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Corte Suprema de Perú ratifica 18 meses de prisión preventiva para Castillo

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La Corte Suprema de Perú determinó que el expresidente Pedro Castillo continúe en la cárcel, al rechazar la apelación que presentó su defensa contra los 18 meses de prisión preventiva que recibió el pasado 15 de diciembre, una semana después de ser destituido por intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto.

“Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratifica resolución que ordenó 18 meses de prisión preventiva contra expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente, conspiración para rebelión) en agravio del Estado”, señaló el Poder Judicial en un mensaje publicado en Twitter.

El tribunal, que preside el magistrado César San Martín, también varió la orden de comparecencia con restricciones impuesta en primera instancia al ex primer ministro Aníbal Torres y le impuso el impedimento de salida del país por 18 meses.

En la resolución, la sala suprema declaró “infundado el recurso de apelación” presentado por la defensa de Castillo y “fundado en parte” el pedido de la Fiscalía para que se varíe la situación de Torres.

Confirmó, de esa manera, la decisión tomada en primera instancia por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien en ese momento señaló que había encontrado “fundados elementos de convicción” de la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Durante la audiencia celebrada este miércoles, el abogado de Castillo, Wilfredo Robles, acusó a la Fiscalía de mostrar “un afán de acumular delitos” en contra del exmandatario y dijo que no hay fundamentos suficientes para mantener la prisión preventiva.

Robles sostuvo que Castillo no llamó a levantarse en armas durante el mensaje que ofreció el 7 de diciembre pasado y también alegó que cuenta con arraigo laboral, ya que debe volver a ejercer su puesto de maestro en una escuela rural del norte del país.

El abogado consideró que no existe peligro de fuga y se preguntó si su cliente tiene que cumplir prisión preventiva por el apoyo que le dan otros mandatarios, en referencia a la predisposición que ha manifestado el Gobierno de México de otorgarle asilo político.

Castillo también intervino en la audiencia y, tras afirmar que la prisión preventiva que cumple es injusta y una venganza política, pidió su liberación.

“Yo jamás he cometido un delito de rebelión. No me he levantado en armas y tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie, pero si debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más 30 peruanos es el actual Gobierno”, sostuvo respecto a las 28 personas que han fallecido en protestas ocurridas en el país las últimas semanas.

El exmandatario permanece detenido desde el 7 de diciembre, cuando fue detenido tras anunciar en un discurso que iba a disolver el Congreso, gobernar por decreto, intervenir en la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente, lo que ha sido interpretado mayoritariamente como un fallido intento de golpe de Estado.

Por su parte, la fiscal suprema adjunta Silvia Sack Ramos explicó que el Ministerio Público pide que Castillo continúe en prisión por la gravedad del intento de golpe de Estado y el peligro de fuga.

También pidió que se revoque la comparecencia con restricciones dictada para Torres, quien era asesor jurídico de Castillo, y que continúe el proceso en prisión preventiva puesto que, según sus palabras, este “no fue un simple espectador” del anuncio del exgobernante y participó en su diseño y planificación.

Al dictar la prisión preventiva contra Castillo, el juez Checkley señaló el pasado 15 de diciembre que tomó la medida porque el exgobernante afronta la posibilidad de recibir al menos cuatro años de prisión y existía el peligro de fuga, ya que había intentado dirigirse a la Embajada de México en Perú para pedir asilo.

 

 

 

Con información de EFE

 

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“No los ven humanos”: así es el único centro de detención para familias migrantes en EE.UU.

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Rejas, rostros tristes y una sola petición: “déjennos ir”. Así ilustra uno de los cinco hijos de Hayam El-Gamal su experiencia tras más de ocho meses recluidos en el único centro para familias migrantes que permanece en funcionamiento en Estados Unidos.

Las instalaciones, ubicadas en Dilley (Texas), a unos 130 kilómetros al sur de San Antonio, estuvieron cerradas durante varios años en el mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025) y fueron reabiertas por el Gobierno de Donald Trump como parte de su campaña para acelerar los arrestos y deportaciones de migrantes.

Más de mil 400 personas permanecen retenidas en Dilley, entre ellas unos 400 menores de edad, incluidos bebés aún en etapa de lactancia. Y viven en condiciones inadecuadas, agravadas ahora por un brote de sarampión, según denunciaron cuatro abogados que han representado o representan a migrantes en el centro.

“No hay atención médica real para migrantes”

Hayima Al-Gamal y sus cinco hijos, los menores dos gemelos de cinco años, fueron trasladados a Dilley, centro que gestiona el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras ser arrestados por las autoridades federales en Colorado en junio del año pasado.

El esposo de Hayima, Mohamed Sabry Soliman, está siendo acusado por el Gobierno de llevar a cabo un ataque contra un grupo de personas que participaban en una marcha pro-Israel en Colorado.

Hayima y sus abogados sostienen que la familia no tenía conocimiento sobre los planes de su marido, y un agente del FBI corroboró esto ante un tribunal federal.

En estos meses en detención, mientras sus abogados luchan por impedir que el Gobierno los deporte a Egipto y apruebe su solicitud de asilo, la familia ha vivido en carne propia la falta de atención médica adecuada en el centro, según relató Eric Lee, uno de sus abogados.

Uno de los hijos de Hayima, de 16 años, tuvo apendicitis y cuando pidió ayuda al personal, “retorciéndose del dolor”, “le dijeron que se tomara dos paracetamol”. No fue sino hasta que “casi se desmaya, se cayó al piso y comenzó a vomitar”, que lo llevaron de urgencia al hospital, relató Lee.

