Este día, en sesión del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se sometió a votación la reforma constitucional en materia electoral propuesta por el oficialismo.

El resultado fue de 259 votos a favor, 234 en contra y 1 abstención, cifra que no alcanzó la mayoría calificada requerida, por lo que el proyecto fue desechado.

Ante este resultado, el diputado federal Tony Meléndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reiteró la postura de su bancada en defensa del equilibrio democrático y de las instituciones electorales del país.

El legislador señaló que las reformas a la vida democrática de México deben construirse mediante el diálogo, el consenso y el respeto a las reglas que garantizan la pluralidad política.

“En México la democracia no se impone: se construye con equilibrio, respeto a la ley y reglas claras para todos”, expresó.

Tony Meléndez subrayó que el PRI votó con responsabilidad y con una visión de Estado, privilegiando la estabilidad del sistema electoral y la certeza para la ciudadanía.

Finalmente, el diputado reiteró que el Grupo Parlamentario del PRI continuará trabajando desde el Congreso para fortalecer las instituciones democráticas, garantizar procesos electorales transparentes y defender la participación equitativa de todas las fuerzas políticas del país.

Las y los integrantes de la 68 Legislatura del Congreso local, aprobaron por unanimidad de los presentes, el dictamen de reforma constitucional con la que se garantiza que el Estado deberá asegurar el acceso pleno al derecho de movilidad para las y los ciudadanos en igualdad, especialmente el servicio a personas con discapacidad y de grupos en situación de vulnerabilidad y a estudiantes de zonas urbanas y rurales.

Lo anterior, fue presentado ante el Pleno por el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, integrante de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana, quien detalló que las autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones, deberán garantizar que todas las unidades que integran el transporte público estén en buen estado.

También, resaltó que se deberá de ofrecer dentro de las mismas, un espacio apropiado y confortable, en óptimas condiciones higiénicas, mecánicas, en emisión de contaminantes y de seguridad. Para este efecto, deberá realizarse un adecuado mantenimiento periódico y dejar de circular cuando dejen de cumplir con los fines establecidos.

Es preciso mencionar, que en atención a lo que dispone el artículo 202 de la Constitución del Estado de Chihuahua, deberá de enviarse copia de la iniciativa, del dictamen y del diario de los debates del Poder Legislativo a los 67 ayuntamientos, para su cómputo de los votos y la declaración de haber sido aprobada la reforma a la Constitución del Estado.

Además de esto, se aprobó por mayoría de votos, el dictamen que contiene la modificación al decreto 56/2010 I P.O. para corregir el nombre a quien se enajena predio de 30 mil metros cuadrados, es decir, quitar “Sindicato de Salud” y sustituir por “Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud”.

Este documento fue leído por el diputado Ismael Pérez Pavía, miembro de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana, quien mencionó que estas acciones son parte de una corrección administrativa y de técnica dentro del Congreso del Estado para el cumplimiento cabal del proceso de enajenación del inmueble mencionado.

Se señaló que el predio será destinado a una unidad deportiva como espacio de recreación, salud física y convivencia que fortalece el bienestar integral del gremio, que promueve la salud mental y física, y contribuye a la cohesión entre quienes comparten una misma vocación de servicio.

Se detalló que se agrega: “El adquirente utilizará el inmueble: única exclusivamente para la construcción de un centro deportivo y recreativo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, y así mismo, deberá terminar la obra de construcción en un plazo no mayor de dos años, a partir de la entrada en vigor del decreto, de lo contrario, el bien se revertirá al patrimonio del Estado”.

La 68 Legislatura del Congreso de Chihuahua, envió al Congreso de la Unión una iniciativa con carácter de decreto para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, con el objetivo de fortalecer la participación de los municipios en la mejora de la infraestructura y el equipamiento de los planteles educativos.

El dictamen fue presentado ante el Pleno por la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, instancia legislativa encargada del análisis y estudio de la propuesta.

En la exposición del dictamen por parte de la Comisión dictaminadora en voz de la diputada Nancy Frías Frías, destacó que garantizar el derecho a la educación implica no solo el acceso al sistema educativo, sino también contar con condiciones materiales adecuadas para el aprendizaje, como instalaciones seguras, funcionales y accesibles que permitan el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

En ese sentido, agregó que la infraestructura educativa constituye un elemento fundamental para asegurar una educación de calidad, equitativa y efectiva, por lo que la participación coordinada de los gobiernos resulta indispensable para fortalecer los entornos escolares.
Es así que, con las reformas se busca que los municipios en el ámbito de sus competencias, destinen recursos presupuestales y celebren convenios para el fortalecimiento de la educación pública en su territorio, coadyuvando con la Federación y los estados en la ampliación de infraestructura y equipamiento educativos.

Asimismo, se advierte que las acciones que realicen los municipios serán de carácter complementario y no sustituirán las obligaciones constitucionales o legales de la Federación y los Estados; se sujetarán a la celebración de convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo.
Es de resaltar que los gobiernos municipales desempeñan un papel clave en esta tarea, debido a su cercanía con la comunidad educativa, lo que les permite identificar de manera directa las necesidades de los planteles, desde deficiencias en infraestructura hasta carencias en servicios básicos o equipamiento, por ello se fortalece a dicha figura.

La iniciativa enviada al Congreso de la Unión, plantea reformar el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que los municipios, en el ámbito de sus competencias, puedan destinar recursos presupuestales y celebrar convenios para fortalecer la educación pública en su territorio, coadyuvando con la Federación y los estados en la ampliación de infraestructura y equipamiento educativo.

De igual forma, se propone adicionar un párrafo al artículo 116 de la Ley General de Educación para establecer que los ayuntamientos podrán invertir recursos propios en infraestructura escolar y equipamiento de planteles, en coordinación con las autoridades educativas estatales y federales, mediante mecanismos de colaboración institucional.

La propuesta dictaminada por la Comisión referida, fue presentada por las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.