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Fiscales de EU urgen proteger a testigos del caso García Luna

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La disputa sobre el manejo de millones de documentos y un desconocido número de testigos secretos que conforman la evidencia de los fiscales estadunidenses contra Genaro García Luna estaba este miércoles al centro de otra audiencia judicial preliminar para el eventual juicio del ex secretario de Seguridad Pública programado para iniciar el 24 de octubre de 2022.

“Este es un caso particularmente complejo”, afirmaron los fiscales ante el juez federal Brian Cogan, al señalar que el acusado “fue un funcionario de rango de gabinete” en México y por lo tanto requiere que las fuentes –incluyendo testigos mexicanos– y una parte del material sean protegidos bajo normas de seguridad nacional.

Pero César de Castro, el principal abogado de defensa de García Luna, argumentó que era sumamente difícil evaluar la evidencia. Indicó que la fiscalía ya ha compartido “millones de documentos” y que “la mayoría no hace referencia a García Luna”. Más aún, hasta ahora “no hay evidencia de criminalidad, ni vínculo con el narcotráfico” en todo este material. Señaló que su cliente “fue la cara del gobierno mexicano” en asuntos de inteligencia con Estados Unidos, y que “se había reunido con los niveles más altos del gobierno estadunidense, incluyendo el FBI y la CIA” cuando era secretario de Seguridad Pública, y por lo tanto eso complica evaluar la supuesta evidencia de los fiscales en este caso.

Más aún, argumentó que una demanda interpuesta por el gobierno mexicano contra García Luna y sus familiares y socios en Florida también está complicando este caso en Nueva York.

Por ahora este tema del manejo de la evidencia será evaluado por el juez Cogan y los fiscales durante los próximos meses y hoy no hubo determinación sobre el asunto.

Por otro lado, el juez Cogan, encargado del proceso judicial de García Luna en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, también postergó una decisión sobre la solicitud presentada por los fiscales para que el jurado que se instalará para el juicio de García Luna sea designado anónimo y parcialmente protegido –al igual que fue en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán ante el mismo juez Cogan.

Según el argumento por escrito de los fiscales, esta medida es necesaria para “proteger la integridad del juicio y la imparcialidad del jurado” al prevenir “hostigamiento, intimidación u otra interferencia” contra los integrantes del jurado, como también “mitigar cualquier temor en la mente” de estos. Agregan que el caso aborda cargos “excepcionalmente serios” y que el acusado “tiene una historia de interferencia con el proceso judicial” dando el ejemplo de su papel como alto funcionario de seguridad en apoyo del negocio del cártel de Sinaloa, y que tiene “los recursos para interferir con el proceso judicial”. A la vez, otro factor es el “escrutinio intenso de los medios” que ha atado este caso.

El acusado, presente físicamente en el tribunal este miércoles, escuchó el intercambio sobre su caso a lado de su abogado defensor. Más delgado y disminuido físicamente que cuando era funcionario, ingresó a la sala con su uniforme de reo color caqui, y después de responder al saludo del juez se mantuvo en silencio, y sólo al final volteó a saludar a alguien más en su equipo de defensa colocando su mano sobre su corazón en gesto de gratitud antes de salir acompañado por un alguacil federal.

García Luna está acusado en Estados Unidos de que entre 2001 y 2005, cuando encabezaba la Agencia Federal de Investigaciones, y de 2006 a 2012, como secretario de Seguridad Pública de México, “aceptó millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de otorgar protección para sus actividades de tráfico de drogas”. Los cargos incluyen participación en un negocio criminal, varios de conspiración para distribuir cocaína y hacer declaraciones falsas.

El procesado fue arrestado en Dallas por agentes federales el 9 de diciembre de 2019 y está encarcelado en Nueva York en espera de su juicio. El caso incluye la acusación a dos de sus ex subordinados, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, quienes son calificados como prófugos de la justicia de Estados Unidos.

El proceso continuará con otra audiencia preliminar programada para el 16 de febrero de 2022.

