NACIONAL
Esto es lo que debes de saber sobre tu dinero guardado en el banco
Esta semana causó alarma entre gran parte de la población mexicana una reforma aprobada por la Cámara de Diputados al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), de la que se dijo permitiría al gobierno “apropiarse” del dinero de cuentahabientes depositado en cuentas corrientes. De inmediato se prendieron los focos rojos y se ha dicho de todo. Hoy, para tu tranquilidad, quiero despejar muchas dudas.
En principio debemos tener claro, que dicho artículo ya existía en la LIC desde el 2008, producto de una reforma enviada por el presidente Felipe Calderón a la Cámara de Diputados el 20 de agosto de 2007. En efecto, dicha disposición legal establece actualmente que los depósitos e inversiones y sus intereses, sin movimiento en el transcurso de tres años y cuyo importe no exceda por cuenta al equivalente a 51 mil pesos, prescribirán (perder el derecho por no ejercerlo) en favor del patrimonio de la beneficencia pública.
Me di a la tarea de revisar la fundamentación o la motivación que utilizó el Poder Ejecutivo (en su iniciativa) y el Poder Legislativo (en su dictamen) para establecer en aquel momento dicha medida. Es bastante curioso que de los más de 50 artículos de la LIC que fueron reformados, respecto del artículo 61, ninguno de estos reparó en formular un apartado en el que se explicara por qué se estaba tomando esa medida. Dicho de otra forma, lo dejaron pasar sin mayor debate y así se quedó desde esos años hasta ahora.
La reforma que aprobó la Cámara de Diputados, y que ahora pasará a la Cámara de Senadores para su ratificación, no alteró la esencia de lo que hasta hoy existe; es decir, se sigue manteniendo el plazo de tres años para la prescripción antes citada. Lo que sí cambió fue el destino del dinero. Así, mientras la legislación vigente dispone que los recursos prescritos deben pasar a favor de la beneficencia pública, el proyecto aprobado destina dichos recursos a las dependencias encargadas de la seguridad pública.
Sin embargo, más allá de los loables fines que se puedan tener, en este caso y al igual que en el 2007, la Cámara de Diputados tampoco analizó por qué los recursos en las cuentas que no tengan movimientos durante tres años deben pasar a manos de un tercero, sea la beneficencia o cualquier otro ente público.
Tampoco creas que los bancos no tienen ni tendrán responsabilidad alguna para aplicar los recursos de forma inmediata. De hecho, tengo registro de varias sentencias firmes emitidas por el Poder Judicial Federal, en que se ha condenado a las entidades bancarias a reembolsar recursos girados a la beneficencia pública. Llegado el plazo, básicamente tiene que notificar al cuentahabiente y a sus beneficiarios que la cuenta bancaria ha estado inactiva por más de tres años, y otorgarle 90 días para que se presenten a realizar el retiro de los fondos.
En algunos de los casos que he revisado, se ha determinado que basta hacer dicha mención en el estado de cuenta para tenerlo por debidamente notificado, y en otros, los jueces han sido un poco más estrictos y han resuelto que dicha notificación debe constar de manera fehaciente por medios más formales y explícitos, además de acreditar de forma indubitable la realización de las transferencias a la beneficencia pública, lo cual, hasta donde he visto, en pocos casos acontece.
La iniciativa fue presentada el 11 de octubre de 2022 ante el pleno de la Cámara de Diputados y sin que haya sido turnada a alguna Comisión del Congreso; se dispensaron todos los trámites y se votó de forma inmediata ese mismo día. No es inusual que se aprueben reformas legislativas por esta vía, está previsto en las normas parlamentarias; sin embargo, en todos los casos, existe la obligación de fundar y motivar el porqué de dichas razones, hecho que no aparece justificado y que, de ser recurrido por un particular ante el Poder Judicial Federal, con toda certeza aparejará una eventual declaración de inconstitucionalidad.
Nota de Latinus
Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, apelaron este viernes la sentencia que cumple en EE. UU. por narcotráfico reclamando violaciones al debido proceso, entre estas que el tribunal “abusó” de su discreción al negar una audiencia para un nuevo juicio.
García Luna, que ocupó el importante cargo durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012), fue condenado en octubre del 2024 a 38 años de prisión además de dos millones de dólares de multa, por delitos de narcotráfico, colaboración con el crimen organizado (el Cartel de Sinaloa) y por falso testimonio ante las autoridades estadounidenses.
