El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación reveló que de los tres mil 814 aspirantes a jueces, magistrados y ministros, sólo mil 48 cumplen con los requisitos para pasar a la segunda etapa, llamada de idoneidad.

Esto significa que casi tres cuartas partes de los que se inscribieron fueron descartados.

Para ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 25 personas cumplen con los requisitos. Destacan la exprocuradora Marisela Morales, la magistrada de Tribunal Federal de Justicia, Magda Zalema Mosri Gutiérrez, esposa del general Rafael Macedo de lq Concha, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, Javier Molina Martínez, consejero de la Judicatura Federal y Rosa Elena González, quien en 2014 fue electa consejera de la Judicatura Federal.

En el caso de magistradas y magistrados de Tribunal de Disciplina Judicial, nueve personas fueron electas, entre ellas Jorge Antonio Cruz Ramos, Jorge Isaac Lagunas Leano, Denisse de los Ángeles Uribe, Gabriela Villafuerte, Rubén Jesús Lara Patrón, Adriana Favela y Luis Espíndola Morales.

De acuerdo con Milenio Diario, para integrar las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 33 aspirantes fueron elegibles.

Para Tribunales Colegiados de Apelación resultaron 24, para juzgados de Distrito 575 y 374 para Tribunales Colegiados.

Con información de Rubén Mosso.- Milenio

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo a un inmueble en Baja California, en el que fueron asegurados 139 kilos de droga, cerca de 62 kilogramos de probable fentanilo y 77 kilogramos de otras sustancias, además de máquinas utilizadas para la producción de narcóticos.

La autoridad federal informó en un comunicado que el operativo ocurrió en la localidad de Estación Coahuila de Mexicali.

En esta acción en Baja California participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la dirección del Ministerio Público Federal (MPF).

Según la FGR, en el lugar se encontraron contenedores y bolsas con las sustancias, además de una máquina mezcladora metálica y una tableteadora.

El inmueble y los materiales asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar la responsabilidad de quienes operaban el sitio.

El fentanilo es una sustancia altamente peligrosa y vinculada a la crisis de sobredosis en varios países, en especial en Estados Unidos.

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su Gobierno logró la incautación “más grande que se haya hecho” de pastillas de fentanilo en un operativo el pasado 3 de diciembre en Sinaloa, al confiar en que, con ello, baje la violencia en la entidad.

“Es una investigación que venía desde hace tiempo y ayer da estos resultados. Es la incautación más grande que se haya hecho de pastillas de fentanilo”, explicó en su conferencia de prensa matutina tras la incautación de cerca de 300 kilos de fentanilo en un domicilio y otros 800 kilos de la misma droga en un vehículo.

Los esfuerzos por combatir el fentanilo se dan a la par de la exigencia de las autoridades estadounidenses, el tiempo del reclamo del Gobierno mexicano por el trasiego de armas para el crimen organizado que ha incrementado la letalidad en la ola de violencia que enfrenta el país.

Con información de EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) clarificar la manera en que se gastarán siete mil millones de pesos para la elección judicial de 2025.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo detalló que de esta manera podría justificarse para qué quieren más recursos.

“Sería muy bueno que el INE dijera en qué va a gastar porque ellos originalmente pidieron más presupuesto que en el 2024, recuerden que 2024 fue el año de la elección más grande que había habido en la historia de México. Junio fue la elección más grande la historia de México, eso significó todas las casillas, significó financiamiento a partidos políticos, financiamiento a candidatos y candidatas, es decir muchas cosas que no va a haber en la elección a personas del Poder Judicial, no va a haber financiamiento a campañas y en este caso pues la pregunta es en qué se va a gastar”, aseveró.

“Si se dan estos 7 mil millones de pesos, la pregunta es, quieren más, hablan de por lo menos 2 mil millones de pesos más, yo creo que es importante informarle al pueblo de México en qué se destina”, sostuvo.

“La pregunta es cómo van a destinar estos siete mil millones de pesos que la Cámara de Diputados les asignó, que sea público, abierto, que lo conozca el pueblo de México y si requieren más recursos ¿Por qué requieren más recursos? (…) No es nada más decir requiero 10 mil millones de pesos, sino por qué requieres 10 mil millones”, puntualizó.

La mandataria mexicana explicó que si el INE clarifica el costo de la elección judicial de 2025 “pues el pueblo de México, no solo el Gobierno, puede enterarse por qué están pidiendo 10 millones de pesos”.

“Esa es la solicitud, que el INE transparente la elección y por qué dicen que van a reducir a la mitad el número de casillas”, destacó.

El Instituto Nacional Electoral detalló que ajustará la organización de la elección de la elección judicial, tras el recorte presupuestal para el año próximo de más de 13 mil millones de pesos aprobado por la Cámara de Diputados.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró en conferencia de prensa que, a pesar de la reducción, el INE garantizará un proceso electoral confiable, seguro y tranquilo para la ciudadanía.

Explicó que las áreas técnicas del órgano autónomo ya trabajan en un análisis detallado para determinar los ajustes necesarios en la estructura y operatividad del proceso, priorizando la cobertura geográfica y el derecho al voto de los ciudadanos.

Entre las medidas de ajuste se incluye la posible instalación de un menor número de centros de votación en lugar de las 172 mil casillas inicialmente previstas.

También se revisará la contratación de los supervisores y capacitadores electorales, cuyo número podría reducirse significativamente respecto a los 52 mil planeados.

Con información de López-Dóriga Digital