La inflación general anual en México mantuvo su tendencia a la baja al ubicarse en 3.12 por ciento en julio dc 2026, su tercera caída mensual y su menor nivel desde mayo de 2020, detalló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La tasa se ubicó por debajo del 3.37 por ciento registrado en junio, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) dado a conocer en un comunicado este viernes 7 de agosto de 2026.

El Inegi reportó que en julio la inflación general disminuyó un 0.03 por ciento y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual se ubicó en el 0.27 % y la anual en el 3.51 por ciento.

El resultado mantiene la inflación general por encima del objetivo permanente del Banco de México, del 3 por ciento, aunque dentro del intervalo de variabilidad de un punto porcentual alrededor de esa meta.

El índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye productos de alta volatilidad, subió un 0.23 por ciento mensual y un 3.95 % anual.

Este nivel también fue menor al 4.03 por ciento registrado en junio pasado, según datos del Inegi.

Dentro de este componente, las mercancías avanzaron un 0.19 por ciento y los servicios un 0.26 % mensual.

En términos anuales, las mercancías aumentaron un 3.95 por ciento, mientras que los servicios crecieron un 4.36 %.

Entre las mercancías, los alimentos procesados, bebidas y tabaco registraron una inflación anual del 4.85 por ciento, mientras que las mercancías no alimenticias subieron un 2.37 %.

En los servicios, la vivienda aumentó un 3.62 por ciento, la educación un 5.93 % y otros servicios un 4.85 por ciento.

El índice no subyacente, que incluye agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, disminuyó un 0.67 por ciento mensual, aunque acumuló un alza anual del 0.29 %.

En este rubro destacaron los productos agropecuarios, con una caída anual del 3.34 por ciento.

Las frutas y verduras se dispararon un 2.10 por ciento anual, mientras que los pecuarios bajaron un 6.89 %.

El Inegi explicó que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno disminuyeron un 0.15 por ciento mensual.

Los productos con mayor incidencia al alza en julio fueron la cebolla, con un incremento mensual del 18.97 por ciento; la naranja, con un 11.90 %; las computadoras, con el 6.10 por ciento; el transporte aéreo, con el 4.11 %; y los productos para el cabello, con un 1.47 por ciento.

En contraste, bajaron el jitomate, un 29.20 por ciento; el chile poblano, un 15.63 %; el chile serrano, un 6.98 por ciento; cremas para la piel, un 1.71 %; el huevo, un 1.08 por ciento, y el gas doméstico LP, un 1 %.

Por finalidad de consumo, los mayores aumentos anuales se observaron en bebidas alcohólicas y tabaco, con un 7.34 por ciento; los seguros y servicios financieros, con un 6.41 %, y los restaurantes y servicios de alojamiento, con un 6.37 por ciento.

Por su parte, la canasta de consumo mínimo, que da seguimiento a 170 bienes y servicios, retrocedió un 0.08 por ciento mensual, pero aumentó un 2.73 % anual en julio.

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una disminución del 3.69 por ciento, su menor nivel en 5 años, tras el 4.21 % de 2024, el 4.66 por ciento de 2023 y el 7.82 % en 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año.

Con información de EFE

La Secretaría de Salud (SSa) informó que se han confirmado 33 casos de ciclosporiasis -diarrea severa- en diversos estados de la República y luego de la notificación de Reino Unido de ciudadanos afectados por el parásito y con antecedente de viaje a la Riviera Maya, se realizó una verificación sanitaria en 16 hoteles de Quintana Roo. Se tomaron muestras de frutas, verduras y agua que ya se analizan en laboratorio.

La inspección estuvo a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección General de Epidemiología  con el despliegue de cinco brigadas de trabajo que inspeccionaron los  hoteles, realizaron entrevistas, así como revisión de procesos. También hicieron el seguimiento de la ruta de alimentos, así como la toma  de muestras de frutas, verduras y agua para análisis especializados.

Las visitas de campo concluyeron el pasado martes y en cuanto concluyan los análisis de laboratorio se darán a conocer los resultados, ofreció la dependencia federal.

Detectan áreas de mejora en vigilancia sanitaria

Durante las visitas se identificaron deficiencias que se pueden corregir en los mecanismos de vigilancia epidemiológica, esto es, en la identificación y notificación de posibles riesgos a la salud. También hace falta fortalecer la capacitación del personal de salud, los sistemas de notificación y los procedimientos para garantizar que los alimentos disponibles no causarán daños a la salud de los consumidores en establecimientos turísticos.

La Secretaría de Salud aseguró que las medidas correctivas se comenzaron a aplicar en coordinación con autoridades estatales, instituciones de salud y prestadores de servicios médicos.

Respecto a las 33 personas con ciclosporiasis, la dependencia federal comentó que se encuentran en seguimiento clínico.

También subrayó que la identificación de un país como origen preliminar de un producto que pudo haber provocado la infección, no es concluyente de que la contaminación haya ocurrido en ese lugar, en este caso en México, por lo que las investigaciones continúan hasta contar con evidencia científica sólida.

Indicó que en el país, la vigilancia epidemiológica del parásito Cyclospora cayetanensis permanece activa en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Con información de La Jornada

Mario Delgado, titular de Secretaría de Educación Pública (SEP), detalló que las escuelas militarizadas pueden acceder a un proceso de regularización para seguir brindando servicios educativos, tras la muerte de una adolescente de 13 años durante un curso de verano en un centro de este tipo en Tamaulipas.

Durante la Sexagésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el funcionario federal afirmó que en México no puede existir el concepto de escuelas militarizadas, al dejar en claro que esta figura no está contemplada en la legislación educativa ni es compatible con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Delgado Carrillo afirmó que este tipo de escuelas deben eliminar cualquier referencia o enfoque de carácter militar, además de adecuar sus planes de estudio a un modelo de formación basado en valores cívicos y ciudadanos, así como en la cultura de la paz, la seguridad, la empatía y el respeto a las infancias.

Explicó que el objetivo no es limitar las opciones educativas para las familias, sino garantizar que todos los planteles funcionen dentro del marco legal y en un entorno que privilegie el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

El titular de la SEP señaló que las escuelas donde se acrediten actos de maltrato, abuso o cualquier práctica que vulnere los derechos de las y los estudiantes deberán ser sancionadas conforme a la ley.

Convocó a las autoridades educativas estatales a acompañar este proceso de regularización en coordinación con las y los gobernadores, así como a mantener informadas a las familias.

Por último, el funcionario añadió que la Secretaría de la Defensa Nacional se deslindará de cualquier institución educativa que utilice el concepto de formación militar y reiteró que únicamente reconoce y opera los planteles destinados a la preparación de su propio personal.

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, Eurípides Flores Pacheco, afirmó que la determinación de la SEP de impedir la prestación de servicios educativos bajo esquemas militarizados es el resultado de un análisis jurídico, pedagógico y de derechos humanos, y no de una decisión improvisada. Dicho análisis se realizó en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Defensa.

Con base en ese análisis, la SEP instruyó a las autoridades educativas del país a revisar las autorizaciones y los registros de las instituciones que operan bajo denominaciones o esquemas militarizados, con el propósito de garantizar que todas transiten hacia modelos plenamente compatibles con la NEM, señaló.

Flores Pacheco afirmó que el objetivo no es afectar opciones educativas con reconocimiento social, sino acompañarlas en un proceso de regularización que elimine prácticas y contenidos incompatibles con los derechos humanos, mediante la adecuación de sus planes de estudio y de su funcionamiento, a fin de asegurar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Con información de López-Dóriga Digital