Desde años atrás, el financiamiento para refugios para atender y crear refugios para mujeres víctimas de violencia quedó en el limbo, y mucho menos existen mecanismos de protección para quienes sufren discapacidad.

Hoy estamos luchando para que la ley incorpore condiciones accesibilidad necesarias para proporcionar atención, en igualdad de condiciones y sin discriminación, a las mujeres con discapacidad, incluyendo la posibilidad de contar con asistencia de personal de apoyo.

Además las mujeres con discapacidad deben tener derecho a que los procedimientos sean accesibles y a que se realicen los ajustes de procedimiento necesarios para ello.

Un aspecto a considerar es contar con interpretación en lengua de señas mexicana, la cual será proporcionada gratuitamente.

Hoy planteamos reformar la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, considerando que los refugios han sido modelo exitoso, pero incorporando la atención integral a quienes sufren discapacidad.

Los Refugios surgieron en México en los 90’s como iniciativa de la Sociedad Civil y de los movimientos de mujeres, siendo la Red Nacional de Refugios (RNR) impulsora de este movimiento, buscando la articulación y colaboración con diversos sectores de la sociedad; gobierno, academia, iniciativa privada, medios de comunicación, ciudadanía, etc.; visibilizando el grave problema de las violencias machistas contra las mujeres y colocándolo en la agenda pública como un problema de seguridad, salud pública, derechos humanos y acceso a la justicia.

Los refugios son definidos como espacios confidenciales, seguros, temporales y gratuitos que proporcionan atención integral, es decir servicios de carácter psicológico, educativo, médico, legal y de trabajo social, a mujeres, sus hijas e hijos que han sido víctimas de violencia extrema en el ámbito familiar.

Los refugios proporcionan alojamiento seguro para mujeres y niñas en riesgo o que han padecido violencia, aunque ofrecen mucho más que un mero lugar seguro donde hospedarse. Los refugios proporcionan aspectos esenciales de protección, servicios y recursos que permiten a las mujeres que han sido maltratadas, y sus hijos e hijas, sobreponerse de la violencia, reconstruir su autoestima, y dar los pasos para restablecer una vida con autodeterminación e independencia.

Cuando están dotados de los recursos adecuados, los refugios tienen la capacidad de prestar una amplia gama de servicios de protección y apoyo necesarios para ayudar a las sobrevivientes, y quienes se encuentren en riesgo de padecer violencia, a evitar el maltrato en el futuro. Los refugios también pueden contribuir a la concienciación y a los cambios sociales como parte de los esfuerzos más amplios para prevenir totalmente la violencia contra las mujeres y las niñas.

Las sobrevivientes de violencia no denuncian el maltrato y, con frecuencia, no buscan ayuda de proveedores de servicios formales y autoridades por muchas razones. La presencia de los refugios y el apoyo que ofrecen pueden abordar algunas de estas barreras porque alientan a las mujeres y niñas a buscar ayuda.

En México, las mujeres y niñas con algún tipo de discapacidad viven hasta 10 veces más violencia de género que aquellas sin discapacidad, así lo destaca la última Encuesta Nacional Sobre Discriminación, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (Inegi).

No podemos dejar de mencionar que aunque los gobiernos tienen campañas permanentes para asegurar a las mujeres que sufren violencia que hay asistencia a la que pueden acceder, para las mujeres con discapacidad, esta frase pierde plausibilidad porque la mayoría de los servicios son inaccesibles”.

Las mujeres con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan apoyo para tareas esenciales, deben tener acceso igualitario a refugios y protección. En algunos casos, esto implica que los refugios les brinden ayuda para que puedan dejar al agresor.

A su vez, las mujeres con discapacidad pueden enfrentar discriminación por parte de policías, investigadores u otros funcionarios de aplicación de la ley.

Las reformas que se propongan garantizarían los ajustes a los procedimientos para que las mujeres con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en las investigaciones, las audiencias, los procesos y otros pasos indispensables para acceder a la justicia.