Durante 2025 el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) invirtió más de 231 millones de pesos (mdp) en la región centro-sur de la entidad, en beneficio de más de 17 mil productores.

Las acciones se desplegaron en Julimes, Meoqui, Rosales, Delicias, Saucillo, La Cruz, Camargo, San Francisco de Conchos, Valle de Zaragoza, Rosario, Jiménez, López, Allende, Hidalgo del Parral, El Tule, Huejotitán, Coronado, San Francisco del Oro, Santa Bárbara y Matamoros.

Entre las acciones realizadas, se desplegó maquinaria para mejorar terrenos de cultivo y abrir caminos rurales para el traslado de insumos, cosechas, ganado y servicios, lo que generó una reducción de costos y mayor eficiencia para los productores.

En ese sentido se construyeron 68 presones y se rehabilitaron más de 4 mil 500 kilómetros de caminos rurales, en beneficio directo de más de mil 600 productores.

Con una inversión de 100 mdp se impulsaron obras para el uso eficiente y sustentable del agua, con apoyos a productores agrícolas y acuícolas.

Estas acciones incluyeron la construcción de bordos de captación y la implementación de sistemas de riego tecnificado, con el objetivo de modernizar y fortalecer la infraestructura hídrica estratégica en los municipios del sur del estado.

En apoyo al sector pecuario, el año pasado fueron invertidos más de 24 mdp en la entrega de pacas de rastrojo para más de 2 mil productores.

Estas acciones permitieron mantener activas las actividades ganaderas, proteger el hato y evitar pérdidas mayores, especialmente en una región donde este sector representa una de las principales fuentes de ingreso.

Adicionalmente, más de 6 mil 500 productores fueron beneficiados con insumos y apoyos productivos para los sectores agrícola, apícola y pecuario, con una inversión conjunta que superó los 60 mdp.

En materia de valor agregado fueron respaldados más de 200 proyectos de productores agroindustriales con una inversión superior a 12 mdp.

Este día, en sesión del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se sometió a votación la reforma constitucional en materia electoral propuesta por el oficialismo.

El resultado fue de 259 votos a favor, 234 en contra y 1 abstención, cifra que no alcanzó la mayoría calificada requerida, por lo que el proyecto fue desechado.

Ante este resultado, el diputado federal Tony Meléndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reiteró la postura de su bancada en defensa del equilibrio democrático y de las instituciones electorales del país.

El legislador señaló que las reformas a la vida democrática de México deben construirse mediante el diálogo, el consenso y el respeto a las reglas que garantizan la pluralidad política.

“En México la democracia no se impone: se construye con equilibrio, respeto a la ley y reglas claras para todos”, expresó.

Tony Meléndez subrayó que el PRI votó con responsabilidad y con una visión de Estado, privilegiando la estabilidad del sistema electoral y la certeza para la ciudadanía.

Finalmente, el diputado reiteró que el Grupo Parlamentario del PRI continuará trabajando desde el Congreso para fortalecer las instituciones democráticas, garantizar procesos electorales transparentes y defender la participación equitativa de todas las fuerzas políticas del país.

Las y los integrantes de la 68 Legislatura del Congreso local, aprobaron por unanimidad de los presentes, el dictamen de reforma constitucional con la que se garantiza que el Estado deberá asegurar el acceso pleno al derecho de movilidad para las y los ciudadanos en igualdad, especialmente el servicio a personas con discapacidad y de grupos en situación de vulnerabilidad y a estudiantes de zonas urbanas y rurales.

Lo anterior, fue presentado ante el Pleno por el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, integrante de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana, quien detalló que las autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones, deberán garantizar que todas las unidades que integran el transporte público estén en buen estado.

También, resaltó que se deberá de ofrecer dentro de las mismas, un espacio apropiado y confortable, en óptimas condiciones higiénicas, mecánicas, en emisión de contaminantes y de seguridad. Para este efecto, deberá realizarse un adecuado mantenimiento periódico y dejar de circular cuando dejen de cumplir con los fines establecidos.

Es preciso mencionar, que en atención a lo que dispone el artículo 202 de la Constitución del Estado de Chihuahua, deberá de enviarse copia de la iniciativa, del dictamen y del diario de los debates del Poder Legislativo a los 67 ayuntamientos, para su cómputo de los votos y la declaración de haber sido aprobada la reforma a la Constitución del Estado.

Además de esto, se aprobó por mayoría de votos, el dictamen que contiene la modificación al decreto 56/2010 I P.O. para corregir el nombre a quien se enajena predio de 30 mil metros cuadrados, es decir, quitar “Sindicato de Salud” y sustituir por “Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud”.

Este documento fue leído por el diputado Ismael Pérez Pavía, miembro de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana, quien mencionó que estas acciones son parte de una corrección administrativa y de técnica dentro del Congreso del Estado para el cumplimiento cabal del proceso de enajenación del inmueble mencionado.

Se señaló que el predio será destinado a una unidad deportiva como espacio de recreación, salud física y convivencia que fortalece el bienestar integral del gremio, que promueve la salud mental y física, y contribuye a la cohesión entre quienes comparten una misma vocación de servicio.

Se detalló que se agrega: “El adquirente utilizará el inmueble: única exclusivamente para la construcción de un centro deportivo y recreativo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, y así mismo, deberá terminar la obra de construcción en un plazo no mayor de dos años, a partir de la entrada en vigor del decreto, de lo contrario, el bien se revertirá al patrimonio del Estado”.