Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro contra el esquema de evaluación de desempeño publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Hasta el momento, se reportan afectaciones en al menos 22 sedes distribuidas en más de 16 estados.

Por ejemplo, en San Lázaro (CDMX) empleados colocaron candados y montaron un plantón desde la medianoche. Señalaron que mantendrían la suspensión hasta que se modificara el acuerdo, aunque permitirían el acceso relacionado con el Centro de Desarrollo Infantil, la seguridad y otros servicios.

Las evaluaciones están previstas para los días 4, 8, 14 y 15 de diciembre, e incluyen a secretarios proyectistas, asistentes, actuarios y oficiales judiciales. El mecanismo contempla calificaciones de cero a 100 puntos para valorar conocimientos, preparación profesional y desempeño, con el propósito de mejorar la calidad de la administración de justicia.

Los inconformes cuestionan que el examen de conocimientos represente el 40 % de la calificación y que el resto incluya valoraciones de superiores, compañeros y otros indicadores. Temen posibles represalias y afectaciones a su estabilidad laboral. Algunos trabajadores aclararon que aceptan ser evaluados, pero piden criterios objetivos y capacitación para quienes obtengan resultados deficientes.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) sostiene que la evaluación de diciembre será diagnóstica, orientada a identificar necesidades de capacitación y que por lo mismo no tendrá consecuencias inmediatas sobre la permanencia de los empleados. Sin embargo, el esquema general contempla bajas para quienes obtengan 59 puntos o menos y no soliciten, no reciban autorización o reprueben el examen extraordinario previsto como segunda oportunidad.

El dirigente sindical Jesús Gilberto González Pimentel llamó a no realizar los exámenes y anunció dos reuniones con el OAJ, encabezado por Ernesto Vargas Solano, para revisar las disposiciones y buscar cambios en aquellas que pudieran afectar a los trabajadores. Advirtió que, si las negociaciones no avanzan, analizarán los pasos siguientes.

Con información de López-Dóriga Digital

La presidenta Claudia Sheinbaum presumió que Guadalupe Taddei sigue en México, en medio de los señalamientos de corrupción en su contra.

Durante la Mañanera del Pueblo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó un informe sobre una red de empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, para obtener contratos millonarios con el Instituto Nacional Electoral (INE).

De esta forma, la mandataria fue cuestionada sobre si el tema se ha abordado en el Gabinete de Seguridad federal y si se conoce el paradero de Taddei y los hermanos Hernández Casillas.

“Hasta ahora no se ha comentado este tema. Sí, es lo que presumimos, pero bueno, que se revise la investigación”, refirió.

En medio del tema, Sheinbaum Pardo confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas bancarias de personas y empresas vinculadas con proveedores electorales tras detectar operaciones financieras de riesgo.

Con información de López-Dóriga Digital

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo con el presupuesto de cerca de 47 mil millones de pesos que Guadalupe Taddei planteó para el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2027, y señaló que corresponde a la Cámara de Diputados reducirlo.

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves 5 de noviembre, explicó que el gobierno comunicó su inconformidad mediante la Secretaría de Gobernación (Segob).

Nosotros no lo podemos modificar”, precisó, al señalar que el Ejecutivo debe incorporar al proyecto de Presupuesto de Egresos las solicitudes que recibe de otros poderes y organismos autónomos, como el Congreso, el Poder Judicial y el INE.

No obstante, aclaró que sí se excluyeron los recursos asociados a una eventual consulta pública.

Como no va a haber ninguna consulta pública en el 2027 porque ya pasaron los tiempos, esa parte pues ya no se presentó”, explicó.

Sheinbaum sostuvo que los diputados pueden ajustar el presupuesto del organismo a un rango coherente con los recursos de 2024, 2025 y 2026. Añadió que, con la información que ahora se conoce sobre el Instituto -respecto a una presunta corrupción que involucra a proveedores de material electoral- es “muy probable” que puedan realizarse ahorros internos.

Dicho pronunciamiento ocurre después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueara las cuentas de 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas con proveedores electorales y presentara una denuncia ante la FGR. La Secretaría de Hacienda precisó que el bloqueo es preventivo y no constituye una determinación definitiva de responsabilidad.

Por su parte, el Consejo General del INE tenía previsto votar este jueves un plan para fortalecer los controles de contratación, con auditorías externas y solicitudes de información sobre proveedores a la UIF y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Con información de López-Dóriga Digital