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NACIONAL

Senado rechaza solicitud de 15 legisladores de Morena para consulta contra ex presidentes

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De acuerdo con la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández, para aceptar la solicitud es necesario que la apoyen y firmen un tercio de los integrantes de la Cámara Alta. 

La Mesa Directiva del Senado no ha dado entrada a la solicitud de los 15 legisladores identificados como ‘radicales’ de Morena para iniciar los trámites de una consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes.

Contrario a ello, sí dio entrada a tres peticiones ciudadanas. Sin embargo, el próximo domingo, durante su reunión plenaria, se prevé que los senadores del grupo de Martí Batres presenten a sus compañeros la solicitud que será respaldada, ya que han manifestado su intención de llevar a juicio a los ex mandatarios.

En entrevista con MILENIO, la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández, explicó que para aceptar la solicitud para iniciar el trámite de una consulta popular es necesario que sea apoyada y firmada por un tercio de los integrantes de la Cámara Alta, es decir, por 43.

Pero el documento que el grupo de Morena entregó no cuenta con las firmas y sólo aparecen los nombres de 15 de los 43 legisladores que se requieren para iniciar el procedimiento.

“Hay varias solicitudes ciudadanas de esta naturaleza, a los que sí hemos dado su acreditación de constancia de intención ya que han cumplido con los requisitos”, destacó la presidenta del Senado. De acuerdo con las solicitudes, a las que MILENIO tuvo acceso, y a las que se les ha dado entrada, una de ellas la encabeza Julián Tercero Becerra Sagredo, profesor de la UAM Iztapalapa, quien manifestó en su petición de “considerar como delitos graves del orden común las acusaciones presentadas por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en contra de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y proceder a someterlos a justicia penal”.

Indicó que “he recibido hasta la fecha que sí se les de entrada a seis solicitudes para llevar a cabo consulta ciudadana. Las seis son de ciudadanos, dos al aeropuerto internacional, una al tema de Cadereyta y las otras tres al tema del enjuiciamiento a ex presidentes. Y es el mismo número de constancias que hemos expedido, que sí han llegado firmadas”.

No obstante, aclaró que “ésta llegó sin firmas, no podemos darle entrada”, en referencia al Aviso de Intención de los senadores Aníbal Ostoa Ortega, Antares Vázquez Alatorre, Blanca Estela Piña Gudiño, Daniel Gutiérrez Castorena, Eva Eugenia Galaz Caletti, Gloria Sánchez Hernández, Jesusa Rodríguez Ramírez, José Luis Pech Várguez, José Narro Céspedes, María Antonia Cárdenas Mariscal, Martí Batres Guadarrama, Citlalli Hernández Mora, Napoleón Gómez Urrutia, Nestora Salgado García y Ovidio Peralta Suárez.

En otro de los Avisos de Intención se pide la consulta respecto “a la investigación, y en su caso, el enjuiciamiento de los ex presidentes de la República por su presunta participación en hechos de corrupción, con pleno respeto a las disposiciones constitucionales y legales aplicables”. Ese documento lo firman Flavio Sosa, ex líder de la APPO, y José Antonio Rueda Márquez, coordinador Nacional del Movimiento por la Unidad de las Izquierdas, entre otros.

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NACIONAL

Iniciará INE proceso electoral del Poder Judicial Federal el lunes 23 de septiembre

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El próximo lunes 23 de septiembre arrancará en México el proceso para elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por voto popular, informó este jueves la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

“El lunes (23 de septiembre) sesiona el Consejo General del INE para iniciar el proceso electoral”, indicó Taddei a medios, luego de que el pasado lunes entrara en vigor la reforma judicial, previa aprobación del Congreso mexicano y más de la mitad de las legislaturas locales.

La presidenta del INE detalló que el proceso electoral para el Poder Judicial comenzará con un acto cívico, a partir de las 08:00 h, al que solo estarán convocados los 11 consejeros, los delegados del Instituto en cada estado y los presidentes de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Detalló que lo primero será la instalación de una Comisión Temporal para el Seguimiento del Proceso Electivo del Poder Judicial, misma que emitirá la declaratoria de inicio de los comicios para elegir personas juzgadoras en el país.

Taddei señaló que también buscarán reuniones con senadores y diputados, en el marco de la elaboración de la legislación secundaria de la reforma judicial, a fin de tener marcos legales que permitan la implementación de este cambio constitucional.

Además, precisó que los consejeros deberán de generar un calendario para cada paso y actividades que se requieran para llevar a cabo una primera elección de la mitad de jueces y magistrados en el país, y nueve ministros de la SCJN a mediados de 2025.

Asimismo, definir el marco geográfico donde operará el INE para estas actividades y para la instalación de las urnas para el sufragio.

