguirán permitidas, los agricultores afirman que no existe claridad sobre los nuevos trámites ni sobre cómo se protegerán sus derechos históricos.

Sobre las críticas, Efraín Morales afirmó que la reforma plantea “un profundo cambio en la visión del manejo del agua” y permitirá combatir el mercado negro del recurso. Señaló que algunos grupos “ven afectados intereses favorecidos durante muchos años” y acusó la existencia de una “campaña de desinformación” en su contra.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que quienes rechazan la reforma “tienen muchísimas concesiones de agua”, muchas de ellas sin uso o incluso irregulares, por lo que consideró necesario “poner orden”.

Con información de López-Dóriga Digital.

Durante la sesión de este 3 de diciembre, el diputado federal Tony Meléndez manifestó en tribuna su voto en contra del Dictamen de la nueva Ley General de Aguas, al señalar que la propuesta no cumple con el mandato constitucional de garantizar el derecho humano al agua, y por el contrario, destruye derechos adquiridos y vulnera la seguridad jurídica del sector productivo.

Meléndez explicó que la reforma desplaza el sentido original del artículo 4°, que reconoce el agua como un derecho humano fundamental, para sustituirlo por una visión de control absoluto desde el artículo 27, tratándola únicamente como un bien nacional sujeto a rectoría estatal. “Ese cambio significa que las personas dejan de estar al centro, y su lugar lo ocupa la discrecionalidad del gobierno”, afirmó.

El diputado advirtió que el Dictamen limita la transmisión de concesiones en ventas, arrendamientos y herencias, obligando a solicitar autorización administrativa para cada movimiento, lo cual —dijo— implica una afectación patrimonial grave y una confiscación de facto de derechos que legítimamente pertenecen a productores y familias.

Señaló además que la reforma incrementa sanciones administrativas y penales sin criterios técnicos y sin proporcionalidad, criminalizando actividades comunes del sector agrícola y ganadero, y concentrando facultades en una nueva “Autoridad del Agua” que elimina funciones de los organismos de cuenca, debilitando la gobernanza local.

Al referirse a la realidad del país, y particularmente de Chihuahua, Meléndez recordó que el INEGI reportó en 2023 que la actividad agropecuaria consumió más del 32% del agua utilizada en la economía, con un costo superior a 102 mil millones de pesos por agotamiento y degradación hídrica. Indicó que, en regiones productivas como Delicias, Meoqui, Camargo, Ojinaga y Jiménez, los agricultores viven ciclos extremos de sequía donde cada litro de agua define la continuidad de la cosecha.

Afirmó que, con la reforma, actividades esenciales como mover agua en pipas o abastecer zonas urbanas en periodos de desabasto podrían ser castigadas con multas de hasta 4 millones de pesos, afectando a productores y también a miles de familias en zonas metropolitanas que dependen del suministro por pipas.

Meléndez subrayó que, mientras la reforma fue construida “desde un escritorio”, el PRI sí escuchó a la gente. Recordó que a través de foros nacionales se consultó a más de 8 mil personas, y que en Chihuahua se recabaron testimonios directos de agricultores, ganaderos y especialistas que documentaron riesgos y propusieron soluciones que hoy no fueron consideradas en el Dictamen.

Durante su participación, el legislador chihuahuense reiteró las propuestas del PRI para una ley verdaderamente justa y técnica: proteger la transmisión hereditaria, venta y arrendamiento de concesiones sin discrecionalidad; garantizar el mínimo vital de 60 litros diarios para uso personal y doméstico; evitar penalizaciones desproporcionadas; fortalecer las capacidades técnicas de CONAGUA y organismos locales; y promover apoyos reales para la tecnificación del riego y la recarga de acuíferos.

Tony Meléndez concluyó que el grupo parlamentario del PRI vota en contra de estas disposiciones regresivas, al sostener que la reforma sustituye el derecho por la discrecionalidad, la técnica por la amenaza sancionadora y la justicia por decisiones tomadas a puerta cerrada.

“El derecho humano al agua exige una ley que garantice acceso, certidumbre y seguridad jurídica. Esta reforma no lo cumple. El PRI defenderá una ley que proteja el mínimo vital, que resguarde el patrimonio de quienes producen alimentos y que construya gobernanza técnica, no autoritarismo administrativo”, puntualizó.

Por mayoría calificada, el Senado de la República eligió a Ernestina Godoy como próxima fiscal de la República.

Ernestina Godoy Ramos es una abogada y funcionaria pública mexicana con una extensa trayectoria en la administración pública, la legislación y la procuración de justicia. Es conocida por su compromiso con la izquierda política y ha ocupado puestos clave tanto a nivel local en la Ciudad de México como en el ámbito federal.

Nació el 17 de enero de 1954 en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y es fundadora del Movimiento de Regenación Nacional (Morena).

TRAYECTORIA PROFESIONAL DE ERNESTINA GODOY

La carrera de Ernestina Godoy se ha caracterizado por su participación en la defensa social y su cercanía con las figuras de la izquierda mexicana.

A mediados de los años 80, instaló un despacho para brindar atención legal a las víctimas del sismo de 1985 en la Ciudad de México.

Fue representante de la sociedad civil en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar firmados por el EZLN y el Gobierno Federal.

CARGOS EN EL GOBIERNO DE CDMX

• Colaboró con Andrés Manuel López Obrador desde el año 2000 como Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos en la Consejería Jurídica del D.F.

• Tuvo participación en la Procuraduría Social del Distrito Federal y en la Alcaldía Iztapalapa.

CARRERA LEGISLATIVA

• Diputada Local: Fue diputada en la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2012-2015).

• Diputada Federal: Fungió como diputada federal en la LXIII Legislatura (2015-2018).

• Diputada Local (CDMX): En 2018, fue electa diputada al primer Congreso de la Ciudad de México, donde fue Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y Presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

• Senadora: Fue electa Senadora de la República por la Ciudad de México en las elecciones de 2024, cargo que ocupó brevemente en septiembre de ese año antes de solicitar licencia.

PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

• Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México: Ocupó el cargo de diciembre de 2018 a enero de 2020.

• Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México: Tras la transición de Procuraduría a Fiscalía, se convirtió en la primera Fiscal General de Justicia de la CDMX, ejerciendo del 10 de enero de 2020 al 9 de enero de 2024. Su gestión se enfocó en el combate a la corrupción, la impunidad y la violencia de género, aunque su proceso de ratificación para un segundo periodo fue rechazado por el Congreso local.

CARGOS RECIENTES

• Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal: Fue nombrada Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ocupando el puesto de octubre de 2024 a noviembre de 2025.

• Encargada de Despacho de la Fiscalía General de la República (FGR): Asumió el cargo como encargada de despacho el 28 de noviembre de 2025 tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Con información de López Dóriga Digital