 

 

 

Con información de La Jornada.

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“No los ven humanos”: así es el único centro de detención para familias migrantes en EE.UU.

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Rejas, rostros tristes y una sola petición: “déjennos ir”. Así ilustra uno de los cinco hijos de Hayam El-Gamal su experiencia tras más de ocho meses recluidos en el único centro para familias migrantes que permanece en funcionamiento en Estados Unidos.

Las instalaciones, ubicadas en Dilley (Texas), a unos 130 kilómetros al sur de San Antonio, estuvieron cerradas durante varios años en el mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025) y fueron reabiertas por el Gobierno de Donald Trump como parte de su campaña para acelerar los arrestos y deportaciones de migrantes.

Más de mil 400 personas permanecen retenidas en Dilley, entre ellas unos 400 menores de edad, incluidos bebés aún en etapa de lactancia. Y viven en condiciones inadecuadas, agravadas ahora por un brote de sarampión, según denunciaron cuatro abogados que han representado o representan a migrantes en el centro.

“No hay atención médica real para migrantes”

Hayima Al-Gamal y sus cinco hijos, los menores dos gemelos de cinco años, fueron trasladados a Dilley, centro que gestiona el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras ser arrestados por las autoridades federales en Colorado en junio del año pasado.

El esposo de Hayima, Mohamed Sabry Soliman, está siendo acusado por el Gobierno de llevar a cabo un ataque contra un grupo de personas que participaban en una marcha pro-Israel en Colorado.

Hayima y sus abogados sostienen que la familia no tenía conocimiento sobre los planes de su marido, y un agente del FBI corroboró esto ante un tribunal federal.

En estos meses en detención, mientras sus abogados luchan por impedir que el Gobierno los deporte a Egipto y apruebe su solicitud de asilo, la familia ha vivido en carne propia la falta de atención médica adecuada en el centro, según relató Eric Lee, uno de sus abogados.

Uno de los hijos de Hayima, de 16 años, tuvo apendicitis y cuando pidió ayuda al personal, “retorciéndose del dolor”, “le dijeron que se tomara dos paracetamol”. No fue sino hasta que “casi se desmaya, se cayó al piso y comenzó a vomitar”, que lo llevaron de urgencia al hospital, relató Lee.

La experiencia de los El-Gamal concuerda con lo que Javier Hidalgo, abogado de la ONG RAÍCES Texas, que ofrece servicios legales a decenas familias detenidas en Dilley, ha escuchado de los detenidos.

“No hay ningún tipo de atención médica real”, aseguró Leal, “casi todos los niños presentan algún síntoma de enfermedad en algún momento, ya que el lugar es un verdadero foco de gérmenes”.

Después de confirmar dos infectados por sarampión, el Gobierno confinó el centro hace unos días. Desde entonces, aseguran los abogados, no ha habido mucha transparencia sobre la situación en el interior.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que el personal médico está “monitoreando” a los detenidos y tomando pasos necesarios “para prevenir que la infección avance”.

“Todos los detenidos están recibiendo el cuidado médico adecuado (…) esta es la mejor atención sanitaria que muchos extranjeros han recibido en toda su vida”, aseguró Tricia McLaughin, portavoz de DHS.

Leal expresó dudas sobre la voluntad o capacidad del Gobierno para confinar el centro por un periodo prolongado para contener la infección: “es algo que no hicieron ni siquiera durante la pandemia”.

 “Una cárcel para niños en EE.UU.”

El dibujo que los niños El-Gamal hicieron de la cárcel es un reflejo del impacto que la detención prolongada tiene en los menores de edad.

Un estudio publicado en 2025 en el British Journal of Psychiatry, que analizó los efectos de la detención migratoria en menores en varios países, reveló que el 42 % de los niños en estas condiciones sufren depresión.

Verónica Franco, abogada de inmigración basada en Houston, ha visto que los daños en la salud mental de los menores se mantienen incluso después de quedar en libertad.

