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NACIONAL

Indígenas exigen al presidente alto a violencia en Chiapas

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Unos 4 mil indígenas, junto con organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos marcharon por las calles de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador poner un alto a la violencia del narcotráfico en el estado.

“Por los grupos armados la gente ya no vive contenta, viven todos desmoralizados”, dijo Jesés Gómez, indígena chol, quien viajó desde la selva para unirse a la demanda de exigir al Gobierno mexicano cumplir con sus funciones.

“Que las autoridades municipales, estatales y federales hagan algo porque nosotros, como gente pobre, no podemos hacer nada, solamente las autoridades pueden hacer algo”, expresó el indígena.

La manifestación, convocada por la organización católica Pueblo Creyente y la Diócesis de San Cristóbal partió del sur y poniente de la ciudad de San Cristóbal rumbo a la iglesia catedral donde llevaron a cabo una jornada de oración para la construcción de la paz.

El contingente lo conformaron indígenas tzotziles, tzeltales, tojolabales, mam, chol, cachique, quienes al llamado de los caracoles y tambores avanzaron de forma pacífica por las calles.

Los manifestantes, en su mayoría mujeres, portaban banderines blancos y pancartas en las que se podía leer “Hermano del Crimen Organizado escucha la voz de Dios que dice no mates a tu hermano”, “Exigimos al gobierno alto al alcoholismo, alto a la delincuencia”.

Durante su caminata también se expresaron: “¿Que exigimos para San Cristóbal? !La paz si, si; violencia no, no!”, “¡Viva la libertad, viva Chiapas, viva la verdad”, “La verdad nos hará libres, las voces de paz de los pueblos de Chiapas son silenciadas por la violencia, las armas y la intimidación”.

También recordaron y celebraron los 100 años del nacimiento del obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, el finado Samuel Ruiz, también defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chiapas y México.

La marcha finalizó con la organización católica leyendo un comunicado en el que denunció atropellos e injusticias que viven los pueblos indígenas y sus comunidades a manos del crimen organizado y la omisión del Gobierno de México.

Por ello, su mensaje fue que las autoridades “simplemente hagan lo que les corresponde hacer, ellos se comprometieron con el pueblo a darnos paz y parece que fue todo lo contrario”, dijo Dardo Guillen, habitante de San Cristóbal.

Mientras que el obispo auxiliar, Luis Manuel López Alfaro, señaló que en algunas regiones de Chiapas “no existen condiciones para vivir, menos para realizar las elecciones federales, estatales y municipales, del 2 de junio, debido a la violencia”.

“Hay regiones que están muy controladas y por los retenes no pueden salir y no pueden entrar, hay grupos que controlan a la gente, ¿cómo van a votar libremente, si no hay libertad ni para transitar ni para vivir, ni para caminar?”, cuestionó el prelado.

Señaló que en su lucha han pasado por las comunidades indígenas, a las que la delincuencia han obligado “a alinearse” o dejar su lugar de origen perdiendo todos sus derechos.

“A quienes han opuesto resistencia les han hecho la vida imposible, lo que ha traído dolor, sufrimiento, extorsiones, muerte, desaparecidos, comunidades desplazadas, sin libre tránsito y diezmadas”, agregó.

De acuerdo con organizaciones, cerca de 20 mil personas se encuentran desplazadas forzadamente de unos 30 municipios indígenas de Chiapas debido a la violencia por grupos armados que buscan controlar estos territorios.

En los últimos años las comunidades indígenas de Chiapas han advertido un aumento en la violencia e inseguridad en el estado.

Activistas, ONG y comunidades han señalado el clima de “guerra civil” que se vive en el estado por los conflictos armados, presencia de grupos del crimen organizado y cárteles del narcotráfico, lo que ha desencadenado homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, en particular en comunidades indígenas y afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

 

 

 

Con información de EFE

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NACIONAL

Marina evacua a 616 personas ante el avance del huracán ‘Simon’ hacia Sinaloa

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La Secretaría de Marina (Semar) ha trasladado a 616 personas a albergues como parte de las acciones preventivas ante el avance del huracán ‘Simon’, categoría 2, que se localiza a unos 149 kilómetros al sur de las Islas Marías, Nayarit, y mantiene una trayectoria hacia las inmediaciones de Sinaloa.

‘Simon’ genera tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, así como en la zona de las Islas Marías.

Ante el posible impacto, se instalará un puesto de comando en Mazatlán, Sinaloa, con la participación de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), para coordinar las medidas preventivas.

La Semar informó que dispone de 5 mil 683 elementos de la Cuarta Región Naval para atender la emergencia. Además, en Sinaloa y Nayarit hay 10 brigadas de respuesta ante emergencias, integradas por alrededor de 600 efectivos especializados.

Como parte de los preparativos, se cuenta con más de mil 300 despensas y 5 mil 745 litros de agua embotellada para apoyar a la población afectada.

