El accidente del jueves, donde han muerto 55 migrantes, dejó al descubierto el problema de seguridad de los traficantes de personas y el modus operandi de un negocio que cobra 60 mil pesos a cada persona que llega a México como antesala de Estados Unidos y enfrenta múltiples peligros.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indaga una red de traficantes de personas que usan camiones de carga para transportar migrantes centroamericanos principalmente por una ruta que inicia en Chiapas, pasa por Veracruz, Puebla y finalmente llega a Tamaulipas para tener como destino final Estados Unidos.
En tanto, en Veracruz, el director de la cámara del autotransporte de carga del estado informó a MILENIO que la mayoría de los tráileres que mueven migrantes son robados y clonados los rótulos y está investigando sobre Zeta Transportes. Hay documentos sobre la empresa veracruzana propietaria de la caja donde viajaban los extranjeros.
Solo en Tamaulipas, las fuerzas federales y estatales reportan haber detectado en lo que va del año, nueve tráileres donde se transportaban más de 700 personas con estancia ilegal en el país que presuntamente eran transportados a la frontera norte, con el objetivo de cruzar a los Estados Unidos. Las condiciones en las que viajaban los migrantes eran infrahumanas.
Seguridad Pública de Tamaulipas reconoce que ellos no han detectado estas unidades de carga en circulación, más bien han podido incautarlas cuando ingresan a las casas de seguridad para liberar a los migrantes. Mientras el PRI asegura que en México, el narcotráfico es el que se está haciendo cargo de la migración.
De acuerdo al subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía, hasta ahora se tienen abiertas mil 600 carpetas de investigación y una «cantidad considerable» de vinculaciones a proceso con lo que se ha logrado avanzar en vincular toda la estructura criminal.
«Desde el que pone los tractocamiones, el que pone las cajas, el que tiene las redes de enganchadores o coyotes o polleros hasta también identificar cuestiones de carácter financiero», puntualizó.
Para demostrar sus dichos, Mejía recapituló hechos pasados en donde se logró ubicar y detener tráileres que transportaban migrantes.
El 3 de diciembre la Guardia Nacional realizó la persecución a un tractocamión con caja refrigeradora en Tecamachalco, Puebla. El tractocamión volvo con placas 20AN3F acoplado a la caja 19UK1K transportaba a 205 centroamericanos entre ellos 8 menores de edad.
En esta acción el chofer de la unidad logró escapar pero se logró la detención y vinculación a proceso de un hombre que desde otro vehículo escoltaba al tráiler, mismo que intentó sobornar a los agentes de la Guardia Nacional que detuvieron el camión.
Otro hecho ocurrió en el punto de inspección Oyama que se ubica en los límites de Tamaulipas y Nuevo León. En ese sitio, cuando el vehículo de carga fue inspeccionado con Rayos Gama, se detectaron a 634 personas hacinadas.
Por este hecho, se tienen abiertas dos carpetas de investigación, una por detención en flagrancia en la que se vinculó a proceso a cuatro personas y otra por delincuencia organizada.
Empresarios de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Veracruz, demandan garantías y aplicación de la ley, para evitar tragedias como la ocurrida en Chiapas, en donde 55 migrantes murieron y un centenar más resultaron heridos, al chocar y volcarse un trailer en que viajaban.
Antonio Exsome Zapata, delegado de la CANACAR en Veracruz, señaló que la mayoría de los tráileres que han sido asegurados o abandonados con migrantes, eran unidades robadas y con rótulos clonados de empresas legalmente establecidas.
“Lo que hemos ya investigado es que son unidades robadas pero clonan la identidad de la unidad, consiguen logotipos, le pegan logotipos de empresas normalmente conocidas para que se pierdan entre las unidades que andan circulando, para que pasen un poco desapercibida… clonan las unidades robadas no del momento y le ponen logotipos de empresas que habitualmente hacen ese recorrido, eso también nos deja a nosotros indefensos y que no haya una legalidad”.
La Cámara pide garantías, pues es un delito transportar indocumentados, pero luego los mismos migrantes amenazan a los operadores, secuestran las unidades y las operan ellos. Destacan que no es lo mismo traer carga o peso muerto que una carga dinámica como las personas.
“Es un tema que nos deja en desventaja como empresario y las garantías que yo pido es que nos auxilien porque en algunas ocasiones la misma autoridad con tal de que liberen la vialidad de las carreteras nos piden que subamos a los migrantes a nuestros remolques…aunque sean 10, 15 o 20 kilómetros no son unidades para transportar personas sino unidades para transportar carga y esto deja en desventaja y pasar lo que sucedió ayer”, añadió.
Nota de Milenio
