La mayoría en la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución para anular elecciones cuando se acredite una intervención extranjera.

Dicho proyecto fue avalado la mañana de este jueves 28 de mayo de 2026 con un total de 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención.

El dictamen, que adiciona un inciso d) a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política, deriva de una iniciativa presentada por el diputado morenista Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.

En lo particular se aceptó la reserva presentada por el legislador morenista Jorge Luis Sánchez Reyes para que la redacción quede: “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.

Sánchez Reyes mencionó que más allá de los partidos políticos está la patria, la nación y se debe entender que la soberanía recae en el pueblo, y en México no permitimos injerencia extranjera. La soberanía debe ser absoluta, indivisible y centralizada, y el soberano tiene autoridad total para mantener el orden interno y proteger al Estado de amenazas externas”.

Monreal Ávila explicó que esta modificación precisa que cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales sea declarada la nulidad del proceso electoral.

Enfatizó que “no hay ninguna intención de desvirtuar el precepto fundamental de no permitir que gobiernos extranjeros o que cualquier agente del exterior intervenga en nuestros procesos comiciales. Ese es el fin, ese es el fondo. Se pretende acuñar en la Constitución y que evite que cualquier intervención extranjera o de agentes extranjeros puedan ser válidas en el país”.

Dicho dictamen se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Con información de López-Dóriga Digital

La mayoría en la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la reforma judicial, que permite a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) postularse para un nuevo periodo en la elección judicial programada para 2028.

De esta forma, los magistrados beneficiados con esta modificación son Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez y Mónica Soto.

Dicho ajuste fue propuesto por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, en donde se detalla que los magistrados del TEPJF podrían ser elegibles para un nuevo periodo en la elección del Poder Judicial de 2028.

De participar en los comicios judiciales y resultar electos, los cuatro magistrados del TEPJF estarían en el cargo hasta por 17 años.

“Las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028”, se destaca en la modificación .

“Con esta reforma se pretende evitar un trato diferenciado entre los ministros, magistrados y jueces de distrito que tuvieron en aquella reforma la opción de postularse a la elección que seguía. Y en aquel momento no se contempló a las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, puntualizó Gutiérrez Luna,

Durante la sesión en San Lázaro, legisladores de la oposición y algunos del bloque oficialista solicitaron que la reserva presentada por Gutiérrez Luna se votara de forma separada del resto del dictamen, sin embargo, la propuesta fue rechazada por el Pleno.

El ajuste provocó divisiones entre las bancadas de Morena y el Partido del Trabajo (PT). Al menos 22 diputados guindas decidieron abstenerse.

Con información de López-Dóriga Digital

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular con cambios, el dictamen que reforma la Constitución para aplazar la elección judicial de 2027 hasta el primer domingo de junio de 2028, y en donde se precisa que la revocación de mandato será el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional.

En lo particular, fue ratificado con la mayoría calificada de 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, con los cambios aceptados por el Pleno, a efecto de que magistradas y magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral que estén en funciones puedan ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028, sobre las secciones en la SCJN y duración en el cargo de magistrados de circuito y jueces de distrito.

Revocación de mandato, el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional

Se aceptó del diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) modificación al artículo 35 de la Carta Magna, para que se precise que no va a haber posibilidad de que empaten las elecciones federales con la revocación de mandato.

“Va a quedar que sea el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional”, y en esa lógica nunca podrá empatarse la revocación de mandato con ninguna elección intermedia federal o la elección constitucional de la presidencia de la República”.

Magistradas y magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral podrán ser reelectos en 2028

También se aceptó la reserva del diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena) para modificar el artículo cuarto transitorio del decreto publicado el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, a fin de precisar que las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente decreto, podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028.

Gutiérrez Luna mencionó que con el cambio se salvaguarda el principio de igualdad y no discriminación, ya que se corrige el trato diferenciado e injustificado entre las magistraturas de la Sala Superior y el resto de las personas juzgadoras sujetas al nuevo modelo constitucional de elección judicial, dado que la Sala Superior tutela los derechos político-electorales y la regularidad constitucional de las elecciones, por lo que, al excluir a sus integrantes, se debilita el reconocimiento institucional de esa función estratégica.

Con información de López-Dóriga Digital