El diputado federal Tony Meléndez lanzó un enérgico señalamiento al oficialismo durante la discusión del dictamen que reforma la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, al advertir que la mayoría pretende vender una narrativa falsa sobre una ley que, en los hechos, vulnera derechos, criminaliza al productor y centraliza el control político del agua.

Meléndez subrayó que el Grupo Parlamentario del PRI votará en contra porque se trata de una legislación regresiva y punitiva, construida sin escuchar al campo y que lastima la igualdad de condiciones que debería garantizar el Estado.
“Nosotros creemos en el derecho humano al agua para todas y todos. Pero este dictamen lo restringe, lo complica y lo convierte en un instrumento de control”, señaló.

El legislador enfatizó la contradicción ideológica del gobierno federal, a quien acusó de traicionar los valores que dice defender:

“Qué irónico que un gobierno que se dice de izquierda atente contra los ideales de la Revolución Mexicana. Esta ley golpea al pequeño productor y vulnera el derecho a la tierra, un derecho ganado por generaciones”.

Uno de los puntos más críticos del dictamen es la adición al artículo 22 que establece que los derechos apartados en las concesiones no serán objeto de transmisión, una medida que afecta directamente a pequeños propietarios, limita su patrimonio y genera incertidumbre jurídica.
“Dicen que protegen al campo, pero aprueban un artículo que lo lastima. ¿Por qué quieren engañar al pueblo de México?”, cuestionó el diputado.

Meléndez advirtió también que la nueva redacción permite a la Autoridad del Agua reasignar discrecionalmente volúmenes de concesiones, abriendo espacio a la corrupción y al uso faccioso del poder.

“Es una ley hecha para controlar, no para garantizar derechos; para castigar, no para construir soluciones.”

El diputado lamentó que el oficialismo insista en maquillar el dictamen diciendo que escucharon a productores y que se garantizaron sus derechos, cuando —dijo— las reformas presentadas “no son más que parches mal elaborados y contradictorios que empeoran el acceso al agua en lugar de resolverlo”.

A ello se suma el abandono de la infraestructura hídrica del país:
“En el Valle de México se desperdician 21 mil 500 litros de agua por segundo por fugas, y menos del 10% del agua residual es tratada. ¿Por qué no arreglan eso? ¿Por qué prefieren criminalizar al productor en vez de solucionar lo urgente?”

Finalmente, Meléndez advirtió que este dictamen centraliza el control del agua, lesiona el federalismo y debilita al municipio, reiterando el compromiso del PRI con la defensa del campo y con una legislación que realmente garantice el derecho humano al agua.

“No a una ley que engaña, no a la contradicción del oficialismo, no a la criminalización del productor.
El agua es un derecho humano, no un instrumento de control político.”