NACIONAL
Por temor a sanciones en México, migrantes de caravana regresan a su país
El gobierno de México advirtió con castigos de hasta 10 años de prisión para quienes ingresen al país sin medidas sanitarias, ante la crisis por el covid-19.
Luego de que México anunció una sanción de hasta 10 años de cárcel para quienes ingresen al país sin medidas sanitarias contra el covid-19, cientos de migrantes centroamericanos desistieron hoy de continuar su viaje en caravana hacia Estados Unidos, tras su salida de Honduras. Ayer, alrededor de 3 mil migrantes, principalmente hondureños, entraron de manera ilegal a Guatemala al romper los cercos de seguridad.
“Nos estamos regresando porque en la frontera de Guatemala y México el Presidente dijo que las normas que nosotros llevamos no eran las correctas y que estamos violentando muchas leyes”, dijo Nelson Aguilera, un migrantes que el jueves se unió a la caravana en Honduras, junto con su esposa e hija.
De acuerdo con testigos, grupos de migrantes comenzaron a regresar a la frontera entre Honduras y Guatemala, pues además de la advertencia de sanciones, enfrentan problemas como el mal clima y escasos apoyos ante la crisis económica.
Nelson Aguilera, que era parte de un grupo de 15 personas, agregó que además estaban deshidratados, algunos lesionados, y que llevaban dos días sin dormir.
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó ayer que se contemplan sanciones de tres días y hasta tres años de prisión para quienes “a sabiendas que estar enfermos de un mal grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro”.
Las penas suben a entre cinco y 10 años en Tabasco y Chiapas, estados fronterizos con Guatemala y por donde cada año entran miles de centroamericanos. En La Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era “muy raro” que se formara una nueva caravana desde Honduras, un país con toque de queda y que esto era “mucha casualidad”, previo a las elecciones en Estados Unidos.
NACIONAL
Derrumbe de mina en Sinaloa deja cuatro trabajadores atrapados
Se registró el derrumbe de una mina en el municipio de El Rosario, Sinaloa, que dejó cuatro trabajadores atrapados.
Según medios locales, dicho derrumbe ocurrió la tarde del miércoles 25 de marzo de 2026 en una mina operada por la empresa INSA CAMP en la sindicatura de Cacalotán, cerca de la comunidad de Chele, lo que obligó a un fuerte operativo por parte de autoridades y cuerpos de emergencia de la entidad.
En un primer momento once mineros quedaron atrapados, pero durante las primeras maniobras de rescate lograron ser rescatados con vida siete trabajadores.
Cuatro trabajadores no pudieron ser localizados, por lo que presume que permanecen al interior de la mina a una profundidad estimada de entre 150 y 300 metros
El director del Instituto Estatal de Protección Civil en Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas, detalló al medio Los Noticieristas que la Coordinación Nacional de Protección Civil entrará en apoyo de los cuatro mineros atrapados en dicha mina de El Rosario.
“Se están haciendo trabajos de perforación para poder tener contacto con ellos, eso lo está haciendo la empresa, finalmente pues ellos son expertos en el tema de la perforación y protocolos de seguridad, pero la instrucción del gobernador era hacer nuestro sistema de comando para colaborar con ellos”, destacó el funcionario estatal.
“Hemos tenido comunicación con la Coordinación Nacional de Protección Civil, con la licenciada Laura Velázquez, para que estuvieran enterados y nos mandan apoyo por parte del Gobierno Federal y de Defensa, están trabajando en el tema también”, puntualizó.
Con información de López-Dóriga Digital
NACIONAL
Gobierno de México confirma más de 130 mil personas desaparecidas en el país
El Gobierno de México confirmó que existen más de 130 mil personas desaparecidas en el país, al presentar un informe actualizado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a la vez que presentó los avances derivados de la revisión y depuración del sistema.
“De 2006 a la fecha hay 130 mil 178 registros de personas que continúan con estatus de desaparecidas.”, precisó durante la conferencia de prensa presidencial Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, la funcionaria detalló que, de 1952 a 2026 se tiene un registro de 394 mil 645 personas desaparecidas, de las cuales 262 mil 111 fueron localizadas, es decir, el 66 por ciento, y de ellas el 92 % fueron encontradas con vida.
Además, explicó que los registros desde 2006 suman 130 mil 178 casos, divididos en tres grupos según la información disponible.
El primer grupo, dijo, “corresponde a 46 mil 742, el 36 por ciento del total que no tienen datos completos”, lo que dificulta su búsqueda.
El segundo son 40 mil 308 casos (31 %) con datos suficientes y “actividades posteriores a la fecha de su desaparición”, incluyendo matrimonios, trámites civiles y registros en el INE. Informó además que gracias a los nuevos mecanismos, “ya fueron ubicadas cinco mil 269 personas” mediante verificación directa.
El tercer grupo incluye “43 mil 128 casos, el 33 por ciento del total”, con datos completos pero sin actividad reciente identificada. En este último grupo, solo tres mil 869 cuentan con carpeta de investigación, mientras que más de 26.000 son simples reportes sin indagatoria formal.
Por otra parte, detalló que de octubre de 2024 hasta marzo de 2026, se han localizado 31 mil 946 personas con reporte de desaparición.
Delito con dos etapas históricas
En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina, subrayó recordó que este delito tiene dos etapas históricas: la “guerra sucia”, vinculada a desaparición forzada desde el Estado entre los años 1950 y 1990, y la ola iniciada en 2006 con la “irresponsable guerra contra el narco”.
El funcionario destacó que, en 2025, tras hallazgos en el Rancho Izaguirre, utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de adiestramiento forzado, se ordenó fortalecer las capacidades de búsqueda y reformar las leyes en coordinación con colectivos.
En julio de ese año se publicaron reformas que establecen la alerta nacional de búsqueda, la apertura obligatoria de carpetas de investigación desde el primer reporte y la creación de herramientas como la plataforma única de identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que al recibirse un reporte, “se establece una alerta con todos los datos de la persona, que es distribuida de forma masiva e instantánea” a más de 500 instituciones.
Además, enfatizó que “es obligatorio que los reportes de desaparición incluyan la apertura de una carpeta de investigación” y detalló la creación de unidades especializadas, la base nacional de carpetas y la plataforma única de identidad.
El gobierno federal señaló que las nuevas reformas legales obligan a contar con datos mínimos de identidad desde el primer reporte, así como la apertura inmediata de carpetas de investigación, con el objetivo de dar mayor certeza a las familias.
Con información de EFE
NACIONAL
Bertha Gómez Fong será deportada a México
Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, será deportada a México tras ser detenida por elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos.
Por medio de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que la detención de Gómez Fong no es resultado de alguna solicitud emitida por la dependencia mexicana.
No obstante, una vez que fue detenida, la FGR recibió una solicitud por parte de la Fiscalía de Chihuahua, que cuenta con investigaciones abiertas contra la esposa de Duarte Jáquez.
Así, la FGR mantiene comunicación con autoridades de EE.UU. para llevar a cabo las gestiones necesarias para el regreso a México de Gómez Fong.
¿De qué se acusa a Bertha Gómez Fong?
De acuerdo con reportes, a Gómez Fong se le señala de apoyar la triangulación de recursos durante la administración de César Duarte, acusado de lavado de dinero por un monto de 7.3 millones de pesos.
En agosto de 2020, un juez ordenó la detención de Bertha Gómez, quien en su momento obtuvo un amparo.
Con información de López-Dóriga Digital
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