La apelación, un documento de 78 páginas y extensos anexos fue presentada el jueves y busca anular la condena o se ordene un nuevo juicio y se basa en cinco argumentos principales que incluyen además que enfrentó un proceso en el que se dio validez a testigos sin credibilidad que, afirman, hicieron declaraciones falsas, y además reclaman en la apelación la forma en que fueron valoradas las pruebas.
“La condena impuesta a García Luna fue procedimental y sustancialmente irrazonable, se basó en información errónea y fue sorprendentemente mayor a lo necesario para satisfacer los fines de la sentencia”, señala el documento, presentado en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en Nueva York, de acuerdo con los medios.
La defensa ha argumentado además que no se les permitió interrogar a testigos clave ni acceso a información clasificada (ocultamiento de evidencia exculpatoria) en un caso que estuvo “irremediablemente contaminado”. y que aseguran afectaron su derecho a un juicio justo, que resultó en una condena que consideran desproporcionada tras un juicio en la corte federal para el Distrito Este de Nueva York.
Indicaron además al tribunal de apelaciones que durante el juicio se presentaron pruebas que aseguran no estaban relacionadas con los delitos que se le imputaron, como las fotografías de sus propiedades.
Durante la lectura de sentencia, Cogan acusó al mexicano de haber llevado “una doble vda”.
García Luna, que fue declarado culpable en febrero del 2023 y sentenciado año y medio después, ha mantenido su reclamo de inocencia y cumple su condena en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en Colorado, donde también cumple sucadena perpetua ‘el Chapo’ Guzmán.
Las decisiones del tribunal sobre las apelaciones tardan entre seis meses y dos años.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),confirmó este viernes 19 de diciembre de 2025 la detención de un líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación identificado como Armando “N”, también conocido como el Delta.
Por medio de un mensaje en su cuenta de X, García Harfuch indicó que esta detención ocurrió en Jalisco, llevadas a cabo por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y de la SSPC.
El funcionario federal explicó que el Delta 1 está señalado por homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.
En un comunicado, la SSPC apuntó que tras labores de investigación e inteligencia, fuerzas federales dieron seguimiento a Armando “N”, líder de una célula delictiva, con presencia en varios municipios de Jalisco, además de ser responsable de la expansión de un grupo criminal en Michoacán.
Con esta información se implementaron diferentes técnicas con las que se recopilaron datos de prueba y se obtuvo una orden de reaprehensión por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina, con fines de comercio.
Fue así que, al realizar recorridos de seguridad, en el la colonia Colinas de Atemajac, en Zapopan, los efectivos lo ubicaron, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de reaprehensión en su contra.
Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.
García Harfuch también informó del hallazgo e inhabilitación de un laboratorio clandestino en Durango, que era utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.
El funcionario federal destacó que esta instalación estaba ubicada a tan solo 10 kilómetros de Tepehuanes.
En el lugar aseguraron cuatro reactores, 12 destiladores, diversas ollas y bidones, 250 bultos de sosa cáustica, galones con tolueno y sustancias químicas, además, de utensilios de trabajo y maquinaria.
Con información de López-Dóriga Digital
NACIONAL
Aseguran fábrica de autos blindados y decomisan camiones tipo monstruo en Coahuayana, Michoacán
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán detalló que se dio un duro golpe al crimen organizado en el municipio de Coahuayana.
Por medio de de un comunicado este viernes 19 de diciembre de 2025 y en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la autoridad estatal informó del aseguramiento de una bodega en donde presuntamente se fabricaban vehículos con blindaje artesanal.
Se indicó que la bodega se localizó tras cumplimentar una orden de cateo en la calle Bugambilias de la colonia Centro.
En dicha bodega fueron decomisados ocho unidades, de las cuales, dos son camiones tipo monstruo.
También se aseguraron un total de 47 bolsas de plástico con metanfetamina, además de dos bolsas con mariguana.
Se explicó que los vehículos asegurados se encontraban en proceso de fabricación para ser equipados con un blindaje improvisado.
La SSP de Michoacán indicó que las unidades y la droga fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente, el con el objetivo de que sigan las investigaciones.
El 6 de diciembre de 2025 un coche bomba explotó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, que dejó un saldo de seis muertos.
La Fiscalía de Michoacán apuntó esta semana que la organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría detrás de esta explosión.
Dicha autoridad confirmó que la explosión fue provocada por un artefacto explosivo activado a distancia, lo que revela las tácticas empleadas por grupos criminales en la región.
Por este hecho, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación por delincuencia organizada tras la explosión de un automóvil frente a las citadas instalaciones.
Con información de López-Dóriga Digital
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