El Ministerio de Salud de Perú ordenó el cese del uso de los términos “transexualismo” y “travestismo” en el capítulo de Trastornos Mentales y del Comportamiento de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE-10), y los reemplazó por discordia de género, tras la controversia generada por su inclusión en ese registro.

Una resolución ministerial publicada en el diario oficial El Peruano precisó que los diagnósticos retirados del CIE-10 son el “transexualismo”, “travestismo de rol dual”, trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad de género, trastorno de la identidad de género no especificado y orientación sexual egodistónica.

En tal sentido, el ministerio peruano dispone el uso de los diagnósticos de discordancia de género en la adolescencia o adultez, discordancia de género en la infancia, discordancia de género sin especificación y asesoramiento relacionado con el comportamiento y la orientación sexual o las relaciones sexuales de las personas, en un capítulo referido a los factores que influyen en el estado de salud y el contacto con los servicios de salud.

Los cambios aprobados por el ministro de Salud, César Vásquez, responden a los “avances en el conocimiento médico” y la implementación de “nuevas y diversas intervenciones sanitarias” en salud pública, a nivel nacional, tras la aparición de la enfermedad por coronavirus, ciertos tipos de cáncer, enfermedades mentales, entre otros.

La autoridad sanitaria recordó que la CIE-10 se mantiene vigente en Perú, en tanto se inicie la implementación progresiva de la CIE-11, como ocurre en otros países de la región, y que, de esta manera, “reafirma categóricamente el respeto a la dignidad de la persona humana y su libre accionar” en el marco de los derechos humanos.

En mayo pasado, otro decreto publicado por el ministerio de Salud incluyó el “transexualismo, el travestismo de rol dual y el trastorno de la identidad de género en la niñez” como enfermedades de salud mental en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).

“Haber incorporado a estas definiciones, que han sido totalmente proscritas en el campo de la salud y derechos humanos, acrecienta la desconfianza que ya hay en el Estado de respeto a las minorías sexuales y por tanto ha merecido el rechazo de la institución”, declaró a EFE la directora de la ONG Promsex, Susana Chávez.

En este sentido, Chávez ha indicado que están “absolutamente en contra” de esta clasificación porque no responde al compromiso que tiene el país de avanzar en las definiciones de la CIE-11 “que justamente aborda los temas de salud sexual y reproductiva fuera del campo de la patologización”.

“Además, abre las puertas a acciones o actividades que han sido totalmente prescritas como el asunto de las terapias de conversión”, añadió la activista al afirmar que desde su organización exigían al Estado que elimine este decreto.

Con información de EFE

El Tribunal Supremo (TS) de España establece en una sentencia que un beso sin consentimiento expreso o tácito constituye un delito de agresión sexual, al ser una “intromisión en la libertad sexual” de la víctima con el propósito de “obtener una satisfacción sexual a costa de otro”.

Con esta sentencia confirma la condena de un año y nueve meses de cárcel impuesta a un agente policial que dio un beso en la mejilla e intentó después darlo en los labios a una detenida sin su consentimiento en la zona de los calabozos.

Los magistrados dejan claro que no es preciso un “no” de la víctima ante los intentos de besar a una mujer, sino que para que no exista delito lo que hace falta es que consienta, que es la “clave”.

En este caso, el TS confirma la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla por un delito de abuso sexual, que ahora, con la ley de libertad sexual conocida popularmente como “ley del solo sí es sí“, es un delito de agresión sexual.

En este caso concreto se añade la circunstancia agravante de prevalimiento y la atenuante de embriaguez.

Esta ley, aprobada en 2022, elimina la distinción entre abuso y agresión sexual (todo se considera agresión) y el consentimiento expreso en las relaciones pasa a ser el fundamento para juzgar los delitos, de ahí que sea conocida como la ley del ‘solo sí es sí’.

No puede entenderse, inciden los magistrados, “que exista un derecho de cualquier persona a acercarse a otra y darle un beso cuando la víctima no lo admite como prueba de cariño o afecto”, por la circunstancia que sea.

Por el contrario, se trata de “un ataque personal a su intimidad y libertad sexual de consentir o no consentir quién pueda acercarse a la misma para hacer un acto tan íntimo y personal como es darle un beso”.

En los casos de “besos robados“, sin consentimiento, el Supremo señala que son un “ataque a la libertad de la mujer de decidir con quién quiere besarse o quién acepta y admite que le dé un beso”.

Es lo que ocurrió con el agente condenado, que se aprovechó de que la víctima estaba detenida y la besó, según acreditó la sentencia que lo sentenció en primera instancia, que también reflejaba que llegó a “mirarse directamente sus genitales y a resoplar para que la detenida se fijara en él”.

El tribunal cree que las circunstancias del caso no avalaban el consentimiento de la víctima, sino “todo lo contrario”, lo que “no evitó que se acercara y le diese un beso en la mejilla” e intentara darle otro en los labios, algo que la mujer evitó “volviendo la cara”.

Con información de EFE

La liberación de Julian Assange supone “una victoria para el periodismo y para la libertad de prensa“, afirmó Reporteros Sin Fronteras (RSF), que considera que el editor de Wikileaks “nunca debió pasar ni un solo día” sin libertad.

“Nos sentimos enormemente aliviados de que Julian Assange finalmente esté libre, una victoria largamente esperada para el periodismo y la libertad de prensa”, afirmó en un comunicado Rebecca Vincent, directora de campañas de RSF.

Añadió que “nada puede deshacer los últimos 13 años, pero nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto y acogemos la medida del Gobierno de Estados Unidos”.

Assange fue puesto en libertad por las autoridades británicas tras mil 901 días encarcelado en una prisión de alta seguridad, a la espera de la decisión sobre su extradición a EE.UU., y antes había pasado siete años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

“Nunca debió pasar ni un solo día privado de su libertad por publicar información en el interés público”, recalcó Vincent.

La liberación de Assange llegó después de años de acciones y campañas públicas en su favor, en las que RSF ha tenido un papel central.

Los representantes de la organización pudieron visitarle en la prisión de alta seguridad de Belmarsh y trataron su caso directamente con los Gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, para “urgirles a que encontraran una solución política”, recordó RSF.

“Continuaremos haciendo campaña en apoyo de los periodistas de todo el mundo que están en el punto de mira por sus informaciones sobre seguridad nacional”, aseguró Vincent.

La organización, con sede en París, recordó que, aunque el éxito de las campañas por Assange “trae un enorme alivio” a su familia y a los periodistas de todo el mundo, el editor australiano estuvo privado de libertad 13 años “por publicar material que era a la vez veraz y de enorme interés público”.

En cambio, “no ha habido asunción de responsabilidades por los crímenes expuestos en los documentos filtrados” por Wikileaks, lamentó RSF.

También recordó que “a nivel personal, el encarcelamiento de Assange le ha supuesto un enorme coste en su salud física y mental”.

Con información de EFE