La experiencia de los El-Gamal concuerda con lo que Javier Hidalgo, abogado de la ONG RAÍCES Texas, que ofrece servicios legales a decenas familias detenidas en Dilley, ha escuchado de los detenidos.

“No hay ningún tipo de atención médica real”, aseguró Leal, “casi todos los niños presentan algún síntoma de enfermedad en algún momento, ya que el lugar es un verdadero foco de gérmenes”.

Después de confirmar dos infectados por sarampión, el Gobierno confinó el centro hace unos días. Desde entonces, aseguran los abogados, no ha habido mucha transparencia sobre la situación en el interior.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que el personal médico está “monitoreando” a los detenidos y tomando pasos necesarios “para prevenir que la infección avance”.

“Todos los detenidos están recibiendo el cuidado médico adecuado (…) esta es la mejor atención sanitaria que muchos extranjeros han recibido en toda su vida”, aseguró Tricia McLaughin, portavoz de DHS.

Leal expresó dudas sobre la voluntad o capacidad del Gobierno para confinar el centro por un periodo prolongado para contener la infección: “es algo que no hicieron ni siquiera durante la pandemia”.

 “Una cárcel para niños en EE.UU.”

El dibujo que los niños El-Gamal hicieron de la cárcel es un reflejo del impacto que la detención prolongada tiene en los menores de edad.

Un estudio publicado en 2025 en el British Journal of Psychiatry, que analizó los efectos de la detención migratoria en menores en varios países, reveló que el 42 % de los niños en estas condiciones sufren depresión.

Verónica Franco, abogada de inmigración basada en Houston, ha visto que los daños en la salud mental de los menores se mantienen incluso después de quedar en libertad.

Ella defendió a una familia nicaragüense, padre y madre y un menor de 7 años, que pasaron más de un mes en Dilley, después de ser detenidos en una cita de control anual con ICE en San Antonio y pese a tener una solicitud de asilo pendiente.

“La mayor parte de las veces, a estas personas no las ven como seres humanos”, relató.

Esto incluye la pérdida del proceso escolar en los menores, que, según los abogados, solo reciben un libro y un paquete “educativo” para hacer ejercicios diariamente, pero no acompañamiento de un profesor o profesora.

Y es que, la detención de menores migrantes en EE.UU. aumentó de forma pronunciada durante el primer año del Gobierno de Donald Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a 25 durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden.

“Creo que la frase: ‘hay una cárcel para niños en EE.UU.’ debería ser suficiente para (alarmar) a todo el mundo”, insistió Chris Goodman, abogado en la firma de Lee y representante también de la famlia El-Gamal.

 

 

 

Con información de EFE

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EE.UU. aprueba importar hasta 80 mil toneladas de carne de res extra de este año

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que permitirá la importación de un cupo adicional de 80 mil toneladas métricas de carne magra de Argentina en 2026 para garantizar el suministro de carne molida en el país.

En la orden, divulgada por la Casa Blanca, Trump sostiene que la medida que beneficia a Argentina se debe a que el suministro interno de carne magra de res “será insuficiente para satisfacer la demanda a precios razonables debido a un desastre natural (sequía e incendios) y a una perturbación grave del mercado nacional”.

Las 80 mil toneladas de carne de res magra asignadas a Argentina serán administradas por orden de llegada en cuatro tramos trimestrales de 20 mil toneladas métricas cada uno y el primer envío está previsto para el 13 de febrero próximo.

Con esta medida, Trump está modificando temporalmente el contingente arancelario de carne de res y busca estabilizar los precios en el mercado, luego de que este producto alcanzara precios récord a finales de 2025 de hasta 6.69 dólares por libra, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales.

Un día antes de anunciar esta medida, Estados Unidos y Argentina firmaron un acuerdo para eliminar aranceles recíprocos para más de 2 mil productos de ambos países de una diversa gama de sectores productivos.

El nuevo acuerdo exclusivo para la carne magra argentina sucede después de que en noviembre de 2025 el presidente argentino, Javier Milei, viajara a Miami para el America Bussines Forum, donde había adelantado que Trumpbeneficiaría al país suramericano con una cuota de importación de carne como muestra de la estrecha cooperación comercial entre ambos países.

El respaldo de Washington a Buenos Aires también se ha reflejado en el plano financiero, ya que el año pasado el Departamento del Tesoro de EE.UU. respaldó las gestiones del Gobierno de Milei ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos, en el marco de un esquema de asistencia que incluyó compromisos de financiamiento por unos 40.000 millones de dólares.

 

Con información de EFE.

 

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EE.UU. ataca otro buque en el Pacífico; mata a dos tripulantes

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EE.UU. realizó este jueves un ataque contra un buque supuestamente operado por organizaciones del narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, y dos tripulantes murieron durante la acción enmarcada dentro de la misión “Lanza del Sur”.

El Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses anunciaron el ataque letal con un vídeo publicado en sus redes sociales y confirmaron la muerte de las dos personas a quienes calificaron como “narcoterroristas”.

Al menos 119 personas han muerto, desde agosto de 2025, en ataques contra presuntos barcos cargados de drogas como parte de una campaña, denominada Operación Lanza del Sur, que según la administración Trump tiene como objetivo reducir el tráfico de narcóticos.

El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede en medio de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington ,quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidense en aguas internacionales iniciaron en el Caribe y fueron la previa a la intervención militar del 3 de enero con el que la Administración Trump detuvo a Nicolás Maduro en Caracas, para trasladarlo a una cárcel federal de Nueva York.

 

 

Con información de EFE

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