“Sería una cartografía diferente. El Poder Judicial tiene una constitución distinta (…) En este caso, la configuración de las áreas de adscripción de jueces, magistrados y todo lo que tiene que con el Poder Judicial tiene que ver con cargas de trabajo, cargas procesales, no tiene que ver con las bases que constituyen los distritos”, explicó.

Detalló que los procesos electorales que se realizan para cargos políticos “tienen una demarcación geográfica que habla de la representación popular del país; de la representación estatal y federal”

“En este caso no, no están asignadas así estas posiciones, por lo tanto, lo primero que tenemos que empatar es eso. Habremos que hacer punto de contacto también con el Poder Judicial para ver el tema de la información fiel, que es en la que nos tenemos que basar”, dijo.

En tanto, Taddei consideró que el “reto mayúsculo” para la elección del Poder Judicial será “que la confianza del ciudadano y la ciudadana mexicana no demerite en su relación con el INE”.

“Habremos de fijarnos los mismos estándares de calidad que tenemos para todos los procesos en este proceso, y que no sea algo que haga diferente, porque es una responsabilidad constitucional que está puesta hoy en este momento en el Instituto Nacional Electoral, y el Instituto Nacional habrá de ofrecer los mismos estándares”, concluyó.

 

 

 

Con información de EFE

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NACIONAL

Putin declina la invitación para asistir a la investidura de Sheinbaum

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El presidente ruso, Vladímir Putin, declinó la invitación para asistir el 1 de octubre a la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, según informó hoy del Ministerio de Exteriores de Rusia.

«El presidente de la Federación Rusa ha designado a su representante, de lo que hemos informado de la debida forma a los mexicanos”, dijo Alexandr Schetinin, director del departamento de América Latina, al canal de televisión RTVI.

El funcionario confirmó haber recibido la invitación y subrayó que en Moscú están muy agradecidos por ello a las autoridades mexicanas.

“Allí estará el emisario del presidente, que representará a nuestro jefe de Estado”, señaló.

La ausencia de Putin evita un problema de protocolo, ya que la prensa había especulado con la posibilidad de que en la ceremonia coincidieran el jefe del Kremlin y la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden.

Putin felicitó en su momento a Sheinbaum por la victoria en las elecciones, mensaje en el que destacó las relaciones de amistad y de socios entre Rusia y México.

Sheinbaum rechazó este martes una invitación del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para visitar el país europeo y conocer de primera mano los efectos de la campaña militar rusa.

Esta semana la presidenta electa confirmó la presencia en la investidura de al menos 16 mandatarios, la mayoría de Latinoamérica, lista que incluirá a países como Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Honduras y Guatemala.

 

 

 

Con información de EFE

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NACIONAL

Diputados aprueban, en lo general y particular, reforma constitucional a la Guardia Nacional

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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y lo particular, la reforma constitucional a la Guardia Nacional.

La iniciativa se aprobó en lo general con 362 votos a favor, 133 en contra y ninguna abstención, con lo que alcanzó la mayoría calificada.

En lo general, fueron avalados dichos cambios por  353 votos a favor, 126 en contra y cero abstenciones,

De esta forma, el proyecto de decreto se remite al Senado de la República para sus correspondientes efectos constitucionales.

La iniciativa de López Obrador busca que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad con más de 120 mil elementos que López Obrador creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil.

El Pleno del Senado aceptó la reserva presentada por la diputada Merary Villegas Sánchez, de Morena, para modificar el párrafo décimo segundo del artículo 21 del dictamen, a fin de eliminar las palabras “de origen” y “marino”.

De tal manera que en vez de que el párrafo diga: “de carácter permanente e integrada por personal de origen militar y marino” solamente quedaría: “por personal militar con formación policial”.

Con la modificación se establece que “La Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.

El dictamen deriva de una iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador presentada el pasado 5 de febrero, así como de propuestas conexas de diputadas y diputados de la anterior Legislatura.

Legisladores de oposición advirtieron de una “militarización” de todos los ámbitos del país con esta reforma constitucional porque modifica el artículo 129 de la Constitución, que ahora limita las funciones militares en tiempos de paz, una norma que no se ha cambiado desde 1857.

Asimismo, cambia el artículo 21 para eliminar la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil.

Las tareas de las Fuerzas Armadas crecieron con López Obrador, quien asignó a los militares tareas de seguridad pública, construcción de obras de infraestructura, administración de aduanas y puertos y la dirección de empresas del Estado, como el Tren Maya.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional en 2023 una reforma legal del presidente para militarizar la Guardia Nacional porque “las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles”.

Pero desde el 1 de septiembre, Morena y partidos aliados tienen el control de más de dos tercios del Congreso, la mayoría necesaria para modificar la Carta Magna.

 

 

 

Con información de López-Dóriga Digital

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