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NACIONAL

Reporteros Sin Fronteras condena el asesinato del periodista Carlos Castro

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El homicidio del periodista Carlos Castro, ocurrido el 8 de enero en el estado de Veracruz, fue condenado este viernes por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), al ser el undécimo comunicador que ha sido asesinado desde el inicio del mandato de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024.

En un comunicado, la organización exhortó a las autoridades a que la investigación en el caso Castro avance con “rigor y total transparencia” y a que se considere “prioritariamente la posible relación del crimen con su labor periodística”, en un contexto marcado por la persistente violencia contra la prensa en el país.

“Comenzar 2026 con el asesinato de un periodista, después de un 2025 que ya fue el año más mortífero para la prensa en México en los últimos tres años, envía una señal extremadamente alarmante”, sentenció el director de RSF, Arturo Romeu

RSF informó que Castro, de 25 años, había sido “sido amenazado hace poco más de dos años por policías municipales en Poza Rica”, donde ayer fue asesinado, “lo que motivó su incorporación al mecanismo local de protección en abril de 2024”

“Ante el temor por su vida, el periodista se vio obligado a salir temporalmente de la ciudad, antes de retornar a la ciudad en agosto de 2025 y retomar su labor”, sentenció el documento.

Además, precisó que, de acuerdo con la CEAPP, “las medidas de protección” al comunicador fueron suspendidas en 2024, al considerar que “el tema había sido atendido”.

Asimismo, informó que la Fiscalía General del estado de Veracruz abrió una carpeta de investigación sobre el asesinato de Castro, mientras que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) condenó el crimen y exigió que se haga justicia.

Por último, la organización sostuvo que en el segundo año de Sheinbaum, existe “nuevamente la oportunidad -y la responsabilidad- de evitar que 2026 reproduzca este patrón de violencia letal”.

Carlos Castro era director de la página informativa de Facebook Código Norte de Veracruz, especializada en temas de seguridad en la zona norte de la entidad, y fue asesinado a tiros en la localidad de Poza Rica por hombres armados no identificados que ingresaron al establecimiento de comida TrogueBirria, donde el periodista estaba cenando.

El reportero también había colaborado con otros medios locales como Vanguardia, La Opinión de Poza Rica y el portal Enfoque,cubriendo principalmente la fuente policiaca local, incluidos arrestos, accidentes, homicidios, secuestros y casos de corrupción que involucran a autoridades.

Según RSF, en Veracruz hay un “clima de creciente hostilidad contra la prensa”, la cual ha “denunciado intimidaciones reiteradas, intentos de secuestro y la falta de recursos por parte de las autoridades para garantizar su seguridad”.

México se ubicó en 2025 como el segundo “más peligroso para ejercer el periodismo”, solo por detrás de una Gaza donde la invasión israelí dejó a más de 120 periodistas asesinados.

 

Con información de EFE.

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NACIONAL

Ex director de la DEA pide a García Harfuch entregar a Rocha Moya a EE.UU.

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Derek Maltz, ex director interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA en inglés), pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, que detenga y deporte a los Estados Unidos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Por medio de un mensaje en su cuenta de X este sábado 22 de agosto de 2026, Maltz dejó en claro que Rocha Moya debe rendir cuentas y ser llevado ante la justicia en Estados Unidos.

“¡Rubén Rocha debe rendir cuentas por sus acciones! Los políticos corruptos brindan servicios sustanciales y críticos a los Cárteles del TERROR”, detalló.

“Necesitamos otra operación de alto nivel de detención y remoción hacia la USA @OHarfuch para que Rocha enfrente la justicia”, puntualizó el ex director interino de la DEA.

En la previa, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, regresó al cargo tras casi cuatro meses de licencia, periodo en el que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las acusaciones de Estados Unidos sobre supuestos nexos de su Gobierno con el Cártel de Sinaloa, señalamientos que calificó de “falsos” y sin sustento.

“Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad de nuestro lado”, aseguró Rocha Moya en un mensaje en la red social X.

El gobernador señaló que durante los 112 días que estuvo de licencia, desde el 1 de mayo, se puso a disposición de las autoridades mexicanas y la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no existen pruebas que lo vinculen con las acusaciones hechas por autoridades de EE.UU.

Rocha Moya sostuvo que, según la investigación de la FGR, “no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea, no he cometido ningún delito”.

