La Cámara de Diputados ultima la desaparición de 100 fideicomisos. El Gobierno garantiza que irá para cubrir la pandemia, pero la oposición y algunos analistas temen que sea utilizado para pagar la deuda o fines electorales

Una de las medidas más polémicas de la andanada de austeridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador volverá a debatirse esta semana. La Cámara de Diputados, en manos de Morena, tiene previsto discutir nuevamente el martes la desaparición de 109 fideicomisos, unos instrumentos de financiación para los organismos públicos de larga tradición en México, que impactará con fuerza en el sector científico, cultural, académico y deportivo. Desde su propuesta en abril, el recorte ha tenido en frente una enorme resistencia por parte de los sectores afectados, que incluso tuvieron la oportunidad de trasladar sus preocupaciones ante los diputados en unas jornadas de negociación en el Parlamento. Nada ha detenido el ajuste, una petición expresa del despacho presidencial. En un contexto de recesión económica agudizado sobremanera por la pandemia, la necesidad de conseguir ingresos públicos para cuadrar el presupuesto del año que viene se ha convertido en la máxima prioridad para el Gobierno.

Los legisladores de Morena tienen este martes una nueva oportunidad de sacar adelante una de las promesas de la campaña de López Obrador. El partido del Gobierno fracasó el jueves en la discusión del tema en el pleno, donde se enfrentaron al rechazo del resto de bancadas. Los cálculos quedaron cortos y Morena y sus aliados solo pudieron asegurarse 239 votos de los 251 necesarios para aprobar el dictamen. La sesión se cerró por falta de quórum y los legisladores fueron citados para la mañana del próximo martes.

La dimensión del recorte se ha ido profundizando con el paso de las etapas parlamentarias. El primer dictamen propuesto a la Comisión Presupuestaria del Congreso establecía que los fideicomisos a eliminar eran 44. Durante el debate, los parlamentarios lo elevaron a 55 y finalmente el texto final marca que serán 109 los instrumentos a erradicar. La suma de dinero en juego también ha estado rodeada de imprecisiones y confusión. La estimación inicial era 36.058 millones de pesos (unos 1.700 millones de dólares). López Obrador lanzó otra cifra durante la semana: 50.000. Hasta llegar a los 68.000 (más de 3.000 millones de dólares) que se votarán el martes.

Los sectores afectados han insistido en que el recorte afecta a cuestiones vitales para México y que la medida será desastrosa para el desarrollo científico y cultural del país. Además, tampoco queda claro si será posible disponer de la totalidad de los fondos de los fideicomisos. Estos instrumentos están conformados por recursos federales, pero también por dinero privado. “No se trata del dinero, sino de control”, apunta Alejandro Madrazo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una de las instituciones más prestigiosas del país, que se verá directamente afectada por esta medida. “Hay una cantidad relevante de fondos que provienen de organizaciones internacionales que deben destinarse a los gastos para los que estaban programados y a los que el Gobierno no tiene acceso”, añade el profesor. El recorte puede abrir también la puerta a demandas contra la Administración.

Otra vuelta de tuerca a la austeridad

Tampoco hay certeza sobre el nuevo destino del dinero. De momento, la propuesta es que entre en la hucha de Hacienda y sea utilizado para cuadrar el presupuesto. Los diputados de Morena y el propio presidente han defendido que el objetivo es cubrir gastos en materia de salud, golpeada por la pandemia. Pero tanto la oposición y como diversos analistas no lo tienen tan claro. “De momento lo que se ha producido es una apropiación de facto de los fondos para que se haga lo que el presidente quiera”, apunta Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Como parte de los cambios legislativos que deben decidirse, se abre la puerta a que los nuevos ingresos pasen a engordar la partida de “gastos no programables”, pues así lo marca la ley que regula el presupuesto sobre qué hacer con los excedentes. “El gasto no programable en su mayoría consiste en sanear la deuda y las transferencias a Estados y municipios, pero ni la salud ni los apoyos sociales son gastos no programables”, explica el experto en finanzas públicas, Carlos Brown.

“No hay garantía de que vayan a ir Sanidad, sino a las prioridades del Ejecutivo, que busca urgentemente ingresos”, añade Núñez. La necesidad de llenar la caja pública es la justificación de la draconiana austeridad aplicada desde el principio del sexenio. Rebaja de sueldos públicos, corte del 75% del gasto corriente de las instituciones federales o la utilización en un año de la mitad del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios.

La economía cerró en negativo el año pasado y la pandemia ha acelerado la anemia de las cuentas públicas mexicanas. La consecuencia es una mayor presión sobre la agenda de López Obrador. El presidente sigue empeñado en su negativa a acometer por fin una reforma fiscal, mientras que tampoco da un paso atrás en sus proyectos estrella: grandes obras de infraestructura, programas sociales y rescate del sector público energético. “Son proyectos muy costosos y en su mayoría anacrónicos o mal diseñados. Muchos son inversiones a fondo perdido”, añade Núñez. Pemex perdió en los seis primeros meses 606.600 millones de pesos (unos 28.000 millones de dólares). Un ritmo de 3.000 millones diarios. Todo el dinero de los fideicomisos se lo comería Pemex en 20 días.

La oposición va más allá en la preocupación por la discrecionalidad del uso de los fondos. “Son 68.000 millones que pueden ser manejados sin regla específica”, apunta Adriana Dávila, diputada del PAN. “Tememos que sirva para otros propósitos que no sean la política pública, como por ejemplo las elecciones. Este Gobierno ha demostrado que su principal objetivo es la política electoral”, añade la diputada, con la vista puesta en los comicios intermedios del año que viene que renovará la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas además de 2.000 alcaldías.

“El Gobierno está minando las condiciones estructurales que le dan autonomía a los periodistas, al cine, a los investigadores, a la academia, a los científicos… Espacios críticos. Lo que observamos es a un presidente con un afán por concentrar el poder para matar espacios de disidencia”, añade Madrazo. Representantes de su institución, el CIDE, estuvieron presentes en las negociaciones con los legisladores previas a la votación. “La mayoría de los diputados sí entiende que esto es una catástrofe, pero la mayoría también está sometida a la voluntad del presidente. Hay una verticalidad absoluta”, resume.

Los mismos detractores reconocen que no todos los fideicomisos funcionaban de forma transparente y regulada. “Hay muchos que son muy opacos. Pero es un tema de bisturí que se está atendiendo con machete. Se debería cuestionar uno a uno: cuáles se mejoran, cuáles se mantienen y cuáles se eliminan porque no tienen razón de ser. Pero la discusión se volvió general y además acelerada. Hemos zanjado el futuro de 109 fideicomisos de cultura, investigación en ciencia y tecnología y cambio climático, entre otros, en menos de una semana”, agrega Carlos Brown.