La influencia política y retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha contribuido a un deterioro de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, donde varios gobiernos han cometido abusos contra migrantes y ciudadanos propios, o han utilizado las políticas de Washington como justificación para reforzar prácticas represivas, advirtió Human Rights Watch (HRW).

En su Informe Mundial 2026, la organización señala que, durante el primer año del nuevo mandato de Trump, algunos países de América Latina violaron los derechos de personas extranjeras a instancias directas de la administración estadounidense, mientras que otros profundizaron políticas de seguridad basadas en detenciones masivas, militarización y uso excesivo de la fuerza.

“El impacto de la administración Trump ha sido indudablemente negativo en América Latina y el Caribe”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, quien subrayó que, pese a ello, los gobiernos de la región siguen siendo responsables de defender la democracia y los derechos fundamentales, independientemente de quién gobierne en Washington.

El informe destacó que Estados Unidos recortó de manera significativa la ayuda exterior destinada a organizaciones de derechos humanos y medios independientes, mientras que países como El Salvador, Perú y Ecuador aprobaron leyes que permiten el cierre arbitrario de organizaciones civiles y medios de comunicación, debilitando los contrapesos democráticos.

HRW también criticó lo que considera una doble vara de la política exterior estadounidense, que ha condenado reiteradamente las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero ha ignorado abusos graves en países aliados como El Salvador, Ecuador y Perú.

El documento alertó además sobre el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela a inicios de 2026, que, según la organización, podría fortalecer al gobierno represivo venezolano y responder a intereses políticos y comerciales de Washington.

La organización instó a los gobiernos latinoamericanos a oponerse a los ataques marítimos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, que han causado la muerte de más de 120 personas, lo que podría constituir ejecuciones extrajudiciales bajo el derecho internacional.

En el ámbito migratorio, el informe documentó abusos generalizados contra personas deportadas desde Estados Unidos, mientras que Panamá y Costa Rica detuvieron arbitrariamente a ciudadanos de terceros países.

El Salvador sometió a venezolanos deportados a desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, y la República Dominicana intensificó la deportación de haitianos hacia contextos de alto riesgo, en posible violación del derecho internacional.

Crimen organizado, una amenaza
La expansión del crimen organizado es identificada como una de las principales amenazas a los derechos humanos en la región. El caso más extremo es Haití, donde grupos criminales controlan el 90 % de Puerto Príncipe.

En países como Brasil, México, Colombia y Ecuador, las respuestas estatales han incluido operativos letales, ampliación de facultades de inteligencia y suspensión prolongada de derechos fundamentales

En México, HRW señala que el Gobierno ha combinado el fortalecimiento de la inteligencia con medidas que abren la puerta a detenciones masivas, como la ampliación de la prisión preventiva obligatoria. En Brasil, una redada policial en Río de Janeiro dejó 122 personas muertas, mientras que en Colombia, durante la implementación de la estrategia de “paz total”, grupos armados ampliaron su control territorial.

Pese al panorama adverso, HRW subraya que periodistas y organizaciones de derechos humanos siguen siendo un bastión clave para la defensa de la democracia, aunque operan en un entorno cada vez más hostil. La organización llamó a los gobiernos de la región a respaldar su labor, en lugar de criminalizarla o restringirla.

Con información de EFE

Los residentes permanentes en Estados Unidos (aquellos con ‘green card’) dejarán de calificar para los préstamos otorgados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) a partir del 1 de marzo, según anunció la agencia en un memorando que limita el beneficio a empresas de propiedad 100 % estadounidense cuyos dueños residan en el país.

La SBA ya había endurecido los requisitos para estos préstamos, conocidos como 7(a), en diciembre pasado, al permitir únicamente que calificaran las empresas con hasta un 5 % de su propiedad en manos de un extranjero, un titular de “green card” o un ciudadano estadounidense que resida fuera del territorio de Estados Unidos.

Sin embargo, en un memorando emitido este lunes, la SBA eliminó la posibilidad para acceder al popular préstamo de usos múltiples, con un monto máximo de 5 millones de dólares.

Antes de los cambios efectuados por la Administración del Gobierno del presidente Donald Trump, las pequeñas empresas podrían calificar al préstamo si el 51% pertenecía a un estadounidense que viviera dentro de Estados Unidos.

La nueva restricción que se aplicará desde el 1 de marzo ha generado críticas del senador Edward J. Markey y la representante Nydia Velázquez, miembros de alto rango, los comités de Pequeñas Empresas en ambas cámaras, condenaron hoy el cambio.

“En lugar de apoyar a los inmigrantes legales que trabajan arduamente para iniciar o expandir un negocio, la SBA de Trump opta por el odio al prohibir que los titulares de la tarjeta de residencia reciban préstamos de la SBA”, declararon los legisladores, del Partido Demócrata, en un comunicado.

El senador Markey señaló que en septiembre pasado recibió información directamente de los prestamistas de la SBA sobre los problemas con los requisitos de verificación de ciudadanía.

En diciembre pasado, los miembros demócratas del Comité de Pequeñas Empresas del Senado enviaron una carta a la SBA reiterando su preocupación por los requisitos de ciudadanía y destacando una disminución en el volumen de préstamos otorgados, pero no han recibido respuesta.

Con información de EFE

Autoridades de Francia catearon este martes 3 de febrero de 2026 la sede de la red social X y citaron a su propietario, Elon Musk, para que comparezca ante la Justicia del país el próximo 20 de abril para un interrogatorio, anunció la Fiscalía gala en un comunicado.

“Se ha llevado a cabo un registro (…) por parte de la sección de lucha contra la ciberdelincuencia de la Fiscalía de París, junto con la unidad nacional ciber de la Gendarmería y Europol, en el marco de la investigación abierta en enero de 2025”, anunció la Fiscalía, que precisó además que dejará de publicar en dicha red social.

La investigación, en manos de la Dirección General de la Gendarmería (Policía) Nacional (DGGN), se produce tras la recepción de dos denuncias, el 12 de enero de 2025 y el 9 de julio de 2025.

La investigación se amplió tras otras denuncias que señalaban el funcionamiento del modelo de Inteligencia Artificial de Grok en la plataforma X, que habría provocado “la difusión de contenidos negacionistas y ‘deepfakes’ de carácter sexual”.

Entre los cargos penales que se investigan, la Fiscalía citó el de “complicidad en la posesión de imágenes de menores de carácter pedopornográfico”, “atentado contra la representación de la persona (‘deepfakes’ de carácter sexual)”, “extracción fraudulenta de datos de un sistema de tratamiento automatizado de datos, en banda organizada” y el de manipulación de algoritmos o sistemas informáticos.

La Fiscalía aclaró que ha decidido convocar a los responsables de la plataforma X, entre ellos a Musk, a través de la figura legal del “interrogatorio libre” que permite comparecer ante la Justicia sin estar detenido.

Se trata de un paso procesal formal para saber si finalmente se imputa formalmente al magnate. Para no acudir a este tipo de “interrogatorio libre” es necesario presentar una justificación válida.

La convocatoria de Musk está fijada para el próximo 20 de abril, la misma fecha en la que debería presentarse Linda Yaccarino, directora ejecutiva de X.

Con información de EFE