NACIONAL
SCJN tumba orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca
La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la orden de aprehensión que un juez de control había girado contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, tras argumentar que el mandatario tamaulipeco todavía gozaba de fuero al momento en que se emitió el mandamiento judicial, por lo que la citada orden era contraria a la Constitución.
De igual forma, los ministros de la Primera Sala resolvieron que aún cuando la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados para desaforar a García Cabeza de Vaca es válida, era necesaria la aprobación del Congreso de Tamaulipas para convalidar el desafuero, por lo que al no haberse aprobado la misma por los diputados estatales, el desafuero no se concretó y el gobernador mantenía su fuero constitucional.
Por lo anterior y con unanimidad de votos, la Primera Sala de la Corte determinó anular la orden de aprehensión girada el 19 de mayo del 2021 por el juez de Control con residencia en el penal federal “El Altiplano” en el Estado de México, Iván Aarón Zeferín Hernández, dejando sin efecto el proceso penal contra García Cabeza de Vaca.
Al resolver las controversias constitucionales 50/2021 y 70/2021 presentadas por el Congreso de Tamaulipas contra la Cámara de Diputados y la Fiscalía General de la República, respectivamente, los ministros de la Primera Sala determinaron que la petición de la FGR para procesar a Cabeza de Vaca violó el fuero constitucional del Gobernador.
La controversia constitucional presentada por el Congreso del Estado de Tamaulipas contra la Cámara de Diputados alegaba que el dictamen para desaforar al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca debería ser invalidado, pero la sentencia de la Corte reconoció su validez, conforme a la Constitución.
No obstante, la Primera Sala estableció que el Dictamen de Declaración de Procedencia aprobado en San Lázaro “no elimina, por sí mismo, la inmunidad procesal de la que goza el Gobernador de dicha entidad federativa”.
La sentencia del máximo tribunal agregó que de acuerdo con el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Federal, el procedimiento para retirar la inmunidad procesal al titular de un Poder Ejecutivo de cualquier entidad federativa, prevé la intervención sucesiva de la Cámara de Diputados y posteriormente, los Congresos de los Estados, por lo que los diputados locales o estatales tienen la última palabra sobre el desafuero de los gobernadores.
“El Congreso de la entidad federativa correspondiente es quien, en última instancia, decide si un servidor público estatal —el titular del Poder Ejecutivo, en este caso—, puede ser enjuiciado penalmente por la comisión de un delito federal durante el periodo en el que ejerce su cargo.
Por lo anterior, la Primera Sala “resolvió que el efecto de la Declaración de Procedencia que realice la Cámara de Diputados solamente es para ser comunicada a la legislatura local a fin de que ésta determine lo que corresponda conforme a la facultad ya mencionada, sin que ello implique una vulneración a la competencia del Poder Legislativo de Tamaulipas. Por consiguiente, el Máximo Tribunal declaró infundada la controversia y reconoció la validez del Dictamen citado”.
Al analizar la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas contra la Fiscalía General de la República (FGR) para impugnar tanto la solicitud de orden de aprehensión realizada por la propia FGR como la orden respectiva que emitió un juez federal contra García Cabeza de Vaca, la Primera Sala de la Corte concluyó que la Fiscalía y el juez de control vulneraron el orden constitucional.
Además, la sentencia establece que la FGR y el juez Iván Aarón Zeferín Hernández desconocieron y vulneraron las facultades del Congreso de Tamaulipas, al tratar de imputar al Gobernador del Estado por la comisión de delitos federales, ya que debieron esperar la votación de los diputados locales para concretar el desafuero del mandatario estatal.
Por lo anterior, la Corte consideró que la FGR y el juez de control buscaron sustituir al Congreso de Tamaulipas, ya que se requería el despliegue de sus facultades para desaforar al Gobernador de la entidad, es decir, que antes de proceder penalmente en su contra, era necesario que los diputados estatales aprobaran un punto de acuerdo o dictamen para concluir que García Cabeza de Vaca era “susceptible de ser procesado penalmente conforme al procedimiento constitucional antes descrito”.
