Bajo la figura de amicus curiae o “amigos de la corte”, Belice, Bermudas, Antigua y Barbuda, organizaciones civiles antibélicas, así como 25 fiscales y 14 procuradores estadunidenses respaldaron a México para fortalecer la demanda contra fabricantes de armas por comercio negligente.

Ante las mociones de desestimación que han presentado los equipos legales de las armerías destaca el apoyo de Chesa Boudin, fiscal de distrito en San Francisco, quien señaló que los artefactos traficados por la frontera gracias a las prácticas ilegales de las empresas terminan en manos de los cárteles.

Maura Healey, la procuradora general de Massachusetts, es quien encabezó la petición de parte del grupo de fiscales estatales de amicus curiae ante la Corte en Boston, donde desde agosto está alojada la demanda del gobierno mexicano.

California, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York y Oregón son las otras entidades que apoyan al país a través de sus procuradurías estatales.

En el escrito, del que MILENIO tiene copia, los fiscales explican a la Corte por qué la interpretación de las empresas demandadas por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) se desvía del texto llano del estatuto, de la intención del Congreso al promulgar esa ley y de las normas de construcción estatutaria fundamentales para el sistema federal de gobierno.

“Explicamos que el PLCAA preserva el derecho de los demandantes a ejercitar acciones alegando violaciones conscientes de los estatutos estatales aplicables a la venta o comercialización de armas de fuego, incluyendo los estatutos de protección al consumidor de aplicación general”, señalan.

Algunas de las organizaciones que se han sumado a México en su demanda son Giffords, una asociación civil con sede en Estados Unidos que es dirigida por la ex legisladora demócrata Gabrielle Giffords, y la Fundación Brady y Everytown for Gun Safety (o Cada Pueblo para la Seguridad de Armas) que cuenta con cerca de ocho millones de simpatizantes.

La respuesta

Luego de que ayer se cumpliera el plazo establecido por la Corte en Boston, la defensa de México, encabezada por el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, y el abogado estadunidense especializado en este tipo de casos, Steve Shadowen, presentó la respuesta a los argumentos iniciales de las defensas de las empresas.

La petición mexicana se da como parte del proceso en respuesta a que a finales de noviembre pasado las armerías presentaran una serie de argumentos contra la demanda.

Entre algunos de los puntos principales de la defensa de las empresas que presentaron mociones en conjunto y por separado está que no tienen la obligación legal de proteger al gobierno mexicano de criminales en su territorio que usen sus armas y apelar a la protección que les brinda la PLCAA para no ser demandados por mal uso de sus productos,

Además, manifestaron, México no logró establecer hechos que demuestren que las prácticas comerciales de los acusados son la “causa próxima de las lesiones infligidas por los cárteles de la droga mexicanos”.

Sin embargo, en su exposición, el equipo legal de la cancillería sostiene que el juez debe denegar la petición luego de que las defensas de las empresas involucradas en la demanda no documentaron los argumentos suficientes para terminar con el caso desde antes que llegue al estrado.

“La moción de los demandados para desestimar la demanda busca la impunidad de esta conducta. Ellos niegan que ayuden a mover sus armas a México, y sostienen que, incluso si lo hacen, la Protección de Comercio Legal de Armas les excluye de esta demanda”, se lee en el memorándum de oposición de México a la moción conjunta de los armeros para desestimar la demanda.

El equipo legal sostiene que las empresas fabricantes de armas se equivocan en su intento de interpretar la ley PLCAA a su favor, pues ésta les excluye de demandas sólo cuando son específicamente identificadas en casos que causen lesiones que ocurren en Estados Unidos.

“Como resultado del uso indebido de armas que es criminal bajo la ley de Estados Unidos, y en cualquier evento no protege a las empresas de armas donde, como aquí, violan a sabiendas los estatutos nacionales aplicable a la venta de armas”, señalaron.

Finalmente, ante el argumento de que la demanda presentada por México como un gobierno extranjero ante una corte estadunidense representa “un choque de valores nacionales”, a pesar de que no se demanda al gobierno encabezado por Joe Biden sino a empresas privadas, la defensa mexicana enfatizó que lejos de eso “esta demanda refleja la coordinación y el respeto mutuo por los derechos, valores y responsabilidades de cada país soberano dentro de su propia jurisdicción”.

Con información de Milenio