NACIONAL
Juez otorga primer amparo contra Ley de la Industria Eléctrica
El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro concedió el primer amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) sentencia que tiene efectos generales y que ordena aplicar el estatuto que estaba vigente antes de que entrara en vigor la reforma publicada el 9 de marzo de 2021.
La ley fue analizada desde la perspectiva del derecho a un medio ambiente sano y toma en cuenta ponencias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que debatieron el tema tras estudiar una acción de inconstitucionalidad en abril donde no se alcanzaron los ocho votos para declararla inconstitucional.
A diferencia de otras impugnaciones, que estudiaban el tema de competencia y libre concurrencia, el juez sólo analizó el tema del medio ambiente y los efectos adversos de la ley en esa materia.
Los efectos de la sentencia derivan de la propia jurisprudencia de la Corte, situación que impide que se aplique la ley impulsada por la actual administración federal.
Gómez Fierro, quien es titular del juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, otorgó la protección de la justicia a la asociación civil Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
La quejosa no participa directamente en el mercado eléctrico mayorista, es decir, no opera bajo ninguna modalidad de generador, comercializador, suministrador, comercializador no suministrador o usuario calificado conforme a la LIE; sin embargo, planteó como violación el derecho a un medio ambiente sano.
Por esta razón impugnó los artículos 3, fracciones V, XII, XII Bis (adicionada) y XIV; 4, fracciones I y VI; 12, fracción I; 26; 53; 101; 108, fracciones V y VI, y 126, fracción II, de la citada ley.
El juzgador declaró fundado los alegatos de la CEMDA, en el sentido de que el decreto reclamado es contrario al derecho a un medio ambiente sano, ya que restringe y modifica los incentivos existentes para la transición energética, además de no contemplar inversiones propias para alcanzar dicha transición.
Juan Pablo Gómez señaló que, en el Acuerdo de París, el Estado Mexicano asumió el deber de hacer frente al cambio climático por medio de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. México se comprometió, entre otras cuestiones, a reducir el 22% de dichos gases y el 51% de carbón negro, así como a generar el 35% de energías limpias para el 2024 y 43% para el 2030.
También comentó que recientemente el Senado ratificó el Acuerdo General sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, hecho en Escazú, Costa Rica, el cual incorpora diversas directrices tendientes a que los Estados parte impulsen y promuevan el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático, además del aumento de la resiliencia en caso de desastre.
“Ahora bien, como previamente fue señalado, si se analiza la ley reclamada como sistema, es posible advertir que incorpora diversos criterios para la asignación y despacho de las centrales eléctricas dentro del mercado eléctrico mayorista (MEM) que, normativamente, restringen la participación de las centrales eléctricas de particulares, en beneficio de las operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que, como se verá, no solo tiene consecuencias en el ámbito de la libre competencia y concurrencia sino, como se plantea en este caso, en el ámbito del derecho a un medio ambiente sano.
“Lo anterior, ya que dichas restricciones abiertamente contradicen el mandato constitucional de procurar la protección y cuidado al medio ambiente, así como incorporar mejores prácticas en los temas de eficiencia en el uso de energía, disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos naturales, baja generación de residuos y emisiones, así como la menor huella de carbono en todos sus procesos”, explicó.
Abundó que de acuerdo con un estudio realizado por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, por sus siglas en inglés), un escenario en el que se dé prioridad en el despacho de energía y acceso a redes a la energía de la CFE (incluyendo la proveniente de los productores independientes de energía), como el que se propone mediante la legislación reclamada, tendría un aumento significativo de emisiones contaminantes: (28%), (153%) y (48%), además de los costos de generación de energía.
Similares conclusiones, añadió, fueron sostenidas por el estudio denominado “Consecuencias ambientales de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica”, en el cual el análisis condujo a un aumento significativo en los gases de efecto invernadero.
“Con base en lo expuesto, es posible sostener que una de las principales consecuencias de las disposiciones reclamadas, analizadas como sistema, es desplazar la operación comercial de centrales eléctricas que pueden operar con fuentes de energía más limpia y menos costosa. Ello necesariamente tendrá como efecto que se limite el despacho de esas centrales impidiéndoles ofrecer su energía, sin importar que sea generada a partir de fuentes renovables. De modo que ello colocaría en una posición privilegiada al suministro de energía eléctrica a partir de centrales eléctricas convencionales que, además de resultar más costosas, operan en su mayor parte utilizando combustibles fósiles que generan el tipo de emisiones que México se comprometió a reducir mediante los compromisos internacionales referidos”, detalló.
En ese contexto, apuntó que si se considera que la producción y el consumo de energías fósiles afectan en mayor medida el medio ambiente, debido a la cantidad de gases y compuestos de efecto invernadero que producen, es indudable que la ejecución de sus disposiciones implica un riesgo de daño significativo al derecho a un medio ambiente sano, pues se fomenta la operatividad de centrales eléctricas convencionales que generan una mayor cantidad de emisiones que contaminan el aire y perjudican la salud física de las personas.
