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NACIONAL

Salen nombres: Anaya, Cordero, Videgaray y EPN ordenaron pago de millones a panistas: Reforma

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Fue el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, líder de la estrategia junto con el expresidente Enrique Peña Nieto, quien le pidió a Lozoya enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés, expresidente de la Cámara de Diputados.

 Emilio Lozoya Austin declaró ante autoridades federales que dio 52 millones 380 mil pesos en sobornos a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), para que aprobaran las reformas impulsadas por el acuerdo político Pacto por México.

De acuerdo con información de Abel Barajas y Claudia Guerrero para el diario Reforma, fue el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, líder de la estrategia junto con el expresidente Enrique Peña Nieto, quien le pidió a Lozoya enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés.

De acuerdo con otras filtraciones, muchos de los panistas sobornados eran cercados a Felipe Calderón Hinojosa. El expresidente tuvo un fuerte control de Acción Nacional hasta que dejó el mandato, de tan manera que logró colocar familiares y amigos en listas plurinominales en la renovación de los cuerpos legislativos. Pero los sobornos habrían sido en horizontal y sin distingos. Anaya, quien no era cercano a Calderón, se desempeñó como presidente de la Cámara de Diputados de 2013 a marzo de 2014, lapso en el que se llevó a cabo la discusión de la Reforma Energética. En mayo de 2014 asumió el cargo de secretario general del PAN.

Dicho dinero fue entregado en agosto de 2014 a una persona cuya identidad aún no ha sido revelada, reportó Reforma. No obstante, Lozoya mencionó que mantuvo comunicación con dicha persona a través de dos números telefónicos, para acordar el pago.

Entre el 11 diciembre de 2013 y el 21 de abril de 2014, Lozoya envió más de 52 millones de pesos a los legisladores del PAN. Entre los nombres de los señalados destacan los exsenadores Ernesto Javier Cordero Arroyo y Salvador Vega Casillas. También fueron mencionados los actuales gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, Francisco Domínguez Servién y Francisco García Cabeza de Vaca, respectivamente.

Otros de los destinatarios nombrados por Lozoya fueron Jorge Luis Lavalle Maury, expresidente de la Comisión de Administración del Senado, y Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la misma, quien además estuvo implicado en la recepción del dinero, subrayó Reforma.

La aprobación de la Reforma Energética en diciembre de 2013 fue un motivo de fiesta para una gran parte de la clase política, en especial para los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN). El primero ocupaba la Presidencia, el segundo la había desocupado en buenos términos.

Senadores, diputados, empresarios, miembros del Gabinete y el mismo Presidente Enrique Peña Nieto celebraron la aprobación de la que fue considerada la “joya de la corona” de aquel famoso paquete de Reformas Estructurales que fue presumido en medios, foros y giras hasta el último día de ese Gobierno.

Siete años después, los logros de la Reforma son un tema de debate: la apertura del mercado energético de México al capital extranjero no logró atraer las inversiones calculadas entre los 10 mil y 15 mil millones de dólares anuales.

Y aunque el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador decretó desde el inicio de su administración que dicha Reforma no continuaría, las circunstancias obligan a recordar a los personajes que protagonizaron esa historia.

En esa circunstancia está Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el periodo de 2012-2016. De acuerdo con la información de Presidencia de la República, el expolítico que está acusado de presunto lavado de dinero, cohecho y asociación ilícita, dijo a la Fiscalía General de la República (FGR), que tiene en su poder grabaciones de supuestos sobornos relacionados con la aprobación de la Reforma Energética que podrían implicar a altos funcionarios de la pasada administración.

 

 

Con información de EL REFORMA

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NACIONAL

Bankaool fortalece su gobierno corporativo

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En sesión ordinaria el Consejo de Administración acordó la Designación de Francisco Lira Mariel como Director General del banco.
Bankaool recibió la calificación de Moody’s que ratificó su valoración en BBB+ y perspectiva estable gracias al avance en la implementación de su modelo de negocio.

Los integrantes del Consejo de Administración de Bankaool, Institución de Banca Múltiple, acuerdan las siguientes acciones orientadas al fortalecimiento del gobierno corporativo de la institución:

Franciso Lira Mariel asume la Dirección General de Bankaool, con el objetivo de consolidar el crecimiento que ha mostrado el banco hasta el momento, fortalecer la estrategia de negocio además de profundizar la digitalización que distingue a la entidad.
Juan Antonio Pérez Simón Gonzalez se retira de esta Dirección General con el agradecimiento del Consejo por las aportaciones realizadas al buen desempeño de Bankaool durante el periodo que se mantuvo al frente.
Sergio Enrique Becerra Rodríguez se desempeñará como Consejero Delegado para asegurar la implementación de los mandatos del Consejo de Administración en la operación de Bankaool.

