El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa “fue un crimen de Estado”, no hay indicios para afirmar que los estudiantes estén vivos y las autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluido el Ejército, pudieron actuar para impedir la “desaparición y asesinato” de los normalistas.

Estas son tres de las las conclusiones preliminares del informe sobre los hechos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, los cuales se presentaron esta tarde en Palacio Nacional.

“No hay indicio alguno que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, enfatizó el presidente de esa comisión y subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas.

En el informe, que antes de hacerse público en conferencia de prensa se presentó a los padres y madres de los jóvenes estudiantes, acto en el que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios de su gobierno, así como el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz, se remarca que el día de los hechos autoridades federales, entre ellas el Ejército, estatales y locales conocieron en tiempo real la situación de lo que aconteció, por lo que pudieron actuar para evitar los delitos, perpetrados por la organización criminal Guerreros Unidos.

“Todas las autoridades estuvieron informadas de la toma de camiones, de la llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución que fueron objeto (los jóvenes), por lo cual las omisiones en las que incurrieron estas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad ya sea por acción u omisión, porque de haber intervenido con la información que disponían se hubiera impedido la desaparición y asesinato de los estudiantes”.

Las autoridades supieron desde la salida de los estudiantes de la normal hasta el momento que se dio la orden de desaparición, a las 22:45 horas de aquel 26 de septiembre de 2014.

Con la revisión y análisis de todos los elementos para esta investigación –entre ellos expedientes, registros telefónicos y de mensajería, testimonios, archivos del Ejército y otras corporaciones, video grabaciones, entras otras— “se acredita plenamente la colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno, como los policías municipales de Iguala, Cocula, Huiztuco Tetecuacuilco, con Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”.

Incluso, se comprobó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía un elemento infiltrado en la normal de Ayotzinapa, el soldado Julio César López Patolzin, quien es uno de los 43 desparecidos, y pese a ello, los mandos militares de la región “no realizaron acciones para su protección y búsqueda”, lo que pudo impedir no sólo su desaparición, sino la del resto de los jóvenes.

“La Sedena tenía dentro de la normal a Julio César López Patolzin, quien realizaba informes para la Sedena dentro de la normal, era el responsable de informar lo que acontecía en asambleas, acciones y estaba informado de los actos preparatorios de la marcha de 2 de octubre.

“Él estaba bajo el mando del teniente Marcos Macías Barbosa, comandante del 27 batallón. Su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de ese día (26 de septiembre), desapareció junto a los estudiantes, sin que sus mandaos realizarán ninguna acción ara ir a la búsqueda, como lo establecen los protocolos, que de haberse aplicado no sólo se habría protegido y garantizar integridad del soldado, sino de todos los estudiantes”, subrayó el funcionario federal y presidente de la Comisión.

Aseveró que la investigación no ha concluido, y que paralelamente la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso de la FGR realiza las indagatorias correspondientes, por lo que ya hay órdenes de aprehensión contra 33 ex servidores públicos de los que se presume algún grado de responsabilidad en los hechos, incluida la creación de la llamada Verdad Histórica.

“Estos son avances de investigación, estamos conscientes que aún tenemos tarea larga por delante, no estamos cerrando la investigación, sino que continúa hasta que encontremos toda la verdad, encontremos a los muchachos y se castigue a los responsables”.

El subsecretario se reservó los nombres de las personas requeridas por la justicia, aunque aclaró que entre ellos por el momento no se encuentra el ex presidente Enrique Peña Nieto. Uno de los que tendrá que hacerse responsable, afirmó, es el teniente Macías Barbosa.

“La creación de la Verdad Histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder, desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.

Encinas indicó que el gobierno federal y la FGR tuvieron acercamientos con los abogados de Tomás Zerón de Lucio –quien en aquel año era el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República y el cerebro de la Verdad Histórica—, hoy prófugo de la justicia y quien se encuentra en Israel, a fin de tener un acercamiento para proponerle su colaboración con beneficios de ley.

Así, se pudo realizar en encuentro virtual con el ex funcionario, autoridades de justicia mexicanas e integrantes de la Comisión los pasados 16 y 17 de febrero. “Se le ofreció un criterio de oportunidad que no aceptó. Pero hemos mantenido comunicación con sus abogados para esperar que pronto pueda avanzar un acuerdo de colaboración, no esperar al proceso de extradición –reclamado por México— y se allane a legislación mexicana paraa encarar los delitos de los que se le acusa y en caso de colaboración eficaz tener algún beneficio de ley”, remarcó Encinas.

En el informe también se confirmó que tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, “en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición”, lo que echa abajo la hipótesis de que habrían sido incinerados todos en el basurero de Cocula.

Entre las pruebas obtenidas, dijo, se tienen los testimonios de 115 personas vinculadas con el caso, tres de ellos perpetradores liberados, cuatro sujetos puestos en libertad por haber sido víctimas tortura, 15 aún presos, 23 sobrevivientes, 11 ex funcionarios y 59 testigos.

“Lamentablemente en este proceso han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas clave para obtener información. De estas personas, 14 eran integrantes de Guerreros Unidos, tres familiares de miembros de esa organización criminal, dos de (otro grupo delictivo) Gente Nueva, siete testigos o involucrados, entre ellos activistas, funcionarios, políticos y gente que venía proporcionando información, como Mario Salgado Covarrubias, que encabezada Guerreros Unidos y había iniciado colaboración con esta Comisión”.

Con información de La Jornada