En Jalisco, personal naval realizó labores de limpieza en La Manzanilla y Pérula, además de recorridos en siete poblados costeros de Cabo Corrientes. También fueron habilitados 20 albergues en Tomatlán y dos en Cruz de Loreto.

La dependencia mantiene el cierre total a la navegación en Rosarito y San Felipe, Baja California, así como en Puerto Libertad y Puerto Peñasco, Sonora.

La Secretaría de Marina llamó a la población a mantenerse informada por canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades ante el avance del huracán.

“Refrenda su compromiso de brindar apoyo oportuno a la población más afectada, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno”, señaló la dependencia.

 

Con información de López-Dóriga Digital.

 

 

 

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Rescatan a 32 personas y tres perros atrapados por inundaciones en Ensenada

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Un total de 32 personas y tres perros fueron rescatados mediante un operativo aéreo en el Rancho Génesis, en Ensenada, Baja California, luego de quedar incomunicados por las afectaciones de la tormenta tropical Rachel.

Ante las dificultades para acceder por tierra debido a las condiciones climáticas, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda gestionó el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fuerza Aérea Mexicana para trasladar a los afectados a un lugar seguro.

El rescate requirió cinco viajes en helicóptero, además de un vuelo de reconocimiento para evaluar la zona y definir la ruta de extracción.

Las 32 personas rescatadas, entre ellas nueve hombres, 10 mujeres y 13 niñas y niños, recibieron una valoración médica, fueron registradas y pudieron comunicarse con sus familiares. Los tres perros que las acompañaban también fueron puestos a salvo.

“Mi reconocimiento más profundo a las mujeres y los hombres de la Defensa, que demostraron su valentía, entrega y compromiso con el pueblo de Baja California”, expresó la gobernadora, quien agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el respaldo federal.

Las lluvias provocadas por ‘Rachel’ dejaron comunidades incomunicadas y vialidades inundadas, principalmente en Ensenada. Ante la emergencia, autoridades estatales y federales mantienen labores de evaluación de daños y atención a la población afectada.

El Gobierno de Baja California también habilitó centros de acopio en el DIF Estatal y en los sistemas municipales para reunir ayuda destinada a las personas damnificadas.

 

Con información de López Dóriga Digital

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NACIONAL

Gases, presuntos desaparecidos y 39 detenciones deja la marcha por el agua en Guadalajara

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La manifestación para exigir agua limpia y suficiente, realizada este domingo 11 de octubre en Guadalajara, terminó con enfrentamientos frente a Casa Jalisco y 39 personas detenidas, de acuerdo con el Gobierno estatal. La actuación policial generó cuestionamientos y exigencias de información sobre los arrestados, así como llamados a garantizar sus derechos.

La movilización partió de la glorieta de La Minerva hacia la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. Durante los incidentes, policías estatales utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los participantes. Diversos reportes periodísticos señalaron personas lesionadas entre los manifestantes.

De acuerdo con la versión del gobierno estatal, alrededor de 10 mil personas marcharon pacíficamente, pero posteriormente irrumpió un grupo de unas 400, mayoritariamente encapuchadas o con el rostro cubierto, que supuestamente protagonizaron actos violentos. Las autoridades reportaron la detención de 21 hombres y 18 mujeres, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía estatal.

El balance oficial incluyó 28 policías lesionados, dos de ellos de gravedad: uno sufrió fracturas de cráneo, pómulo y nariz, mientras otro perdió un dedo. El Ejecutivo estatal afirmó que 16 observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco acompañaron la jornada y supervisaron las detenciones y los traslados.

Exigen esclarecer las detenciones

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) exigió al gobierno de Jalisco respetar los derechos humanos y garantizar el debido proceso. En un pronunciamiento firmado por su rector, Alexander Paul Zatyrka Pacheco, y el presidente de ITESO, AC, Francisco Javier Arizti Galnares, se pidió evitar la criminalización de quienes reclaman agua de calidad y privilegiar el diálogo.

La universidad señaló que algunas personas detenidas pertenecen a su comunidad y solicitó a la Fiscalía informar sus nombres, estado de salud y los cargos que fundamentan los arrestos. También exhortó al gobierno estatal a actuar con prudencia y respetar los parámetros de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

Por su parte, diputados del partido local Hagamos exigieron la liberación inmediata de los detenidos, y denunciaron que algunos no aparecían en listas ni en separos.

“Protestar no es un delito”, sostuvieron, al pedir información sobre su situación jurídica y ubicación.

Por su parte, la Universidad de Guadalajara (UdG) informó que recibió reportes de tres estudiantes detenidos y solicitó garantizar su integridad y gestionar su liberación.

Morena también pidió informar el paradero de los ciudadanos detenidos y liberarlos. El partido llamó a las autoridades estatales a atender mediante el diálogo y soluciones de fondo las denuncias por contaminación del agua y desabasto, además del rechazo de manifestantes a la privatización del agua.

 

Con información de López-Dóriga Digital

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