Un vehículo con dos personas sin vida fue localizado en la carretera Parral a Jiménez en el municipio de Allende.

El auto de la marca Nissan, Altima, color guinda fue encontrado estacionado a un lado de la cinta asfaltica.

Al lugar llegaron agentes municipales de Valle de Allende y posteriormente llegó personal de la Fiscalía del Estado.

Hasta el momento se desconoce la identificación de las victimas y las causas de la muerte.

En cumplimiento a los compromisos de profesionalización y especialización, personal de la Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, recibieron capacitación sobre intervención básica en incendios y explosiones.

La capacitación fue impartida por el perito Luis Fernando Rodríguez, adscrito a la Fiscalía Zona Occidente, quien abordó temas inherentes al análisis pericial en escenas o situaciones en las que hubo presencia de fuego.

Asimismo, brindó una explicación detallada sobre los indicios y elementos que permiten determinar el origen y las causas de los incendios, así como las reacciones de los diversos combustibles y objetos inflamables.

Los Peritos participaron de manera dinámica en cada una de las sesiones, las cuales terminaron con una exposición práctica sobre la teoría del fuego, así como de la metodología pericial y forense.

La nueva causa penal les imputa un detrimento económico por más de 7 millones de pesos, en perjuicio de 31 personas

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo un auto de vinculación a proceso penal, dictado en contra de los imputados Diana Ivonne C. P., Sergio Armando G. C. y Óscar H. M., por los delitos de fraude y asociación delictuosa.

De acuerdo con la investigación ministerial de la nueva causa penal, los imputados se desempeñaban como directivos de la empresa inversora Aras Investment Bussines Group entre 2019 y 2021, cuando utilizaron la moral para captar recursos de las víctimas, mediante la simulación de planes de inversión, con la que provocaron un detrimento económico de 7 millones 6 mil 610 pesos, en perjuicio de 31 personas.

Tras analizar los datos de prueba y argumentos incriminatorios expuestos por el Ministerio Público, el Órgano Jurisdiccional conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica de los imputados y fijó un plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria.

Cabe mencionar que se dejó pendiente por definir la medida cautelar en la que los imputados enfrentarán su situación jurídica, debido a que en otra causa penal por hechos delictivos de similar naturaleza se encuentran vinculados a proceso bajo arraigo domiciliario.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).