Con información de Milenio
La Fiscalía de Jalisco obtuvo la vinculación a proceso de Emma Yesenia Rubí “N”, expolicía municipal de Guadalajara entre 2021 y 2023, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.
Por medio de un comunicado el lunes 4 de mayo de 2026, la autoridad de Jalisco indicó que la expolicía municipal permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante dos años como medida cautelar.
De acuerdo con la investigación, los hechos iniciaron el 31 de agosto de 2025, cuando la víctima fue privada de su libertad al exterior de una tienda de abarrotes en el municipio de Guadalajara.
Un día después, el 1 de septiembre, el cuerpo de la víctima fue localizado en un canal de aguas ubicado en el municipio de El Salto.
“Dictámenes periciales establecieron que la causa de muerte de la víctima fue asfixia mecánica por estrangulación, presumiblemente durante el periodo en que la víctima permaneció privada de su libertad”, se indicó en el comunicado de la Fiscalía estatal.
Las indagatorias realizadas por la Vicefiscalía en Investigación Regional establecieron la presunta participación de tres personas en el crimen: dos hombres —uno de ellos bajo reclusión por delitos federales y otro que murió en Sinaloa—, además de la hoy imputada.
Emma Yesenia Rubí “N” fue detenida por elementos de la Policía de Investigación en la colonia Colinas de Huentitán. Tras ser puesta a disposición del Ministerio Público y posteriormente ante un juez de control, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal en su contra por el delito de feminicidio.
La Fiscalía de Jalisco detalló que mantendrá las investigaciones abiertas para lograr el total esclarecimiento de los hechos y garantizar que todos los responsables por el crimen reciban la sanción correspondiente.
Con información de López-Dóriga Digital
NACIONAL
Cita FGR a 50 funcionarios de Chihuahua por operativo en el que participaron agentes de la CIA
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que citó a declarar a alrededor de 50 funcionarios de Chihuahua como parte de las indagatorias por un operativo contra un narcolaboratorio en el que habrían participado presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), cuyo estatus y acreditaciones en México -reveló- también son investigados.
Mediante un mensaje en video, el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, advirtió que, de comprobarse la comisión de delitos en materia de seguridad nacional por la presencia de personas extranjeras en el estado —gobernado por la panista María Eugenia Campos—, se aplicará “todo el peso de la ley” contra quien resulte responsable.
“Asimismo, se han realizado requerimientos de ley, dirigidos a diversas autoridades, para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos, el conocimiento de esta circunstancia por parte de las autoridades del Gobierno de Chihuahua y las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo referido”, dijo.
También resaltó que serán recopilados los actos de investigación que permitan obtener datos de prueba que sean idóneos y pertinentes, con el fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades de las acciones realizadas en esa entidad.
“La única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias es la FGR”, destacó Ulises Lara, en un contexto en el que la gobernadora Maru Campos creó una comisión de investigación para investigar la participación de los agentes de la CIA.
El operativo tuvo lugar el pasado 18 de abril en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, para desmantelar un narcolaboratorio. Tras el operativo hubo un accidente carretero que resultó en la muerte de dos funcionarios de la entidad y dos ciudadanos estadounidenses, lo cual destapó la presencia de la CIA en el estado.
El hecho fue dado a conocer el 19 de abril por el entonces fiscal general del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, quien por el caso renunció al cargo el 27 de abril pasado.
Cabe señalar que la FGR abrió el pasado 29 de abril dos carpetas de investigación sobre el caso, una de ellas por el narcolaboratorio desmantelado en un operativo realizado los días 17 y 18 de abril, y la segunda por la presunta participación de elementos de la CIA en acciones antidrogas en colaboración con mandos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), por posibles delitos en materia de seguridad nacional.
Con información de La Jornada
NACIONAL
Sheinbaum detalla que Rocha Moya cuenta con seguridad tras pedir licencia como gobernador de Sinaloa
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con seguridad.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que esto se debe a la “consideración de riesgo de su persona”.
“Normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador, un gobernador con licencia, de cualquier estado de la República, de cualquier entidad, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al Gabinete de Seguridad apoyo en su seguridad”, dijo.
“Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad, y en este momento pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio Gabinete”, agregó.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó “licencia temporal” de su cargo tras la investigación que iniciará la Fiscalía General de la República (FGR) por las acusaciones de EE.UU. en su contra y de otros nueve funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico y posesión de armas.
En medio del sismo político entre ambos países, el gobernador morenista reiteró que los señalamientos en su contra son “falsas y dolosas acusaciones”.
En ese sentido, aseguró que tiene “la conciencia tranquila” y que es su “vida de trabajo” la que respalda sus afirmaciones.
Al igual que Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, otro de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de EE.UU., solicitó licencia provisional, por lo que Miriam Ramos Villarreal entró como sustituta del cargo.
Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.
También figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.
Con información de López-Dóriga Digital
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