El operativo de inteligencia militar en la Normal Rural de Ayotzinapa era más grande de lo que se pensaba originalmente.

Al menos cuatro militares fueron infiltrados entre los alumnos o en su entorno inmediato para elaborar reportes de las actividades de los normalistas: dos de los agentes de inteligencia murieron, y dos más lograron salvar sus vidas y ya han sido interrogados sobre la desaparición de los 43 normalistas.

El primero, conocido como “Juan N” y de quien no se conocía su existencia hasta ahora, sobrevivió porque el día en que desaparecieron los 43 alumnos se quedó en la normal rural por razones desconocidas.

«Juan N: Declara que jamás salió de las instalaciones, por ende, no se enteró de lo que sucedía. Sólo logro escuchar que había una balacera por la pista Zacacoyuca» se establece en el informe presentado ayer.

También señala que: “Se ha buscado un acercamiento con el elemento activo Juan “N”, quien también era alumno de la normal”.

El segundo militar salvó su vida porque se encontraba realizando labores de vigilancia en calles de la capital de Tixtla.

«Se tiene identificado al ‘otro OBI’ desplegado a la cabecera municipal de Tixtla que observa al OBI que forma parte de los estudiantes presuntamente desaparecidos, ingresar a la Normal el 28 de septiembre del 2014», señala el mismo documento.

Lo anterior se desprende del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, en el que se destaca que estos dos militares fungían como OBI -Órganos de Búsqueda de Información- adscritos al área de inteligencia castrense. Su misión era vigilar los movimientos de los estudiantes.

En el reporte se incluye el caso del otro agente militar infiltrado y quien se hacía pasar por alumno, Julio César López Patolzin, desaparecido junto con los estudiantes la noche del 26 de septiembre.

«Las actividades que realizaba López Patolzin, desde el 2012 en la escuela, consistían en informar lo que acontece en las asambleas que se realizaban en la normal; dar seguimiento a las marchas, mítines y cualquier movimiento que los estudiantes realizaban en el estado de Guerrero o fuera de la entidad y detectar vínculos con integrantes de grupos subversivos, grupos de la delincuencia organizada y todo movimiento que pusieran en riesgo la seguridad interior y la seguridad nacional», se expone en el documento.

Horas antes de la llamada noche de Iguala, López Patolzin señaló en un informe que mandó a su superior, el teniente de Infantería Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería, que los alumnos tenían un plan de acción para el 2 de octubre del 2014.

Ese fue el último despacho que logró enviar, alrededor de las 10:00 horas del 26 de septiembre y de su destino se desprende una falla por parte de sus superiores que, a la postre, también influyó en evitar que los estudiantes fueran localizados.

Y es que en el informe presentado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración de la Segob, se advierte que el superior jerárquico de López Patolzin no realizó ninguna acción para proteger su integridad a pesar de saber que participaría en las actividades de los normalistas. En particular, no activó los protocolos de búsqueda del Ejército una vez que se supo de su desaparición;

«Julio César López Patolzin fue desaparecido junto con los estudiantes normalistas. No obstante que se encontraba activo en el Ejército mexicano realizando funciones de informante y de que su superior jerárquico estaba al tanto de que se encontraba dentro del grupo de estudiantes, éste no realizó ninguna acción de protección a su identidad de búsqueda de su persona, pese a que su deber, cómo lo establece el protocolo para militares desaparecidos, obliga a los mandos implementar medidas contundentes a fin de coadyuvar en la búsqueda localización y en su caso rescate del personal militar desaparecido», se menciona en el informe.

Julio César López Patolzin tenía 25 años de edad, causó alta en el Ejército el 16 de enero del 2009, en el 50 batallón de infantería de Chilpancingo, con un tiempo de servicio de cinco años y ocho meses al momento de su desaparición, cuando tenía dos meses de haber ingresado a la Escuela Normal para estudiar, así lo confirmó en su momento el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, luego de que MILENIO tuvo acceso a las libretas de apuntes de la víctima.

El segundo militar muerto fue confirmado a este diario por Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de la entonces Procuraduría General de la República.

«Había dos integrantes del Ejército que estudiaban en la normal rural Raúl Isidro Burgos», comentó el ex funcionario en entrevista con MILENIO en 2014.

Sedena entregó al GIEI información sobre militares relacionados con Guerreros Unidos

La Sedena entregó al GIEI los informes con que contaba de elementos militares y funcionarios estatales relacionados con el grupo criminal de Guerreros Unidos.

El instituto armado fue obligado en la presente administración, a proporcionar toda la información referente al caso de la desaparición y búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con los informes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotiznapa, el 24 de mayo de 2019 hizo llegar al GIEI los radiogramas del 26 y 27 de septiembre del 27 Batallón de Infantería, en Iguala.

Asimismo, los mensajes urgentes que enviados a la 35 Zona Militar tras el ataque de los sicarios de Guerreros Unidos en Iguala, y los informes de inteligencia, archivos cifrados, organigramas y estructuras del 27 Batallón .

También, el documento del Sistema de Información de Archivos Cifrados Arcanos, además de que tuvo que revelar un informe sobre cuál fue el papel del Batallón de Iguala frente a los hechos del 26 de septiembre y los antecedentes castrenses de policías municipales en dicha región del estado de Guerrero.

En agosto de 2019, el Ejército amplió la información sobre la colusión de funcionarios estatales con Guerreros Unidos, de policías municipales de Iguala y Cocula con antecedentes castrenses, y la información de militares relacionados con el grupo criminal que se sabe ordenó el secuestro y desaparición de los estudiantes.

La información sobre las actividades de Julio César López Patolzin, quien era un militar que se infiltró como estudiante en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, también fue entregada, al igual que las acciones que tomó la dependencia para buscar a los normalistas.

Un año después, es decir, en 2020, el GIEI volvió a solicitar más información a la Sedena, así como al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El 18 de enero del año citado se requirió a la dependencia castrense la información faltante y que era vital para la investigación sobre los normalistas, entre esta, los mensajes generados por la Comandancia del 27 Batallón de Infantería.

Igualmente, los folios faltantes del 26 y 27 de septiembre generada por el Grupo de Análisis de Orden Interno de la 35 Zona Militar; el documento denominado “Problemática delictiva en Región Norte y Centro de Guerrero, 2014”.

Además, la agenda estatal de riesgos 2014; el listado de las órdenes de aprehensión emitidas y pendientes por cumplimentar durante la época del ataque a los estudiantes, y los acuerdos que tomaron los militares en la sesión del 12 de diciembre del mismo año.

El 10 de septiembre de 2020, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dirigió un cuestionario a la CNDH, del cual obtuvo respuesta el 12 de enero de 2021, a través de un oficio de 22 fojas y una USB con 3 mil 705 fojas.

Cabe señalar que en noviembre de 2020, un juez federal dictó auto de formal prisión contra capitán del Ejército en retiro José Martínez Crespo, quien fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del presunto delito de delincuencia organizada en su modalidad de cometer delitos contra la salud. El militar fue vinculado con el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con la averiguación previa que comenzó a ser integrada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el capitán Martínez Crespo tomó dos fotografías de jóvenes estudiantes y de un profesor, después de que, atendiendo las órdenes de su comandante del 27 de Batallón de Infantería, se dirigió a una clínica privada en el municipio de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 porque al parecer había gente armada.

Con información de Milenio