Ella defendió a una familia nicaragüense, padre y madre y un menor de 7 años, que pasaron más de un mes en Dilley, después de ser detenidos en una cita de control anual con ICE en San Antonio y pese a tener una solicitud de asilo pendiente.

“La mayor parte de las veces, a estas personas no las ven como seres humanos”, relató.

Esto incluye la pérdida del proceso escolar en los menores, que, según los abogados, solo reciben un libro y un paquete “educativo” para hacer ejercicios diariamente, pero no acompañamiento de un profesor o profesora.

Y es que, la detención de menores migrantes en EE.UU. aumentó de forma pronunciada durante el primer año del Gobierno de Donald Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a 25 durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden.

“Creo que la frase: ‘hay una cárcel para niños en EE.UU.’ debería ser suficiente para (alarmar) a todo el mundo”, insistió Chris Goodman, abogado en la firma de Lee y representante también de la famlia El-Gamal.

 

 

 

Con información de EFE

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EE.UU. aprueba importar hasta 80 mil toneladas de carne de res extra de este año

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que permitirá la importación de un cupo adicional de 80 mil toneladas métricas de carne magra de Argentina en 2026 para garantizar el suministro de carne molida en el país.

En la orden, divulgada por la Casa Blanca, Trump sostiene que la medida que beneficia a Argentina se debe a que el suministro interno de carne magra de res “será insuficiente para satisfacer la demanda a precios razonables debido a un desastre natural (sequía e incendios) y a una perturbación grave del mercado nacional”.

Las 80 mil toneladas de carne de res magra asignadas a Argentina serán administradas por orden de llegada en cuatro tramos trimestrales de 20 mil toneladas métricas cada uno y el primer envío está previsto para el 13 de febrero próximo.

Con esta medida, Trump está modificando temporalmente el contingente arancelario de carne de res y busca estabilizar los precios en el mercado, luego de que este producto alcanzara precios récord a finales de 2025 de hasta 6.69 dólares por libra, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales.

Un día antes de anunciar esta medida, Estados Unidos y Argentina firmaron un acuerdo para eliminar aranceles recíprocos para más de 2 mil productos de ambos países de una diversa gama de sectores productivos.

El nuevo acuerdo exclusivo para la carne magra argentina sucede después de que en noviembre de 2025 el presidente argentino, Javier Milei, viajara a Miami para el America Bussines Forum, donde había adelantado que Trumpbeneficiaría al país suramericano con una cuota de importación de carne como muestra de la estrecha cooperación comercial entre ambos países.

El respaldo de Washington a Buenos Aires también se ha reflejado en el plano financiero, ya que el año pasado el Departamento del Tesoro de EE.UU. respaldó las gestiones del Gobierno de Milei ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos, en el marco de un esquema de asistencia que incluyó compromisos de financiamiento por unos 40.000 millones de dólares.

 

Con información de EFE.

 

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EE.UU. ataca otro buque en el Pacífico; mata a dos tripulantes

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EE.UU. realizó este jueves un ataque contra un buque supuestamente operado por organizaciones del narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, y dos tripulantes murieron durante la acción enmarcada dentro de la misión “Lanza del Sur”.

El Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses anunciaron el ataque letal con un vídeo publicado en sus redes sociales y confirmaron la muerte de las dos personas a quienes calificaron como “narcoterroristas”.

Al menos 119 personas han muerto, desde agosto de 2025, en ataques contra presuntos barcos cargados de drogas como parte de una campaña, denominada Operación Lanza del Sur, que según la administración Trump tiene como objetivo reducir el tráfico de narcóticos.

El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede en medio de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington ,quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidense en aguas internacionales iniciaron en el Caribe y fueron la previa a la intervención militar del 3 de enero con el que la Administración Trump detuvo a Nicolás Maduro en Caracas, para trasladarlo a una cárcel federal de Nueva York.

 

 

Con información de EFE

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