“A partir de lo expuesto, la Primera Sala concluyó que tanto la solicitud de orden de aprehensión, como la decisión de emitirla, vulneran una facultad constitucionalmente asignada en favor del Congreso del Estado de Tamaulipas, por lo que declaró su invalidez”, concluye la sentencia del caso.
Con información de Aristegui Noticias
En el portal digital que habilitó el Congreso se han registrado mil 809 personas para participar en la elección extraordinaria de ministros, magistrados y jueces, que se llevará a cabo el 1 de junio de 2025, informó este día el presidente la Mesa Directiva de Senado mexicano, Gerardo Fernández Noroña.
En un comunicado, el Senado recordó en ese proceso electoral se elegirán los siguientes cargos: cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Además de 10 magistradas y 5 magistrados de las Salas Regionales del TEPJF, con sede en Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca, además de 464 magistradas y magistrados de Circuito, y 386 juezas y juezas de distrito.
De acuerdo con la convocatoria emitida por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, las personas aspirantes podrán continuar su registro, cuya etapa concluye el 24 de noviembre, tanto en el portal digital como en la oficialía de partes de cualquiera de las cámaras.
La reforma al Poder Judicial promulgada el 15 de septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y cuenta con el respaldo de la mandataria, Claudia Sheinbaum.
El Gobierno sostiene que los ciudadanos deben elegir a los jueces y defiende la Constitucionalidad de la reforma, dado que fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso.
Pero los trabajadores e integrantes del Poder Judicial denuncia la intromisión del Ejecutivo en la Justicia y señala que el oficialista de Morena impulsará a sus candidatos para las elecciones de jueces que comenzarán en junio de 2025.
Con información de EFE.
NACIONAL
Diputados aprueban reforma ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular con cambios, el dictamen que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Este dictamen, que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución, fue avalado con un total de 335 votos a favor, 108 en contra y cero abstenciones.
En lo particular, se aceptaron tres reservas presentadas por el diputado Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena. Dos de ellas son para excluir del catálogo de delitos graves el narcomenudeo y la defraudación fiscal contemplados en el dictamen.
La tercera para establecer que el juez ordenará prisión preventiva oficiosa en el caso de delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.
Monreal Ávila explicó que, en la primera reserva, se propone excluir del catálogo de delitos graves el narcomenudeo, contemplado en el dictamen, “porque han planteado compañeros del movimiento que le demos un tratamiento social para poder generar condiciones de convivencia pacífica y recobrar, restañar el tejido social, sobre todo en jóvenes”.
La segunda reserva, dijo, excluye a la defraudación fiscal como delito grave porque la misma, es aquel uso de maquinación, engaño o manipulación para dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales cualquier ciudadano contribuyente; sin embargo, “creemos que en este momento necesitamos unidad nacional”.
Mientras que la tercera, agregó, se plantea ampliar la hipótesis de los distribuidores de procesadores químicos y de sustancias químicas esenciales que son las que provocan, producen las drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados que tanto daño están causando en el mundo. “Es necesario modificar este artículo y que los jueces y juezas no interpreten y no liberen indebidamente a los presuntos delincuentes o a los delincuentes confesos por alguna argucia de carácter técnico-jurídica”.
Además, en la discusión en lo particular, diputadas y diputados de PAN, PT, PRI y MC también presentaron diversas reservas, las cuales fueron retiradas o bien no se admitieron a discusión y, por lo tanto, se desecharon.
Con información de López-Dóriga Digital
Diez hombres y una mujer fueron detenidos por su presunta participación en el ataque a un bar de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Las personas aseguradas fueron llevadas a la Fiscalía Regional de Cuautitlán, pero al haber riesgo de su posible rescate fueron trasladadas a Toluca.
La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) refirió que tienen al menos cinco líneas de investigación sobre el ataque.
El ataque en el bar Bling Bling, ubicado en el la colonia San Francisco Tepojaco de Cuautitlán Izcalli ocurrió la noche del domingo.
De acuerdo con testigos, hombres armados llegaron y dispararon contra quienes se encontraban en el lugar.
En el establecimiento murieron tres hombres y dos mujeres. Se presume que una de las víctimas era menor de edad. Una sexta víctima murió horas después en un hospital.
Con información de Milenio
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