Ayer, a las 19:30 horas, Alonso Ancira Elizondo abandonó el Reclusorio Norte luego de llegar a un acuerdo reparatorio de 216 millones 664 mil dólares, sin pago de intereses, por los daños causados a Petróleos Mexicanos (Pemex) en la compra fraudulenta de la planta Agronitrogenados.

Al salir, a bordo de una camioneta blindada Mercedes Benz negra, el empresario vestía traje gris con camisa blanca, sin corbata; iba sonriente y con un puro en la mano izquierda.

Su abogado, Antonio Frank, informó que se dirigió de inmediato a su domicilio. “Está muy bien. Va a su casa a ver a su familia”.

El ex socio mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA) permaneció en la cárcel poco más de dos meses en México, luego de que fue extraditado desde España el 3 de febrero pasado. Ese mismo día fue detenido y vinculado a proceso por el delito de lavado de dinero, por lo cual quedó en prisión preventiva justificada ante el riesgo de evadirse de la justicia. Se le acusó de sobornar con 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, para lograr la compraventa de Agronitrogenados.

Ayer se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial que duró tres horas, donde el juez José Artemio Zúñiga suspendió el proceso penal en contra de Ancira, quien a cambio se comprometió a cubrir los daños en tres anualidades. Realizará los pagos el 30 de noviembre de 2021, 2022 y 2023, y una vez que termine se declarará extinta la acción legal en su contra y el proceso concluirá de manera definitiva.

En principio, el ofrecimiento era que el empresario pagara 219 millones de dólares en cuatro años, pero las autoridades afectadas rechazaron la petición y señalaron que si no era en tres años no habría acuerdo.

“Todo quedó muy bien, se firmó el acuerdo reparatorio. El acuerdo es dejarlo en libertad y pagarle a Pemex 216 millones de dólares”, en un plazo de tres años; es decir, poco más de 72 millones anuales. “Se suspendió la acción penal hasta que se pague el monto”, informó Frank, tras concluir la diligencia a las 15 horas.

Por separado, Mauricio Flores, otro de sus abogados, indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera se opuso al acuerdo reparatorio, al referir que el daño que causó podría ser mayor, pero el juez de control rechazó la petición.

“El señor ofreció diversas garantías, entre ellas más de 50 propiedades, bienes e inmuebles. De las cuentas bancarias ya se inició el procedimiento de desbloqueo”, agregó.

En tanto, autoridades ministeriales federales precisaron –ante la declaración de uno de los abogados de Ancira– que no se desistieron del procedimiento en contra de este individuo, sino que a solicitud de la Fiscalía, el juez del conocimiento suspendió el procedimiento, a condición de que Ancira cumpla con todos sus compromisos de reparación del daño; en caso contrario, se continuará con el ejercicio del procedimiento penal correspondiente.

El acuerdo fue signado por el propio imputado y por su hermano José Eduardo, presidente de Grupo Acerero del Norte, firma que quedó como corresponsable de cubrir los pagos. Por Pemex rubricó su gerente contencioso, Rodrigo Loustaunau Martínez.

Ancira cobró notoriedad en el mundo empresarial cuando en 1991 su familia adquirió AHMSA, una de las muchas empresas paraestatales que fueron privatizadas por Carlos Salinas de Gortari, quien entonces ocupaba la Presidencia. Pagaron por la siderúrgica 145 mil millones de pesos.

En 2014, Pemex, entonces bajo la dirección de Lozoya, compró una de sus filiales, Agronitrogenados, una planta de fertilizantes.

En julio del año pasado, al rendir su declaración preparatoria, el ex director de Pemex aceptó que la transacción fue un fraude, pues las instalaciones eran inútiles.

Las investigaciones de la FGR señalan que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabin) visitó la planta de Agronitrogenados y advirtió que llevaba inactiva más de 14 años, por lo cual ponerla en marcha requeriría más inversión que los beneficios que podría aportar.

Sin embargo, la compraventa se realizó, Lozoya recibió a cambio varios depósitos en cuentas de sus empresas y una casa en Guerrero.

Luego de que se descubrió el contubernio, Ancira huyó a España, donde fue detenido en mayo de 2019, en el aeropuerto de Mallorca, gracias a que el gobierno de México pidió a la Interpol una ficha roja en su contra.

El empresario, de 69 años, buscó evitar su extradición, pagó una fianza para permanecer en libertad mientras estuviera en Mallorca, pero finalmente la Audiencia Nacional de España autorizó su entrega a la justicia mexicana.