Por lo menos en cinco de 15 estados donde el próximo domingo se elegirá gobernador hay 40 municipios en alerta roja en materia de seguridad por la disputa de territorios por parte del crimen organizado, que en algunos lugares ya advirtió que no permitirá la colocación de casillas e incluso ha impedido la realización de campañas.

En Chihuahua, San Luis Potosí, Michoacán, Sinaloa y Sonora las autoridades reconocen que se encuentran atentos ante los recientes hechos violentos registrados, en los que destacan los asesinatos del candidato a la alcaldía de Cajeme por Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta Gutiérrez, y del director de la policía estatal preventiva de Sinaloa, Joel Ernesto Soto.

Las elecciones más grandes en la historia han estado marcadas por la violencia, el homicidio de al menos 34 candidatos en 11 estados y por aspirantes que frivolizaron las propuestas políticas.

A unos días de las elecciones, candidatos de ocho estados donde se renovarán gubernaturas han declinado en respaldo de aspirantes con mayores posibilidades de triunfo. Michoacán es uno de los estados donde la próxima jornada electoral del 6 de junio puede estar comprometida en al menos 12 de los 113 municipios por la presencia de grupos delictivos.

Los cárteles, en su mayoría de la zona de Tierra Caliente, han vedado la actividad electoral impidiendo que candidatos de todos los partidos realicen campaña en sus territorios. Según el Instituto Electoral del estado, Zamora, Aguililla, Apatzingán y Chinicuila se encuentran en alerta roja, en términos de tener comprometida su elección. Son las zonas donde operan cárteles como el de La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el de Tepalcatepec y el Jalisco Nueva Generación.

En total, se calcula que 65 casillas están en riesgo de no ser instaladas, con lo que 4 mil 349 personas dejarían de ejercer su voto. En Chihuahua, hay mayor atención en 14 de sus 67 municipios, donde en años pasados se documentaron agresiones, denuncias y homicidio de candidatos, informó  la fiscalía estatal.

Las alcaldías donde se complica cotidianamente la seguridad debido al crimen organizado son: Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Chínipas, Bocoyna, Jiménez, Coronado, Parral, Chihuahua, Juárez, Urique, Guachochi y Madera.

En San Luis Potosí, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, secretario general de Gobierno, señaló que los focos rojos se encuentran sobre todo en la región de la Huasteca, en las zonas de Ciudad Valles, Tamuín, Xilitla, Aquismón, Tampamolón y San Martín, además de Soledad, Villa de Reyes y Matehuala. En varias de esas demarcaciones ya se han consignado eventos de violencia extrema.

Mientras en Sinaloa, a menos de una semana de la jornada electoral la violencia se puso de manifiesto con el reciente asesinato del director de la policía estatal preventiva, Joel Ernesto Soto, y amenazas a dos candidatos a gobernador.

Una es Yolanda Cabrera Peraza, de Redes Sociales Progresistas, quien anunció que solicitará custodios para el día de la elección y otro es Ricardo Arnulfo Mendoza, del PES, quien recientemente informó que continuará lo que resta de la campaña utilizando un chaleco antibalas. Ambos denunciaron que las amenazas son con tintes políticos para que declinaran.

En Sonora, ocho candidatos a los distintos cargos de elección popular han solicitado protección por cuestiones de seguridad, confirmó la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, Guadalupe Taddei. De acuerdo con las estadísticas de homicidios, los municipios que son considerados problemáticos en materia de seguridad en ese estado son Guaymas, Empalme y la región de El desierto de Altar, donde se ubican Caborca y Sonoyta, lugares que son fuertemente disputados por bandas del crimen organizado.

El indicador de Violencia Política en México de 2021, realizado por Etellekt Consultores, registra 238 agresiones contra políticos, con un saldo de 61 víctimas de asesinato (53 hombres y ocho mujeres). La secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, informó que son siete estados los que concentran más de la mitad de eventos de violencia política y tiene mayor riesgo de que aspirantes a un puesto de elección popular puedan ser cooptados por la delincuencia organizada.