Los consejeros de Bankaool confían en que la amplia experiencia de Francisco Lira y su reconocimiento entre participantes relevantes del sistema financiero nacional, favorecerá el fortalecimiento de la experiencia y solidez de la plataforma financiera digital para integrar de manera eficiente a nuevos clientes y contribuir a la construcción de un sistema financiero fuerte, transparente y confiable en México.

En este contexto, Moody’s México confirmó las calificaciones de Bankaool en BBB+.mx para largo plazo y ML A-2.mx para corto plazo, ambas con perspectiva estable, un reconocimiento que refleja la fortaleza financiera de la institución y el avance de su estrategia de transformación.

Redes y contacto 

prensa@bankaool.com 

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NACIONAL

Ernesto ‘N’, ex gobernador de Baja California, es vinculado a proceso por huachicol; le dan prisión preventiva

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Después de casi 35 horas de audiencia, un juez federal vinculó a proceso a Ernesto ‘N’, ex gobernador de Baja California, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Como medida cautelar, el ex mandatario permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones.

Junto con Ernesto ‘N’, otras siete personas también fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en una red dedicada al robo y contrabando de combustible, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la dependencia, Ernesto ‘N’, Ricardo ‘N’ y José ‘N’ enfrentarán proceso por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Además, Juan ‘N’ y Luis ‘N’ fueron vinculados por delincuencia organizada y contrabando, mientras que José María ‘N’, Guillermo ‘N’ y Adriana ‘N’ enfrentarán cargos por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

El juez ratificó la prisión preventiva oficiosa para Ernesto ‘N’, José ‘N’, Ricardo ‘N’, Juan ‘N’ y Luis ‘N’, quienes permanecerán internos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, Altiplano.

En el caso de Guillermo ‘N’ y José María ‘N’, la medida cautelar se cumplirá en prisión domiciliaria, mientras que Adriana ‘N’ permanecerá recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

¿Cómo fue la captura de Ernesto ‘N’, ex gobernador de Baja California?

Ernesto ‘N’, ex gobernador de Baja California, fue detenido el 16 de julio por autoridades federales y trasladado a instalaciones del Ministerio Público Federal.

Según la FGR, la captura derivó de una investigación de alta complejidad relacionada con una presunta red de contrabando de hidrocarburos que habría operado a través de una empresa fundada por el ex gobernador.

Posteriormente, el 19 de julio, un juez le impuso prisión preventiva oficiosa, al igual que a Ricardo ‘N’, José María ‘N’, Guillermo ‘N’, Juan ‘N’, Luis ‘N’, Adriana ‘N’ y José ‘N’, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

 

 

Con información de El Financiero

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Muere Rocky, perro de 14 años que fue arrastrado y atropellado por su propietaria

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Rocky, un perro de la raza gran pirineo de 14 años, murió este miércoles luego de permanecer hospitalizado desde el lunes a consecuencia de las lesiones que sufrió cuando su propietaria, Liliana “N”, lo ató a su camioneta, lo arrastró y después lo atropelló. Los hechos ocurrieron el fin de semana en el fraccionamiento San Miguel, al norte de Saltillo.

La agresión fue grabada en video por vecinos. Las imágenes se difundieron en redes sociales y provocaron indignación, además de movilizaciones de grupos defensores de los animales que exigieron castigo para la responsable.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Sureste, Julio Loera Ruiz, informó que Liliana “N” fue detenida en cumplimiento de una orden de aprehensión y que un juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por seis meses.

“El día de ayer Liliana ‘N’ fue detenida con motivo de la cumplimentación de una orden de aprehensión. Fue la audiencia y el juez quienes dictaron prisión preventiva justificada por tres meses, plazo que se podría ampliar por un periodo igual. En este periodo el Ministerio Público y la defensa de la acusada presentarán pruebas. El Ministerio Público va a robustecer la carpeta de investigación”, explicó.

Liliana permanecerá internada en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo mientras continúa el proceso penal.

Con la muerte de Rocky, la sanción prevista en la legislación estatal por el delito de maltrato animal podría duplicarse. Loera Ruiz explicó que la pena base alcanza hasta cuatro años de prisión, pero aumenta cuando el animal muere como consecuencia de las lesiones.

“La sentencia de cuatro años aparejada por este delito aumenta al doble, es decir, hasta ocho años de prisión”, señaló.

El funcionario agregó que, hasta el momento, el juez no encontró elementos que sustenten el argumento de la defensa para tratar de acreditar un presunto trastorno mental de la imputada para que fuera internada en un centro de salud mental en lugar del penal femenil.

En el mismo caso, el esposo de Liliana “N” fue detenido por el delito de obstrucción de la justicia; sin embargo, posteriormente recuperó su libertad.

Con información de La Jornada

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