A finales de abril, Rocha Moya y otros nueve funcionarios de su gobierno fueron señalados por el Departamento de Estado estadounidense por su presunta implicación en una “conspiración” con líderes del cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

 

Con información de López-Dóriga Digital

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NACIONAL

Rubén Rocha no resistió y solicita, otra vez, licencia al cargo de gobernador de Sinaloa

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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó otra vez licencia indefinida a su cargo.

A través de redes sociales este sábado 22 de agosto de 2026, Rocha Moya compartió la solicitud de licencia que envió al Congreso estado, apenas un día después de su regreso al cargo.

“Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”, apuntó en la publicación.

“Me presento ante ese Honorable Poder Legislativo para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido, por más de treinta días, al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, solicito se proceda conforme a lo establecido por el artículo 58 de nuestra Constitución Local”, se indicó en el documento.

Dicha solicitud ocurre apenas horas después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejara que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses” del país, luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, retomara su cargo tras 112 días que estuvo de licencia para comparecer por supuestos nexos de su Gobierno con el Cártel de Sinaloa.

“Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder”, aseguró la mandataria -en un mensaje en la red social X-.

Sin mencionar al gobernador, Sheinbaum Pardo destacó que “el poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso; y el poder que olvida al pueblo, termina enfrentándose a la historia”.

Un día después de que Rocha Moya ocupara de nuevo su cargo como titular del estado de Sinaloa (noroeste), la jefa de Estado recalcó también que “México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la Nación es eterna”.

“El Pueblo no está para alimentar ambiciones personales: está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y su esperanza”, zanjó Sheinbaum en medio de este caso detonado el pasado 29 de abril, fecha en la que el Departamento de Estado de los EE.UU. señaló a Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de su gobierno local, de su presunta implicación en una “conspiración” con líderes del Cártel de Sinaloa.

La postura de la presidenta se da un día después de que el gobernador decidiera retomar su cargo, una actuación que ha sido calificada como una “decisión personal” por el Gobierno federal y el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Tanto Morena como la Secretaría de Gobernación de México (Segob) apuntaron que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas las carpetas de investigación relacionadas con diez personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluido Rocha Moya, tal como se informó en julio.

 

Con información de López-Dóriga Digital

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NACIONAL

Dictan prisión preventiva oficiosa al ex contralmirante Fernando Farías Laguna

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Tras varias horas de audiencia, una jueza de control dictó prisión preventiva oficiosa al ex contralmirante Fernando Farías Laguna, por lo que seguirá preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

La defensa de Farías Laguna solicitó duplicidad del plazo constitucional, por lo que situación jurídica se resolverá el miércoles 26 de agosto, fecha en que se conocerá si es o no vinculado a proceso por crimen organizado con fines de cometer delito en materia de hidrocarburo.

La reanudación de la audiencia inicial se llevará a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, ubicado en el Estado de México.

La ministra de Seguridad Nacional argentina, Alejandra Monteoliva, confirmó en la previa la expulsión del país del ex contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado de contrabando de combustible y detenido el pasado 23 de abril en el país sudamericano.

“Este delincuente mexicano solicitó asilo en Argentina para evitar que lo mandaran de vuelta a su país”, señaló Monteoliva en una publicación en la red social X, en la que agregó que, gracias a un decreto del presidente Javier Milei, el Gobierno rechazó esa solicitud.

“Lo encontramos. Lo detuvimos. Y ya lo expulsamos”, afirmó la ministra, quien añadió: “Argentina no es refugio de delincuentes”.

El ex contralmirante mexicano aterrizó el viernes 21 de agosto en la Ciudad de México tras ser expulsado de Argentina y será internado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La institución señaló en redes sociales que Farías Laguna arribó al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), donde fue presentado ante un médico forense para certificar su estado de salud antes de ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano.

La Justicia mexicana lo requiere por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, mientras que México había solicitado formalmente su extradición el 21 de mayo.

Según la investigación, la organización utilizaba buques tanque que llegaban a puertos como Tampico, en el norteño estado de Tamaulipas, o Ensenada, en Baja California, con hidrocarburos declarados presuntamente como aceites o aditivos para evadir el pago de impuestos.

La FGR sostiene que servidores públicos participaban en el posterior transporte y dispersión de los combustibles mediante empresas legalmente constituidas, que los distribuían a estaciones de servicio o eran utilizadas para lavar las ganancias ilícitas.

 

 

Con información de López-Dóriga Digital

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